El doctor Ángel Quintero Alfaro, secretario del entonces Departamento de Instrucción Pública, en una imagen de 1960.

Introducción

La educación puede definirse como un proceso de transmisión cultural que se da de una generación a otra. En las sociedades primitivas se efectúa a través de la convivencia, no de la escolaridad. A medida que las sociedades se hacen más complejas, junto al proceso educativo informal, se organizan de forma deliberada lo que modernamente conocemos como escuelas y universidades. Aunque desde 1948 Puerto Rico tomó las riendas de la educación formal, la evolución de ésta siempre ha estado matizada por los cuatro siglos de coloniaje bajo España y más de un siglo bajo por Estados Unidos, desde 1898. En la actualidad se discuten alternativas a la educación. Existen escuelas, universidades, seminarios, colegios, institutos técnicos y formas y espacios alternos de educación.

Primeros pasos bajo España

Bajo el régimen español, la educación estaba mayormente a cargo de la Iglesia Católica. Así, una de las primeras escuelas fue fundada hacia 1512 por el obispo Alonso Manso, como parte de la Iglesia Catedral. La segunda la fundó fray Antón de Montesinos en el Convento de los Frailes Dominicos para 1529; le siguió la del Convento de San Francisco en 1642. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se establecieron diversas escuelas en varios lugares de la isla. La escolaridad, esto es, el nivel de estudios aprobados de la población en general, sin embargo, era muy baja. El mariscal Alejandro O`Reilly, funcionario del gobierno español, al abandonar la isla en 1765 informó: “En toda la isla no hay más que dos escuelas de niños, que fuera de Puerto Rico (como se conocía la Isleta de San Juan) y la villa de San Germán pocos saben leer”. Aunque este juicio fue cuestionado en los siglos siguientes, no deja de reflejar el estado de baja escolaridad en la Isla.

En 1770, bajo la administración de Miguel de Muesas, comenzó el intento por establecer la escuela pública primaria gratuita, pero no fue la norma y la población que asistía a las escuelas era muy limitada. Hubo ejemplos de esfuerzos privados como los del maestro Rafael Cordero y su hermana Celestina, por crear escuelas para niños y niñas de pocos recursos.

El currículo y la orientación de la enseñanza hasta fines del siglo XVIII se asemejaban a los prevalecientes en España y el resto de Hispanoamérica: la educación religiosa absorbía buena parte de las clases. El resto se dedicaba a la enseñanza de la lectura, la escritura y algunas nociones de aritmética; los estudios humanísticos eran superficiales y los de carácter científico prácticamente inexistentes. La enseñanza se basaba en la memorización y no se promovía el espíritu crítico. La revolución educativa y el desarrollo de la escuela pública, que surgieron en el mundo occidental con la Ilustración, las nuevas corrientes liberales y el desarrollo de los estados nacionales para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, llegaron con retraso a Puerto Rico.

En 1832 abrió en San Juan el Colegio Seminario Conciliar, donde por primera vez se ofrecieron cursos de ciencias, además de los acostumbrados de gramática latina, teología, moral, derecho canónico y civil. Los egresados del Seminario podían continuar estudios universitarios en España e Hispanoamérica. En 1873, durante la breve Primera República Española, se fundó también en San Juan, el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, bajo la dirección de José Julián Acosta. Al caer la República en 1874, el Instituto cerró por considerarse demasiado liberal, pero reabrió sus puertas en 1882. A partir de 1890 el Instituto recibió fondos públicos. En 1880 se fundó el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, institución que impartiría enseñanza primaria y secundaria a las niñas de las familias pudientes de la isla.

En el siglo XIX se generó entre los criollos un gran interés por la educación y sobre todo se empezó a pedir la fundación de una universidad. Así lo evidencian las peticiones que hacen los cabildos a Ramón Power en las Instrucciones de 1810. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se agudizó la necesidad de establecer una institución de nivel universitario, pero los intentos fracasaron. A pesar de que hubo apoyo financiero, el gobierno español se negó por razones políticas, para que no se perdiera la isla, como había significado para España la liberación del resto de la América. En 1887 se llegó a un compromiso: los estudiantes puertorriqueños se matriculaban en la Universidad de La Habana, pero estudiaban en San Juan (en el Ateneo Puertorriqueño) con profesores de aquella universidad. Luego, viajaban a Cuba para examinarse. Los costos de trasladar a los profesores a San Juan fueron más altos que los recursos disponibles y al cabo de dos años se terminó el arreglo. El siglo terminó sin que se lograra el deseo de una universidad.

La preocupación por la educación también se dio en las autoridades coloniales. Este interés se manifestó en varios decretos orgánicos. El de 1880, el cual rigió hasta el final de la dominación española, organizaba el sistema de primera enseñanza tanto público como privado, bajo la supervisión del gobernador. Se proclamó la asistencia a la escuela como obligatoria para los niños entre los seis y nueve años. Sin embargo, esta reglamentación era más aparente que real, pues la escasez de escuelas, sobre todo en la zona rural, hacía la asistencia a clases casi imposible. Posteriormente, en 1891, se establecieron en San Juan dos escuelas normales, una para varones y otra para mujeres. Allí se preparaban los maestros de las escuelas primarias.

La situación del sistema escolar en 1898 se puede resumir en palabras del estudio del Consejo Superior de Enseñanza en 1958: “Al terminar la dominación española había en Puerto Rico 380 escuelas elementales para varones, 138 para hembras, 26 escuelas de enseñanza secundaria y una escuela de adultos. Había un total de 545 escuelas para una población escolar de 44,861. El analfabetismo alcanzaba entre 79 y 85 por ciento de la población total de la isla”. Para esa fecha había 810,394 habitantes, de los cuales 268,639 eran niños. Por tanto, solo el 16.7% asistía a la escuela.

Régimen estadounidense 

En 1898 Puerto Rico pasó de ser una colonia española a una colonia estadounidense. Al año siguiente, el gobierno militar clausuró las escuelas normales y el Instituto Civil de Segunda Enseñanza. Mediante una serie de decretos del gobierno militar, intentaron organizar la educación pública en la Isla al estilo de los sistemas existentes en Estados Unidos.

La primera ley orgánica bajo el nuevo régimen, la Ley Foraker en 1900, creó el Departamento de Instrucción Pública y el cargo de Comisionado de Instrucción. El nuevo régimen utilizó el sistema de educación pública como parte del programa de americanización.

En 1901, con el nombramiento del doctor Martín Brumbaugh como Comisionado de Instrucción, se iniciaron las bases del sistema educativo actual. Aunque tanto la organización del sistema escolar como el currículo, los propósitos y los recursos han tenido diversas alteraciones, las características que Brumbaugh y sus sucesores le imprimieron al sistema se han mantenido en muchos de sus aspectos fundamentales.

El sistema educativo puertorriqueño se diseñó de acuerdo con las siguientes tendencias:

1. La escuela pública se independizó totalmente de la tutela eclesiástica, según los principios de separación de la Iglesia y el Estado instituido por la Constitución de Estados Unidos.
2. Tanto la escuela primaria como secundaria se abrieron a todas las clases socioeconómicas y se eliminó cualquier discriminación por sexo.
3. Se organizó el sistema educativo conforme a los lineamientos del que regía en Estados Unidos.
4. Se desarrolló un sistema administrativo con una centralización casi absoluta. Durante los primeros años de la administración estadounidense, el Comisionado de Instrucción no solo dirigía las escuelas públicas, sino que presidía simultáneamente la Universidad de Puerto Rico y la Junta de Síndicos.

1. Se concibió la escuela como un instrumento para identificar culturalmente a la población puertorriqueña con la nación estadounidense. La enseñanza del idioma inglés no solamente adquirió una importancia especial dentro del currículo, sino que se procuró convertirlo en el vehículo lingüístico de toda la enseñanza.

Esta última decisión suscitó una polémica en el país. Desde 1912 la Asociación de Maestros de Puerto Rico se declaró a favor de la enseñanza de las diversas asignaturas en español. Esta polémica continuó hasta 1949, cuando bajo la incumbencia del comisionado de Instrucción, Mariano Villaronga (1946-1947 y 1949-1957), se adoptó el español como idioma oficial de enseñanza.

Los primeros comisionados nombrados por el presidente de Estados Unidos eran estadounidenses. A partir de 1921 comenzaron a nombrar comisionados puertorriqueños, entre ellos, Juan B. Huyke (1921-1929),  José Padín (1930-1936) y José M. Gallardo (1937-1945).

En su primera etapa el objetivo principal del sistema era hacer llegar la educación a la mayor parte de la población. Este intento se vio limitado por los pocos recursos económicos asignados a la educación, de modo que, aunque aumentó el porciento de asistencia de los estudiantes aun así el número de niños de bajos recursos que podía asistir a la escuela era muy limitado.

 

Cuadro 1: Totales de matrícula bajo el régimen estadounidense

Comisionado	Año escolar	En edad escolar	Asistencia documentada a la escuela	Por ciento de asistencia
Eaton	1899-1900	322,393	29,172	9%
Brumbaugh	1901-1902	328,200	59,872	18%
Lindsay	1903-04	335,630	58,636	17%
Falkner	1904-1907	346.775	66,645	19%
Dexter	1907-1912	372,046	142,971	38%
Bainter	1912-1915	393,328	160,354	41%
Miller	1915-1921	438,796	189,607	43%
Huyke	1921-1929	520,715	219.975	42%
Padín	1930-1936	566,321	256,352	42.5%
Gallardo	1937-1945	633,010	330,870	50.6%

Fuente: Osuna, 1949

En el ámbito universitario, en 1903, se fundó la Universidad de Puerto Rico, ésta surgió al trasladar a Río Piedras la Escuela Normal, que había sido creada en el 1900 para la preparación de maestros en el pueblo de Fajardo. En 1903, se aprobó una legislación para convertirla en un centro universitario.

Poco después se organizaron otros colegios como el Colegio de Agricultura, fundado en 1905, que en 1911 se trasladó a Mayagüez y se transformó en la cuna del Recinto Universitario de Mayagüez. Sin embargo, no fue hasta cinco décadas más tarde que se crearon los colegios regionales y la Escuela de Medicina mediante la Ley de 1966.

La primera institución privada de educación postsecundaria en este periodo se fundó en 1912. En esa fecha, la Escuela de Artes y Oficios fundada en Lajas seis años antes, se trasladó a San Germán y se convirtió en el Instituto Politécnico de Puerto Rico. En 1921 comenzó a ofrecer estudios universitarios (hoy se conoce como Universidad Interamericana). La expansión de la universidad privada surgió mucho más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial.

1948: Puerto Rico tomó las riendas 

Con el primer gobernador electo en 1948, Luis Muñoz Marín, Puerto Rico logró tener mayor control sobre el desarrollo del sistema de instrucción pública y universitario. En la década de 1950 bajo la dirección de Mariano Villaronga, el Departamento de Instrucción Pública dirigió sus esfuerzos principalmente a que todos los niños y niñas de edad escolar de nivel elemental asistieran a la escuela. En esta década se implantó el plan de expansión de las instalaciones educativas y se logró matricular el 54% de la población de edad escolar (el 93% entre las edades de 6 a 12 años, el 85% entre las edades de 13 a 15 años y el 50% entre las edades de 16 a 18 años). Para 1954 se matriculó a todos los niños y niñas de seis años en primer grado. Este aumento acelerado, sin los recursos docentes correspondientes, llevó a la necesidad de enfocar en la calidad de la educación que recibían los estudiantes ante las transformaciones del país. Se declaró entonces la década de 1960 como la Década de la Educación.

En este tiempo, bajo el liderato del doctor Ángel G. Quintero Alfaro, subsecretario del Departamento de Instrucción de 1961-1964 y secretario del 1965-1968, se desarrolló un innovador programa de escuelas ejemplares. El objetivo fue crear modelos escolares para impartir una educación de mayor calidad a una población numerosa. En esa misma década bajo la dirección de Cándido Oliveras (1961-1964) y Quintero Alfaro (1965-1968) se intentó descentralizar el Departamento de Instrucción bajo el mecanismo de la regionalización. En 1969, tras un cambio de gobierno, se detuvo el proceso de innovación y experimentación y se regresó a la estrategia de fortalecer el modelo tradicional de enseñanza. Sin embargo, se mantuvo el modelo administrativo de las regiones.

Bajo la administración de Quintero Alfaro, aumentaron significativamente los fondos federales en el Departamento de Instrucción Pública. Esto por la política estadounidense de la Guerra contra la Pobreza, que llevó a cabo el presidente Lyndon Johnson. Si bien bajo Quintero Alfaro estos recursos  se utilizaron para una agenda propia de reforma educativa, no ha sido así con la mayoría de los siguientes secretarios, que han seguido más bien la agenda federal.

En las décadas de 1970 y 1980 las reformas se dirigieron mayormente a atender la estructura administrativa y los procesos de toma de decisiones. Al surgir el bipartidismo y controlar el poder, la nómina del Departamento de Instrucción creció y este fenómeno impidió mejorar el sistema de educación masiva. Como se ha explicado anteriormente, estos procesos han estado centralizados en el Secretario de Educación, quien tradicionalmente responde al partido en el poder.

Una excepción a la corriente de atención prioritaria a la estructura administrativa fueron los esfuerzos que se hicieron en la década de 1970, bajo Celeste Benítez, y en la segunda mitad de 1980, con Awilda Aponte, dirigidos a la revisión total del currículo. Después de las elecciones de 1984, nuevamente los cambios en los secretarios trajeron variaciones en la política educativa.

En 1990 se aprobó la Ley 68 de Reforma Educativa, la cual presentaba una filosofía educativa y recomendaciones para que decisiones que se tomaban en el nivel central del sistema se decidieran en las escuelas. Con esta nueva ley cambió el nombre del Departamento de Instrucción Pública a Departamento de Educación. También se creó el Consejo General de Educación con el fin de evaluar, licenciar y acreditar tanto las escuelas públicas como las privadas.

En 1993, y luego en 1999, se enmendó la Ley 68 para crear las escuelas de la comunidad, como estrategia para descentralizar el sistema. En esa misma dirección surgió la Ley 149 del año 1999, que dispuso que el secretario era el único responsable de supervisar a los más de 1,600 directores de escuelas que había en ese momento en el sistema; algo casi imposible de realizar. Si bien es cierto que la intención de la ley se cifraba en otorgarle mayores poderes a la escuela, no es menos cierto que nunca se dio la preparación debida para así capacitar al personal que, finalmente, tendría a su cargo esta tarea. De hecho, el apresuramiento ante las inminentes elecciones del año 2000 provocó que, por decreto, el Departamento de Educación determinara que todas las escuelas de Puerto Rico se convertirían en “escuelas de la comunidad”, aunque la mayoría de ellas no estaba preparada para asumir esta autonomía.

Bajo las próximas administraciones, César Rey (2001 a 2004) y Rafael Aragunde (2005-2008) se fue restituyendo el papel de los superintendentes de escuela como supervisores de las escuelas de sus distritos. En 2007 el Departamento de Educación, en colaboración con organizaciones sin fines de lucro y universidades, inició el proyecto Agenda Sistémica de Transformación Escolar (ASTE) que interesaba explorar la estructura y funciones que debe tener el distrito para convertirse en agente de cambio y centro de apoyo para el mejoramiento de sus escuelas. El proyecto fue muy efectivo, pero nuevamente un cambio en administración abortó el proceso.

El periodo de 2001 al 2008 también se caracterizó por los esfuerzos en recuperar la confianza del gobierno federal, tras la decisión de congelar los fondos de apoyo a la educación en Puerto Rico. Decisión que se dio a partir del escándalo de usos indebidos de los fondos bajo la administración del secretario Víctor Fajardo.

En 2001 se aprobó a nivel federal la ley “No Child Left Behind”, la cual entre otras cosas contemplaba un sistema riguroso de rendimientos de cuentas, algo bastante rezagado en la cultura educativa y gubernamental de nuestro país. Se exigía que se establecieran pruebas estandarizadas, que se ofrecían anualmente, con consecuencias para las escuelas. Si la escuela por seis años consecutivos no cumplía los requisitos de aprovechamiento académico dispuestos por la ley federal, podía ser cerrada. Más tarde esta ley fue enmendada para flexibilizar sus disposiciones, pero las pruebas estandarizadas se continúan ofreciendo.

A nivel local, en 2001, se reconoció la estrategia Montessori como una posible práctica educativa en las escuelas públicas. Con el apoyo del Instituto Nueva Escuela (INE) a través de los años han aumentado las escuelas que han optado por el modelo Montessori público. Dado este aumento en el 2016 el secretario Rafael Román firmó la carta circular en la cual creó la Secretaria Auxiliar de Educación Montessori (SAEM). En 2018 el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley 277 para oficializar la SAEM.

Otro esfuerzo por buscar alternativas a la enseñanza regular se dio en el 2006 cuando el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, inauguró los Centros CASA como un mecanismo del gobierno para atender a los desertores escolares. Con esta iniciativa el Gobernador abrió un camino de alianzas del gobierno con iniciativas comunitarias y privadas de interés público. Un grupo de los Centros CASA, reunidos como la Alianza de Educación Alternativa ha sido muy exitoso consiguiendo que sobre 90% de sus estudiantes, los cuales eran desertores escolares, terminen su cuarto año. En el 2006 bajo la secretaría de Rafael Aragunde se estableció también el Sistema de Información Estudiantil (SIE), un paso importante en la dirección de mejorar una de las deficiencias señaladas consistentemente al Departamento de Educación, la falta de un sistema eficiente de recopilar, organizar e interpretar la información. Aun así, hasta el día de hoy (2021) la falta de datos confiables es una de las debilidades del Departamento de Educación.

Desde la década de 1990 se han realizado innumerables iniciativas para integrar la tecnología a la enseñanza. En el 2014 la Fundación SM presentó los resultados de su estudio “La Transformación de la Tecnología y su Impacto en la Escuela Puertorriqueña de Hoy”. Uno de los hallazgos del estudio indicó que la mayor parte de la integración de la tecnología se utilizó para seguir haciendo lo que ya se venía haciendo y no para generar una verdadera transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En el 2012 los estudiantes puertorriqueños por primera vez tomaron en forma experimental la Prueba PISA (Program of International Students Assesment). La muestra siguió los mismos parámetros que en otros países. Participaron 1,668 estudiantes de 15 años de 56 escuelas públicas y privadas. Los resultados de Puerto Rico fueron muy bajos al compararlos con otros países. En matemática Puerto Rico quedó en la posición 58 de 65 países, en ciencia ocupó el lugar 55 y en lectura fue el 53.

Cierre de escuelas

A partir de 2017 ante la disminución en la población escolar (vea Cuadro # 2) se comenzaron a cerrar varias escuelas (ver Cuadro #3). Esto trajo una serie de protestas de comunidades que perdían sus escuelas.

Cuadro 2:  Matrícula en el sistema público

Año	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Matrícula	379,818	365,181	346,096	307,282	292,518	276,413

Fuente: Departamento de Educación, https://de.pr.gov/

Cuadro 3: Escuelas operando en Puerto Rico

Año	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Número de escuelas	1,332	1292	1,109	857	857	858

Fuente: Departamento de Educación, https://de.pr.gov/

El 20 de septiembre de 2017 el huracán María azotó a Puerto Rico, dejando sin servicio eléctrico a la mayor parte de la población del país. Las primeras semanas luego del huracán, las escuelas –muchas de las que sirvieron como refugios– operaron como centros de apoyo a las comunidades, recibiendo artículos de primera necesidad.. Poco a poco, dependiendo de la planta física de cada institución, éstas fueron reabriendo dando inicio a las clases.

Al año siguiente se aprobó la Ley 85, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, que estableció las Escuelas Públicas Alianza a través de entidades especializadas sin fines de lucro. El estatuto –que derogó a la anterior Ley 149– también creó la Oficina Regional Educativa (ORE) para descentralizar los servicios, simplificando las tareas de la oficina central, pero alejando las decisiones académicas de las escuelas, al eliminar los distritos. La ley, además, estableció el Programa de Libre Selección de Escuelas y los Vales Educativos. La aprobación de las Escuelas Públicas Alianzas causó un gran debate en el país, pues se asociaban con las escuelas “charter”, que reciben fondos gubernamentales, pero son independientes del sistema educativo del estado, regidas por un contrato o carta constitutiva. Han sido muy criticadas en Estados Unidos y otros lugares al examinar su rendimiento, al tiempo que su operación en algunos casos se ha vinculado a malversación de fondos públicos.  Desde la década de 1990, en Puerto Rico  ha habido sectores importantes del magisterio que las han criticado por verlas como un puente hacia la privatización.

En marzo del 2020, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), se dio un cierre masivo de actividades presenciales en todas las escuelas de Puerto Rico y se puso en funciones la enseñanza a distancia a través de Internet. Las clases “online” propiciaron infinidad de problemas. Los mismos se fueron trabajando poco a poco, no obstante, hubo una pérdida en el tiempo lectivo de la gran mayoría de los estudiantes. En principio, la mayor parte del magisterio requería un mayor conocimiento y práctica en el uso de las tecnologías de información y comunicación antes de enfrentarse a las clases “online ” casi exclusivamente. Para atender esta necesidad se dieron talleres a los maestros y maestras. Pero como ocurre con la mayor parte de la tecnología no es hasta que se practica que se va adquiriendo la competencia. Por otro lado, muchos estudiantes, sobre todo los de bajos recursos, no tenían computadora y menos aún conexión de Internet en sus casas. Algunas escuelas resolvieron este problema facilitando a los estudiantes materiales impresos. El Departamento de Educación, por su parte, con los fondos que asignó el gobierno federal compró computadoras para los estudiantes que las necesitaban. Se trabajó también en aumentar la conectividad, pero hubo áreas que nunca la lograron. Todos estos problemas contribuyeron, como ocurrió a nivel internacional, a que el aprendizaje fuera menor que en la educación presencial. Es un hecho, que el usar los medios tecnológicos, tanto en el aprendizaje como en los trabajos, será una herramienta cada vez más empleada en el futuro. Capacidades que se necesitaron en la pandemia como la independencia al estudiar y la auto regulación, son destrezas esenciales para el aprendizaje continuo que requerirán gran parte de los trabajos del futuro. En este sentido la pandemia aportó a que gran parte del magisterio y de los estudiantes desarrollaran estas destrezas.

En agosto de 2021 casi todas las escuelas iniciaron clases presenciales, por lo menos dos días a la semana. De esa forma se propusieron lograr los objetivos educativos de aprendizaje con la combinación de clases presenciales y clases en línea.

Retos de hoy a nivel preuniversitario 

A pesar de los esfuerzos por mejorar los niveles de aprovechamiento y la calidad de la enseñanza, han existido por décadas algunos problemas que nos acompañan hasta el día de hoy:

• La falta de pertinencia del currículo
• La alta tasa de deserción escolar
• El rezago y desfase de la educación vocacional
• La falta de competencia gerencial que afecta el funcionamiento escolar

A estos problemas que han existido por décadas, se añaden en la época reciente:la pérdida de clases debido a los eventos del huracán María (2017), los terremotos en el sur de la Isla (2019 y 2020) y la pandemia del COVID-19. Estos eventos han implicado que un número considerable de estudiantes no estén al nivel de su grado. ¿Cómo lograr que lo alcancen? Es una pregunta que tenemos ante nosotros.

La Universidad de Puerto Rico (UPR)

En 1942 se aprobó una nueva Ley Universitaria que ofreció mayor autonomía a la Universidad de Puerto Rico (U), toda vez que reestructuró y creó nuevas facultades en el Recinto de Río Piedras. Con el estatuto se crearon también nuevos programas para servir al sector público: Trabajo Social, Administración Pública y Centro de Investigaciones Sociales. Todos con una política de desarrollo guiada por el gobierno del recién electo Partido Popular Democrático. A partir de la década de 1960 el sistema se amplió, tanto en el sector público como en el privado. La Ley de 1966 de la Universidad de Puerto Rico creó una nueva unidad, el Recinto de Ciencias Médicas. En el mismo se agrupó a las escuelas de Medicina, Odontología, Farmacia y otras dependencias relacionadas con los estudios y carreras en el campo de la salud. Esta legislación reconoció como Colegios Universitarios autónomos al Colegio de Cayey y  Humacao. También creó la Administración de Colegios Regionales, la cual regía seis colegios: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Ponce y Utuado. Los colegios se crearon con el objetivo de ofrecer carreras cortas para la preparación de técnicos y profesionales de gran demanda en la sociedad industrial moderna. Con el tiempo, sin embargo, la mayor parte de estos colegios se han transformado en colegios con planes de estudios de cuatro años, similares a las carreras que se ofrecen en Mayagüez y Río Piedras. Actualmente todas las unidades se han constituido en recintos, con participación paritaria en las decisiones del sistema.

Esta transformación ha originado una prolongada controversia, que se mantiene todavía, entre los partidarios de conservar los colegios regionales como una alternativa diferente orientada a las carreras tecnológicas de duración comparativamente breve, y aquellos que los conciben como instituciones semejantes a los recintos tradicionales. Tras esta polémica existe un debate mayor, que gira en torno a los propósitos y metas de la Universidad de Puerto Rico.

Organización y administración de la UPR

La ley que rige la Universidad de Puerto Rico fue aprobada en enero de 1966 y enmendada en 1993 y el 2013. La misma establece que la institución consistirá en un conjunto de dependencias (recintos y colegios autónomos) bajo la dirección de un rector(a) o director(a), respectivamente. La autoridad máxima la ejerce el presidente, responsable de la coordinación y dirección general de la universidad. El presidente comparte ambas tareas con la Junta Universitaria, un organismo deliberativo en el que tienen representación delegados de las diferentes unidades, tanto docentes como estudiantiles, así como los rectores y representantes de la presidencia. Las diferentes unidades cuentan con organismos análogos, las juntas administrativas y los senados académicos. Sus funciones son parecidas a la de la Junta Universitaria, y persiguen dar participación en la gestión administrativa a todos los integrantes de la comunidad universitaria.

En 1993, al enmendarse la Ley del 1966, se creó la Junta de Síndicos como la instancia más alta en la Universidad de Puerto Rico. Se otorgó al Consejo de Educación Superior la tarea de licenciar y acreditar las instituciones universitarias, tanto públicas como privadas. Las enmiendas también eliminaron la Administración de Colegios Regionales y concedieron autonomía a los diversos colegios. Así, actualmente la Universidad de Puerto Rico comprende los siguientes recintos: Río Piedras, Mayagüez, Ciencias Médicas, Cayey, Humacao, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Ponce y Utuado. En 2013 se volvió a enmendar la Ley del 1966 para sustituir la Junta de Síndicos por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está compuesta por 13 miembros, que conforme a la Ley de la Universidad son: un estudiante regular de bachillerato, un estudiante regular de un programa graduado de la UPR, dos profesores con nombramiento permanente en el sistema universitario, el Secretario de Educación, con carácter ex officio; un profesional con amplio conocimiento y experiencia en el campo de las finanzas, un residente de Puerto Rico que ha participado con distinción en el liderato social y comunitario; cinco residentes de Puerto Rico destacados en saberes artísticos, científicos y profesionales, y un ciudadano residente en Puerto Rico, vinculado a las comunidades puertorriqueñas en el exterior.  Además, en virtud de las disposiciones del Artículo 16 de la Ley Núm. 2 de 2017 conocida como Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el director ejecutivo de esa agencia, o su designado, es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR debido a que la institución es una entidad cubierta bajo la Ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), según determinación de la Junta de Supervisión Fiscal.

La Universidad de Puerto Rico a través de los años ha tenido cambios en la oferta académica. Se ha podido observar una reducción relativa en los programas de grado asociado, ejemplo de este fenómeno es que desde el 2002 no se aprueba ningún nuevo programa de grado asociado en la UPR. En el área de bachillerato ha seguido desarrollando programas en los campos académicos profesionales de mayor demanda, que según las proyecciones serán en ocupaciones relacionadas con administración de empresas, biología y otras ciencias básicas relacionadas a la salud, educación, ingeniería y psicología. En los últimos años también se han desarrollado algunos programas en línea.

La creciente dedicación a la investigación, en particular en sus tres recintos principales, refleja el movimiento hacia su inserción en el desarrollo de la nueva economía del conocimiento, en que la investigación y el desarrollo juegan un papel determinante. La coyuntura actual de establecer las bases para el desarrollo de una economía fundamentada en el conocimiento y la innovación plantea retos críticos a la educación superior, en particular a la UPR, la Universidad del Estado. A partir de la ley federal PROMESA el presupuesto que el gobierno asigna a la UPR se ha reducido sustancialmente (ver Cuadro #4).

Cuadro 4: Fondos asignados a la UPR por el Gobierno

Año Fiscal	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Fondos Asignados	833,929,000	631,210,000	587,136,000	501,102,000	501,102,000

Fuente: Plan Fiscal de la UPR, 2021, Junta de Gobierno de la UPR

Se ha argumentado que en la economía globalizada actual el factor estratégico es la producción y aplicación del conocimiento lo que requiere enormes inversiones de escala masiva en la infraestructura y el personal cualificado. Reducir la inversión en esa infraestructura, que en la actualidad se concentra en la UPR, redundará en el debilitamiento estructural de la economía. Por tanto, en estos momentos difíciles es preciso fortalecer las instituciones que pueden ayudar a construir un mejor futuro. La Universidad de Puerto Rico es sin duda una de estas instituciones.

Al igual que en el sistema educativo, la matrícula en la UPR ha ido disminuyendo en los últimos años (ver Cuadro # 5) como consecuencia directa de la reducción en el número de escolares. Entre los estudiantes también han disminuido los que se consideran alumnos tradicionales: los que acaban de graduarse de escuela superior y se dedican 100 % a los estudios. Por otro lado, han aumentado los estudiantes no tradicionales; personas que trabajan, adultos en ocasiones que vuelven a estudiar luego de trabajar, entre otras características. Esto ha llevado a que se repiense los servicios y la forma de ofrecer las clases. Por ejemplo, se han aumentado los programas en línea.

Cuadro # 5

Matrícula UPR

Año	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2013-14	2019-20	2020-21
Matrícula	63, 216	63,973	65,952	61,789	56, 683	57, 368	52,130	49,769

Fuente: División de Investigación y Planificación, Vicepresidencia de Asuntos Académicos, UPR

Al igual que en el sistema preuniversitario, en marzo del 2020 debido a la pandemia del COVID-19 se dio un cierre masivo de actividades presenciales en toda la UPR y se pasó a la enseñanza en línea. Esto requirió que la mayoría de los profesores tuvieran que aprender en una semana los procesos de enseñanza asistida por la tecnología. Un pequeño porciento de los profesores ya tenía ese conocimiento. En el caso de los estudiantes universitarios la gran mayoría tenía forma de conectarse. Al igual que en el sistema preuniversitario, a pesar de las dificultades de este cambio abrupto, la experiencia le ha brindado, tanto a los profesores como a los estudiantes, la oportunidad de conocer herramientas que le apoyarán en su futuro.

Instituciones privadas de educación superior

(Calce: El Instituto Politécnico de Puerto Rico, en la foto, fue la primera institución educativa privada fundada en el país. Esa fue la base de la historia de la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Foto de http://sg.inter.edu/historia-del-recinto/).

A mediados de la década de 1960, con las subvenciones de los costos de matrícula y estipendios de la beca Pell, las universidades privadas comenzaron a expandirse y a superar a la Universidad de Puerto Rico en la matrícula estudiantil. En 2004, la matrícula en las entidades privadas era cerca de dos terceras partes de la matrícula total a nivel universitario. Entre el 2003 al 2004 había 206,791 estudiantes matriculados en centros de educación superior: 74, 056 en el sector público y 132,735 en el sector privado.

Las universidades privadas se han mantenido en casi el mismo número de unidades en los últimos cinco años, pero se han extendido a otras áreas geográficas, mediante el establecimiento de centros universitarios dependientes de estas unidades. De esta forma la plataforma institucional ha crecido más allá del área metropolitana y ciudades intermedias, hacia pueblos en el interior del país. Con esta extensión geográfica ha aumentado el número de programas, la mayoría siendo repeticiones de ofrecimientos en los centros de extensión de los recintos subsidiarios de universidades existentes.

Una modalidad incipiente de plataforma institucional es la colaboración entre universidades privadas para ofrecer un programa en forma conjunta, en que cada institución ofrece uno de los componentes, como los cursos de educación general y el otro los cursos de especialidad o técnica. Otra modalidad en crecimiento es la oferta de programas en forma presencial por universidades privadas en Estados Unidos en colaboración con las universidades privadas de Puerto Rico. Estos programas son en áreas profesionales de posgrado, como Farmacia y Administración de Empresas. Actualmente, hay tres instituciones de EE.UU. con programas de extensión en Puerto Rico.

Las universidades privadas han tomado la vanguardia en la enseñanza en línea.

Desafíos de la educación postsecundaria

Puerto Rico está entre los países del mundo con mayor grado de escolaridad; sin embargo, tiene uno de los niveles más altos de desempleo. Esto plantea la necesidad de reflexionar sobre qué cambios se deben dar en el sistema de educación superior para apoyar la creación de empleos. La necesidad de cambio que enfrentan las instituciones de educación superior en Puerto Rico no es nueva ni única. Estudios realizados por el American Council on Education, la UNESCO y el Informe Universidad 2000 de España, plantean la necesidad de que la institución universitaria transforme importantes aspectos de su quehacer para atender las nuevas realidades del mundo actual. A pesar de ciertas diferencias, hay situaciones y problemas que comparten la mayor parte de las universidades. Por ejemplo:

• Una expansión en el número de estudiantes y docentes a la vez que disminuyen los fondos públicos en términos reales para la educación superior.
  La rigidez de las estructuras académicas disciplinarias.
• La necesidad de procesos de evaluación institucional.
• La difícil relación con el mundo de la producción y las exigencias de la sociedad.

Una de las estrategias para asumir estos desafíos es la colaboración entre las universidades, entre éstas y el gobierno y la empresa privada. Actualmente, existe una excesiva fragmentación, dispersión de recursos y competencias inefectivas. “El papel (del Gobierno) promotor de iniciativas conjuntas o concertadas es el más adecuado para canalizar la coordinación del conjunto de instituciones de educación superior, y lograr la complementariedad de sus respectivos recursos” (Irizarry, 2002). Muchas de las áreas que presentan alternativas para el futuro desarrollo económico requieren enfoques interdisciplinarios. Corrientemente las universidades con mayor fortaleza en las diversas disciplinas son diferentes, se requiere entonces, la colaboración de éstas para desarrollar las áreas interdisciplinarias de mayor posibilidad. Se debe dar también una colaboración entre las universidades y el gobierno en la investigación, en la acción sobre alternativas para resolver los problemas del país y con la empresa privada, en el desarrollo de procesos y recursos competitivos de producción.

Otros escenarios educativos

Usualmente se asocia la educación con las escuelas y las universidades, sin embargo, existen múltiples instituciones que educan, por ejemplo: los museos, las bibliotecas y los medios de comunicación. Muchas de estas instituciones han desarrollado programas educativos de gran interés. Uno de los retos para las universidades y escuelas puertorriqueñas es cómo ampliar las alianzas con estas instituciones.

Conclusión

Este recuento histórico muestra cómo el sistema educativo, a nivel preuniversitario y universitario, ha ido cambiando su énfasis atendiendo fuerzas internas, como cambios en filosofía educativa, así como fuerzas externas que implican las necesidades sociales, económicas y culturales del país. Así, por ejemplo, en 1770 ante el bajo nivel de estudios aprobados de la población general se comenzó el intento por establecer la escuela pública primaria gratuita. A partir de ese momento el énfasis del sistema público fue ampliar la educación a toda la población.

No es hasta 1954 que se logró este objetivo al alcanzar la incorporación universal en el primer grado. En la década de 1960, habiendo conseguido que todo estudiante de edad escolar tuviese la posibilidad de ir a la escuela, los esfuerzos del sistema se dirigieron a mejorar la calidad de la educación. Dado los continuos cambios en las realidades socioeconómicas y culturales este objetivo nunca pierde vigencia. Ante la nueva economía del conocimiento se requiere que se revisen los currículos y métodos de enseñanza de modo que el estudiante aprenda con sentido, esté en un proceso de continuo aprendizaje y conozca y domine la tecnología de la información.

Al aprender con sentido y juicio crítico surgen preguntas, inquietudes e intereses que cruzan las disciplinas tradicionales. De hecho, la mayor parte de las preguntas y temas de interés de los estudiantes se dan en áreas que integran varias disciplinas. Así pues, es necesario revisar las categorías que organizan nuestro currículo y la forma en que se ofrece. Por ejemplo, el estudio de las disciplinas debe ser parte del currículo escolar, pero no debe ser el primer encuentro del estudiante con el conocimiento. Reconociendo esta realidad, el marco curricular del estado de Maine (EE.UU.) en 1990 en lugar de organizar el currículo de escuela elemental en las disciplinas tradicionales: Idiomas, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales; organizó el mismo en las siguientes categorías:

• Promover el desarrollo saludable de la sociedad, del ambiente y las relaciones entre sociedades
• Comunicación
•  Razonamiento y resolución de problemas
•  La historia de la humanidad y sus creaciones

Es necesario repensar las categorías con las cuales se está organizado el currículo de manera tal que estimulen el aprendizaje con sentido, de igual forma es imperativo revisar las estrategias de enseñanza reconociendo la diversidad de estudiantes para elaborar una pluralidad de acercamientos, de acuerdo con sus capacidades y talentos, con el fin de que todos logren adquirir los conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para integrarse en forma efectiva en la sociedad. Esto requiere que se fortalezcan áreas que actualmente no reciben la atención que merecen, por ejemplo, el desarrollo socioemocional.

En el nivel universitario también es necesario actualizar las áreas de estudios, los contenidos y los enfoques didácticos ante la nueva economía y las realidades de nuestra sociedad. Se requiere una preparación para el aprendizaje continuo para adquirir las destrezas necesarias para cambios de ocupación que cada día aumentan en la realidad laboral, la capacidad de innovación, el trabajo colaborativo y el conocimiento de las herramientas tecnológicas. El desarrollo de estas capacidades conlleva programas curriculares flexibles y diversos, con componentes de educación general fortalecidos al desarrollarse en forma más integrada con la especialidad. Se requiere atender las necesidades de un estudiantado cada día más diverso; las bajas tasas de graduación de bachillerato evidencian las interrogantes sobre la capacidad de las instituciones universitarias en atender las necesidades de los y las estudiantes.

La institución educativa en todas sus vertientes preuniversitaria y universitaria necesita un proceso de continua revisión teniendo presente los cambios en las realidades sociales, económicas, tecnológicas y culturales en nuestro país y en el mundo.

 

Referencias

Administración Central Universidad de Puerto Rico. “Plan Fiscal de la UPR”, 2021, Junta de Gobierno de la UPR.

O’Reilly, Alejandro. “Relación circunstanciada del actual estado de la población, los frutos y proporciones para fomento que tiene la isla de San Juan de Puerto-Rico, con algunas ocurrencias sobre los medios conducentes á ello, formada para noticia de S. M. y de sus Ministros, por el Mariscal de Campo D. Alexandro O’Reyllly, y de resulta de la visita general que acaba de hacer en la espresada Isla, para evacuar las comisiones que se ha dignado fiar á su celo la piedad del Rey”, 1765, en Alejandro Tapia y Rivera, compilador. Biblioteca histórica de Puerto Rico, 1854. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970.

Osuna, Juan José. A History of Education in Puerto Rico. Versión ampliada de su tesis doctoral. Esta publicación es original de 1949.  New York: Arno Press, 1975.

Irizarry, R.L.  “La educación superior en un mercado orientado por el interés social, dirigido a escenarios futuros” en Rafael Aragunde. Primer fascículo de estudios de Educación Superior. Universidad de Puerto Rico en Cayey, 2002.

Ochoa Espinosa, Margaret M. “El reto del sistema público de enseñanza: con o sin escuelas chárter”.  https://revistajuridica.uprrp.edu/inrev/index.php/2019/02/14/el-reto-del-sistema-publico-de-ensenanza-con-o-sin-escuelas-charter/. Consultada 26 de abril de 2022.

Noticel. “Así funciona una escuela charter”, 6 de febrero de 2018. https://www.noticel.com/educacion/ahora/top-stories/20180208/asi-funciona-una-escuela-charter/.  Consultado 26 de abril de 2022.