En los últimos años, los conflictos relacionados con el ambiente han capturado la atención de los medios de comunicación. Hasta hace poco, los protagonistas o afectados de estas disputas pro­venían de poblaciones en desventaja económica. Sin embargo, el grito de inconformidad de las comuni­dades pobres se ha extendido a todos los sectores sociales frente a proyectos y propuestas de uso que amenazan seriamente la calidad de vida.

El territorio y todo lo que se ubica en él esta sien­do sometido a una presión inmensa para dar paso a usos en los que sus proponentes intentan imponer sus intereses particulares. Las reglamentaciones vigentes, que debieran ordenar la competencia, ceden ante quienes mayor poder e influencia poseen. En el fondo, se trata del choque entre dos visiones sobre como y hacia donde debe­mos desarrollar el País.

Hasta hace poco, prevalecía la noción del carácter infinito de los recursos naturales. Su explotación, por tanto, no consideraba su agotamiento ni el impacto a los sistemas naturales. No obstante, siendo la realidad el verdugo implacable de quienes pretenden distorsionarla o divorciarse de ella, acon­tecimientos recientes, han llevado a reconocer que las actividades del ser humano pueden traer la destruc­ción de la naturaleza. La alteración de esos equilibrios provoca costos sociales y económicos muy graves y hay muchísimos ejemplos de ellos. El más dramático es el calentamiento del planeta cuyas manifestaciones en nuestra región apuntan a un aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes y en la ele­vación del nivel del mar.

Ya hoy no se pueden proponer planes de desarrollo que hagan abstracción de las condiciones de la geo­grafía natural, de su mejor aprovechamiento y de la necesaria protección de su integridad. Hacerlo, equi­vale a sacrificar el futuro, en desconocimiento volun­tario de las consecuencias. Reincidir en la visión que menoscaba la importancia de los recursos naturales es la ruta segura al subdesarrollo.

El desarrollo sostenible, concepto acunado con el propósito de integrar el crecimiento económico, la protección de los ecosistemas y la equidad social, se presenta como el marco conceptual para avanzar en el diseño de una nueva visión. Sin embargo, las iniciativas dirigidas a la formulación de políticas y reglamentacio­nes efectivas, en el marco de un desarrollo sostenible, quedan frustradas casi siempre ante la fuerte resis­tencia de sectores económicos que ven amenazadas las condiciones que les permiten obtener sustanciales ganancias. Ha prevalecido, principalmente, el afán de lucro desmedido y la ambición de ganancias inmedia­tas. Son los intereses, de esos sectores económicos, los que determinan la política pública sobre el uso del suelo y son ellos los que abogan por que se eliminen las limitaciones en el uso y manejo de los recursos na­turales del país durante los procesos de planificación. Este sector es, también, el que aspira a tener mano libre para intervenir con nuestro territorio nacional en menoscabo de los sistemas naturales, del balance ecológico y el bienestar de futuras generaciones de puertorriqueños.

Mientras tanto, vemos que el gobierno impulsa proyectos “turísticos” que en realidad son urbaniza­ciones de lujo; los terrenos agrícolas se venden para dar paso al monocultivo del cemento; los bienes de dominio público, particularmente la zona maríti­mo-terrestre, se le usurpa a los puertorriqueños y las playas se privatizan. Y sobre las comunidades pobres pende la amenaza constante del desalojo para entregar sus espacios a la construcción de la opulencia, eufemísticamente denominada como “desarrollo”. Finalmente, la gestión pública termina siendo dominada por una visión a corto plazo como horizonte temporal, y se frustra la planificación, que por definición, parte del presente para proyectarse a un futuro deseado.

Afortunadamente, en Puerto Rico se ha cobrado conciencia del mal uso y manejo de nuestra infraestructura natural. Ante los ojos de miles de puertorri­queños es insostenible mantener el actual patrón de uso de nuestro territorio sin que se multipliquen los conflictos y se pongan en mayor riesgo los sistemas naturales. Sencillamente, no es posible desarrollar el País, destruyéndolo.

Por tanto, se impone revisar y cambiar el modelo económico hacia uno que reconozca el carácter finito de nuestra extensión territorial, la alta densidad po­blacional que en ella se ubica y la necesidad, por tanto, de hacer un uso óptimo de nuestros recursos, tanto los naturales como los producidos por el desarrollo.
Lo anterior implica, redesarrollar y reciclar las áreas urbanas existentes y salvar los suelos agrícolas y de alto valor natural de la presión voraz que representan las extensas construcciones residenciales, alejadas cada vez más de los centros urbanos y para las cuales el automóvil se convierte en la única forma de traslado.

La transportación colectiva tiene que ser la prioridad y la manera principal de llevar al ciudadano de su resi­dencia a sus centros de trabajo, estudio o servicios.

En toda la infraestructura ya construida o en su expansión se debe procurar el uso óptimo; al país no se le puede construir un segundo piso para acomodar más kilómetros de carreteras o para construir más embalses o plantas de generación de energía.

Es indispensable que tomemos estas medidas si queremos mantener y ampliar las actividades turís­ticas y maximizar su potencial económico. Proteger nuestros paisajes naturales y transformar nuestras ciudades, es crucial para que Puerto Rico, como des­tino, pueda competir en un mercado donde cada país busca una mayor participación y donde el perfil del turista apunta a una mayor educación y sensibilidad hacia los asuntos ecológicos.

Es urgente el cambio de visión y el diseño e im­plantación de un modelo de desarrollo que reconoz­ca los atributos y limitaciones de nuestra geografía natural y los cambios globales que se anticipan, como por ejemplo, el calentamiento del planeta. Ese modelo requerirá la participación de todos los que habitan el archipiélago borincano y debe promover entendimientos donde será necesario construir vías de consenso y espacios transparentes y democráticos. Esto no será fácil, porque se trata de ponernos de acuerdo y avanzar en temas económicos, am­bientales y sociales, pero también en temas políticos. Pero la agenda para formular esa visión esta abierta y atenderla es ya inevitable.

José E. Rivera Santana
Economista especializado en asuntos ambientales