El reciente debate político y jurídico en Estados Unidos sobre el reclamo de la administración actual para disponer, sin restricción alguna, de los llamados combatientes enemigos es emblemático de lo que ha venido a ser uno de los conflictos cen­trales en el mundo hoy: la tensión entre los derechos humanos y la seguridad del Estado.

Esta contraposición de libertad y seguridad no es tema nuevo en tanto tiene una raíz profunda en las contradicciones estructurales del Estado de Derecho. Desde el momento en que irrumpe la mo­dernidad bajo el manto del credo democrático-ilus­trado hace más de dos siglos, el mundo occidental ha vivido momentos de expansión de instituciones libres interrumpidos por episodios de retraimiento. Auschwitz, Dresden, Guernica e Hiroshima signifi­can momentos terribles, lo que Hannah Arendt ha llamado tiempos de oscuridad; asimismo, términos como Estado de Excepción, Ley Marcial y Suspensión de Garantías delatan prácticas autoritarias montadas sobre imperativos de orden y seguridad.

Pero también hemos disfrutado momentos enal­tecedores de expansión de libertades. En Estados Unidos, por ejemplo, los años terribles del macar­tismo al comienzo de la guerra fría fueron seguidos, afortunadamente, por décadas de fortalecimiento y ampliación de libertades resultando en un ambiente de particular optimismo.

Fueron los años de la Corte de Warren, el movi­miento por los Derechos Civiles, la oposición a la Guerra de Vietnam y el comienzo de iniciativas am­bientalistas.

Los eventos del 11 de septiembre de 2001, en tanto han exacerbado un sentido de vulnerabilidad en comunidades que hasta entonces se sentían in­munes a la violencia de los conflictos globales, pa­recen haber introducido en Estados Unidos un clima oscurantista, de sentimientos nacionalistas, abyectos y paranoicos, que ven en el otro un enemigo implaca­ble y sub-humano.

En la medida en que se percibe que ese otro se empeña en hacerles la guerra por medio del terroris­mo, se intenta justificar la construcción de un muro físico y político, amplio y masivo, que no excluye la violencia de Estado (pre-emptive war) y la deroga­ción, en la práctica de libertades constitucionales. La mala fortuna de que esos dramáticos eventos coinci­dieran con un régimen conservador en la Casa Blanca, inclinado al simplismo nacionalista cuasi-fundamen­talista, propició la articulación de una política pública que prioriza la seguridad, por cualquier medio, sobre las tradiciones liberales de derechos ciudadanos y valores humanistas.

Por suerte, la reserva liberal de la cultura estadouni­dense ha propulsado una oposición masiva a esa nueva política oficial que reduce todo a la imperiosa categoría de national security, bajo el manto de la Guerra contra el terrorismo. Sectores amplios y diversos, que incluyen numerosos representantes de la clase políti­ca, cuestionan día a día la validez de esa postura, en tanto contradice la política estadounidense tradicional, su tradición diplomática y fundamentos de la argu­mentación oficial, poniendo al descubierto sus rasgos manipuladores y el poco respeto que muestran ante las instituciones venerables del ethos estadouniden­se.

Central en esta contraofensiva liberal, retomada por el liderato demócrata, es el argumento de que la seguridad real se monta sobre la distensión y no por medio de barreras despóticas de exclusión y violencia de Estado. En otras palabras, el aparente conflicto en­tre libertad y seguridad es ilusorio; se trata tan solo de un recurso discursivo justificador de políticas bélicas, que se monta sobre la irracionalidad del miedo (miedo al otro, al terrorista) para legitimar el retraimiento de libertades tradicionales y la ejecución de una política externa de agresión y tensión.

Los valores que encumbran la solidaridad, la paz, las libertades humanas y los derechos individuales, obligan a lamentar y oponerse a la política oficial de la administración actual. Una política que arremete contra tradiciones liberales y promueve, bajo la retórica de la seguridad y la Guerra contra el terrorismo, un clima de tensión global poco conducente a la paz, la prosperi­dad y la justicia. Debemos aplaudir, por lo tanto, la de­cisión reciente del Tribunal Supremo reafirmando, una vez más, que la autoridad, el poder, no esta exento de cumplir la ley; ni siquiera el Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas. El Estado de Derecho, aunque este atravesado por prácticas de excepción, es esencial para la supervivencia de la libertad, por lo que no es permisible derogar derechos y garantías ciuda­danas. Hacerlo es violar la naturaleza de los sistemas democráticos. El fracaso de los objetivos explícitos de la guerra de Irak y la consecuente caída vertiginosa del apoyo popular a la política del gobierno, resultó en un triunfo electoral el pasado mes de noviembre que presagian un cambio de rumbo de esa política estatal. Ante el creciente imperativo de la seguridad debemos celebrar con fuerza de espíritu el simple y digno recurso del voto popular.

Estado y soberanía

Hay dos interpretaciones de la relación entre Estado y soberanía. Una entiende que no puede existir un Estado sin soberanía por que la naturaleza del Estado reside en su condición de soberano. El término Estado Soberano, bajo esta interpretación, es una redundancia. Por lo tanto, un territorio colonial, donde la soberanía reside en el Estado que lo posee no puede ser, por definición, un Estado. Cuando la metrópolis le conceda a un territorio sobre el cual ejerce soberanía el derecho de organizar su gobierno interno, ésta pasa a ser una colonial auto-administrada.

Otra teoría, sin embargo, reconoce que un territorio poseído por otro, debido a conquista o consentimiento, puede estar constituido en un Estado, aunque éste no cuente con el reconocimiento formal de su soberanía por parte de la metrópolis. La condición de Estado se monta, entre otros, sobre el derecho formalmente reconocido a organizar su gobierno interno, a legislar sobre asuntos locales, a establecer su propio sistema de sucesión de poder, a cobrar impuestos y disponer de sus rentas, a establecer y administrar políticas públicas y sistemas de servicios sociales, y a implantar sus propias estructuras jurídicas. Las limitaciones de soberanía, reales y formales, no deslegitiman al Estado sino que definen sus límites.

De acuerdo a esta interpretación, un Estado independiente se denomina Estado Soberano cuando retiene todos los poderes políticos y no reconoce ninguna autoridad superior. Cuando un Estado soberano comprende una nación, se denomina Estado Nacional o Estado Nación. Todo Estado, sin embargo, tiene la potestad de ceder componentes, mediante tratados, acuerdos de unión o federación y, en casos más extremos, de su incorporación a otro Estado. (En los Estados democráticos estas decisiones deben ser refrendadas por la comunidad).

Poder

Las personas e instituciones que llevan a cabo la función estabilizadora de asegurar que las normas se cumplan, mientras velan por el bienestar de la poli, son las que ostentan el poder político. El concepto de poder, entendido como autoridad sobre otros, es central para la vida política y, por lo tanto, muchas de las normas que reglamenta el proceso político tienen que ver con la manera en que se ejerce., se distribuye y se transfiere el poder; es decir, como ésta se organiza, se interpela y se perpetúa mediante un sistema de sucesión. El gobierno, por la autoridad que le confiere ser el administrador del Estado, ejerce poder sobre la comunidad. De ahí que las luchas políticas por el control del gobierne se denominen luchas de poder.

España: Estado de transición

Aunque España ha sido con cortas excepciones un Estado centralizado por más de quinientos años, las tensiones creadas por la realidad plurinacional al concluir la dictadura franquista en 1976, forzaron la concesión de autonomías regionales que a su vez fueron ratificadas en la Constitución de 1978. Hoy en día no han cesado los reclamos de mayor autonomía y se habla de una posible reconstitución del Estado español en una nueva federación o confederación, que valide las otras “naciones soberanas” que conviven en la península, como Euskadi, Cataluña, Valencia, Asturias y Galicia.

Victor D`ors