Los grandes cambios sociales y económicos del siglo XXI han transformado las relaciones entre hombres y mujeres. La educación, el empleo y el avance en los derechos de las mujeres han fomentado familias nucleares más reducidas. A ello se añade la migración hacia áreas urbanas y EE.UU., que, acelera­da por la decadencia agrícola, dispersó a las familias y debilitó los lazos de apoyo entre éstas y sus comu­nidades. La transición ha resultado también en rup­turas conyugales y aumentos en la jefatura familiar femenina, mientras el envejecimiento de la población ha planteado la necesidad de crear nuevas formas de apoyo entre generaciones. Es importante reconocer, junto a otras formas de convivencia, esta tendencia a la diversidad de vínculos familiares.

En un ambiente que promueve la demanda de empleo femenino en industrias intensivas de mano de obra y la vivienda independiente, el empleo de las mujeres aumentó del 20 % en 1950 al 30 % en 2000, permitiendo que muchas familias pudieran vivir sobre el nivel de pobreza. En muchos casos, el ingreso fe­menino era el único sostén de la familia.

La necesidad de trabajar fuera del hogar se hizo más evidente ante el descenso de oportunidades de empleo para los hombres, que se redujo de 70 % en 1950 a menos del 50 % en el 2000.

La equiparación educativa entre hombres y muje­res contribuyó a aumentar la proporción del empleo femenino. Las mujeres llegaron a representar sobre el 60% de la matrícula universitaria en la década de 1980, por lo que ya para los noventa no sorprendió que superaran a los hombres en la ostentación de grados universitarios. Las mujeres se incorporaban, no sólo a carreras tradicionalmente consideradas femeninas, como el magisterio, sino a profesiones predominantemente masculinas, como la ingeniería.

Entre las mujeres de estratos socioeconómicos más bajos, el acceso a la vivienda y otros servicios públicos también ofrecía algunos medios de subsis­tencia familiar. Las presiones de la subsistencia para unas y las expectativas de mejorar las condiciones económicas para otras, propiciaron la formación de familias menos numerosas. Mediante la esteri­lización, la píldora anticonceptiva, el aborto y otros métodos de control de natalidad, la tasa total de fe­cundidad, que en 1950 era superior a cinco hijos(as) por mujer, se redujo en los noventa a dos hijos(as) por mujer.

Por su parte, los cambios jurídicos reflejaban las luchas de las mujeres por la igualdad de derechos. Al reconocimiento del derecho al voto (1936) y la pro­hibición del discrimen por razón de sexo en nuestra Constitución en 1952, se añadieron cambios en la legislación equiparando los derechos de los cónyu­ges, reforzando la igualdad de géneros en el ámbito laboral y estableciendo medidas para lidiar con el hostigamiento sexual y la violencia en la relación de pareja.

Las transformaciones sociales y legales han promovido relaciones de pareja más equitativas, sobre todo en las familias en que ambos cónyuges comparten responsabilidades económicas. Pueden compartirse las decisiones en cuanto a repro­ducción, crianza o presupuesto, y se tornan más inaceptables las prohibiciones absolutas y los com­portamientos violentos por parte de los hombres.

Sin embargo, permanecen algunas desigualdades que generan tensiones en las relaciones familiares. Por ejemplo, siguen habiendo más hombres que mujeres en la fuerza laboral, y éstas se concentran en puestos con salarios inferiores, padeciendo todavía riesgos de acoso personal y sexual. Por su parte, muchas familias mantienen condiciones de inequidad entre géneros, incluyendo la responsabilidad por la crianza y el trabajo doméstico que sigue en manos de las mujeres. Estas tensiones se entrelazan con los pro­blemas económicos y sociales imperantes en nues­tra sociedad, como el desempleo, las presiones de jornadas cotidianas cada vez más prolongadas y el temor a la criminalidad, los cuales dificultan las redes de apoyo familiar y las relaciones de pareja más armoniosas.

La transición de las relaciones de género ha sido el contexto del aumento en rupturas con patrones familiares tradicionales. La resistencia por parte de los hombres a establecer relaciones de mayor equi­dad con las mujeres puede resultar en conflictos en las parejas, mientras los avances en la autonomía de las mujeres permiten que éstas tengan más oportunidades de separarse en casos en que consideren que las relaciones son negativas para ellas. En Puerto Rico han incrementado de forma dramática los divorcios, hasta alcanzar más de 5 por cada 10 matrimonios ocurridos en 2002. A su vez, las mujeres divorciadas, quienes quedan, todavía con mayor frecuencia que los hombres, como responsables del hogar, suelen constituirse en jefas de familia. Las familias encabezadas por mujeres aumentaron de 16% a casi un 27% entre 1970 y 2000, viviendo condiciones de desigual­dad en el mercado laboral que las hacen más propensas a la pobreza.

El aumento en la expectativa de vida de nuestra población, superior entre las mujeres que entre los hombres, promovió alteraciones adicionales en nuestras familias en periodos más recientes. Menos propensas a nuevos matrimonios que los viudos, las mujeres mayores de 65 años que sobreviven a sus parejas se unen a otras jefas de familia o encuentran otros arreglos familiares, donde muchas quedan al cuidado de nietos y nietas. Por su parte, la generación de edad mediana, sobre todo las mujeres, debe apoyar a las generaciones mayores, mientras retiene responsabilidades hacia sus propios(as) hijos(as). A estas transformaciones, habría que añadir las parejas consensuales homosexuales y hetero­sexuales, redes entre amistades y otros patrones de convivencia que también se hacen más visibles en nuestro país. Se trata, pues, de una diversidad de familias en transición que debemos reconocer y apoyar en nuestras prácticas y políticas sociales para propiciar espacios de apoyo mutuo y vínculos de intimidad más equitativos en Puerto Rico.

Alice Colón Warren
Centro de Investigación Sociales
Universidad de Pierto Rico- Río Piedras