En Puerto Rico, se suele hacer referencia al término crimen como sinónimo de delito, es decir, aquel acto u omisión que desde el punto de vista jurídico implica una violación de ley penal. Se entiende por criminalidad el conjunto de conductas delictivas cometidas en un tiempo y espacio determinados. No obs­tante, desde el punto de vista criminológi­co, partir exclusivamente de la definición legal de crimen (delito) plantea dificulta­des. Una de ellas es que tanto el concepto de crimen como el de criminalidad exclu­yen otros actos de violación a los derechos humanos que no son tipificados por ley como delitos. Estos incluyen prácticas dis­criminatorias de exclusión en los sectores públicos y privados, al igual que crímenes de estado, como el carpeteo por razones políticas y el maltrato a prisioneros con fines investigativos.

Las estadísticas del crimen

Por lo general para conocer la realidad de la incidencia criminal en Puerto Rico se usa tan solo del análisis estadístico de los denominados delitos Tipo I. La Policía de Puerto Rico recopila datos y los organiza de acuerdo al sistema de clasificación de las categorías delictivas del Negociado Fe­deral de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). En este sistema se clasifican los delitos en dos rubros principales: Delitos Tipo I (asesinato y homicidio, robo, violación, agresión agravada, escalamiento, apropiación ilegal y hurto de auto) y Delitos Tipo II (arrestos por los demás violaciones). Esto quiere decir que los informes oficiales sobre la criminalidad se limitan a esos sie­te delitos graves y no reconocen los otros, los del Tipo II. Esta práctica general existió desde la década del treinta.

En el año 2000, sin embargo, se comen­zó a implantar un nuevo sistema de clasi­ficación e información para la incidencia delictiva en el país: el Sistema Nacional de Información Basado en Incidentes (NIBRS, por sus siglas en inglés). Ahora la Policía de Puerto Rico cuenta con la Oficina de Estadísticas de la Criminalidad, cuya función principal es administrar, recopilar, analizar, revisar, registrar y controlar los datos estadísticos basados en los informes de incidentes sometidos. Este nuevo sistema incluye 41 categorías, 31 de ellas en Delitos Tipo I y 10 en Delitos Tipo II, de las cuales algunas no se usaban como indicadores de criminalidad en décadas pasadas. Un estudio publicado por la Ofi­cina de Asuntos de la Juventud en 2002 señala que “estos cambios han producido disloques informativos difíciles de enten­der, los cuales no concuerdan con la percepción pública sobre el crimen”.

 

La realidad de la incidencia delictiva 

 

La tabla adjunta resume el crecimiento de la incidencia delictiva en Puerto Rico, por décadas, desde 1960 al 1980. En ella vemos que para el 1960, Puerto Rico tenía una po­blación de 2,359,800 habitantes y registró una incidencia criminal de 33,272 delitos Tipo I. Esto reflejó una tasa de 1,410 even­tos delictivos por cada 100,000 habitantes. De ellos, 19.4% fueron delitos de violencia personal y el 80.6% delitos contra la propie­dad. En ese momento histórico, uno de cada 71 habitantes en la Isla estaba en riesgo de convertirse en víctimas del crimen.

Para 1970 la población había aumen­tado a 2,712,033 habitantes y la inciden­cia delictiva a 66,470 delitos Tipo I, con una tasa de 2,451 delitos Tipo I por cada 100,000 habitantes. Los delitos de violen­cia personal aumentaron a 21.3% y uno de cada 40 habitantes estaba en riesgo de ser víctima de delito.

Para 1980, las estadísticas reflejaron un aumento constante en la criminalidad (Tabla 2). La población aumento a 3, 196,520 habitantes y la incidencia criminal mostró un in­cremento de cerca de un 50% hasta alcanzar la cifra de 92,180 delitos Tipo I, con 2,884 delitos Tipo I por cada 100,000 habitantes y en un incremento de 400 delitos Tipo I por cada 100,000 habitantes. El estudio publica­do por la Oficina de Asuntos de la Juventud cuestionó que para 1980 se informara que la proporción de delitos de violencia personal se había reducido a 18.3% del total, cuando no había explicación confiable sobre esta reducción. El estudio advierte que el nivel de riesgo fue de una víctima de delitos Tipo I por cada 35 habitantes. La década de 1980 se caracterizó por un incremento en los de­litos vinculados con el narcotráfico, la proli­feración de armas de fuego y un aumento en las tasas de asesinatos y robos.

En 1990, con una población de 3, 522,037 habitantes, se reportó una inciden­cia criminal de 124,371 delitos Tipo I, lo que representa un aumento de casi 50%. La tasa de criminalidad para ese año fue de 3,531 delitos Tipo I por cada 100,000 habitantes, es decir, un incremento en tasa de casi 700 delitos Tipo I. La proporción de delitos de violencia personal aumentó a 24.1% y el nivel de riesgo vino a ser de una víctima por cada 29 habitantes. En 1992, la incidencia de delitos reportados alcanzó una cifra sin pre­cedentes: 128,874, con una tasa de 3,600 delitos Tipo I por 100,000 habitantes. A partir de 1994, se comenzó a informar una reducción en los delitos Tipo I. Sin em­bargo, tales datos han sido cuestionados, especial­mente a raíz de denuncias respecto a la manipulación de las estadísticas del crimen por parte de la Policía de Puerto Rico, sobre todo a partir de mediados de la década de 1990.

En el año 2000, se reportó una incidencia criminal de 75,379 delitos Tipo I, un 40% in­ferior a las cifras del año 1990. Esto, a pesar de que se había evidenciado un crecimiento en la población de la Isla en un 8.1%. En el 2002 se reflejó un aumento en la incidencia, pero a partir del año 2003 la Policía de Puer­to Rico informa una ligera reducción en los delitos Tipo I.

De todas las estadísticas sociales, las estadísticas sobre la criminalidad son las menos confiables pues, además de la po­sible manipulación, existe lo que se conoce como la cifra oculta del crimen, esto es, el volumen de delitos que no llegan al cono­cimiento de las autoridades o que no se re­gistran oficialmente. Muchas violaciones a las leyes penales no se detectan; a veces se detectan pero no se reportan y otras, se de­tectan y se reportan pero las autoridades no toman acción al respecto. Además, las esta­dísticas oficiales del crimen suelen informar la denominada criminalidad convencional y excluir la no convencional como los delitos de cuello blanco, crímenes corporativos y la criminalidad transnacional, entre otros.

 

Delincuencia entre la población de jóvenes

 

Más allá de las estadísticas reportadas, los analistas de la materia criminológica en la Isla señalan que la sociedad puertorriqueña se ha ido criminalizando en forma acelerada y alarmante. Además, los actos delictivos son cada vez más violentos. Cada vez hay más personas jóvenes victimarias y víctimas.

Por ejemplo, un estudio realizado por el Centro para la Prevención de la Violencia Juvenil Hispana de la Universidad de Puerto Rico reveló que el homicidio fue la primera causa de muerte en Puerto Rico para jó­venes entre las edades de 15 a 29 años. El estudio publicado el 7 de abril de 2006 en el Morbility and Mortality Weekly Report del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) partió del análisis de certificados de defunciones y cubrió el periodo de 1999 a 2003. De los 3,613 homicidios en Puerto Rico, 2,303, (64%) ocurrieron entre personas menores de 30 años. De estos ho­micidios, 2,148 (93%) de las víctimas eran varones. El aumento entre jóvenes de 15 a 29 años de edad fue de 49.8 homicidios en 1999 a 54.1 en el 2003 por cada 100,000 personas de ese grupo. La mayoría de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. (Ver Grafica 4.) El estudio concluye que entre 1990 y 1999, el riesgo de muerte por homicidio en la Isla era uno de los más altos en el mundo, con una tasa de 23.2% muertes por homicidio por cada 100,000 habitantes, en contraste con la tasa mundial de 10.7% por cada 100,000 habitantes.

En Estados Unidos, la tasa de muertes por homicidio para el grupo de 15 a 29 años se redujo de 21.6 en 1993 a 13.4 en el 2003 por cada 100,000 habitantes. Es la segunda causa de muerte entre esas edades en ese país, mientras que en Puerto Rico constituye la primera causa para este sector de la población.

 

Distribución geográfica de delitos de violencia 

 

Tradicionalmente, la incidencia delictiva en la Isla ha sido mayor en los seis municipios que constituyen el área Metropolitana: San Juan, Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto. Esa tendencia parece estar cambiando en la década presente. A principios de los noventas el 60% de los asesinatos se producía en el área Metropolitana. Aunque San Juan y Ponce son los municipios con mayor número de asesinatos al año, Loíza y Cataño son los de tasas más elevadas. Los municipios con mayores tasas se concentran en el área Metro, Este y Sur.

La distribución de la violencia en Puerto Rico parece muy dispar, en comparación con otros países. Mien­tras el municipio de Loíza presenta tasas de homicidio muy superiores a las de Colombia; Las Marías, Camuy o Lajas se sitúan por debajo de las tasas de países como Costa Rica y al nivel de Portugal. (Ver Grafica 2.)

¿Criminalidad real o criminalidad aparente?

Aunque las autoridades policíacas han señalado que la incidencia delictiva en Puerto Rico se ha reducido en los últimos años, la veracidad de las estadísticas oficiales del crimen debe ser cuestionada. Hay que tomar en cuenta también que persiste la desinfor­mación respecto a un tipo de actividad criminal, la denominada violencia institucional (la ejercida por el Estado a través de cualquiera de sus agencias o representantes) y la violencia institucionalizada (el maltrato de menores, mujeres, personas de edad avanzada e indocumentados, entre otros). Las estadísticas del crimen excluyen, además, los llamados crímenes de cuello blanco y la corrupción administrativa en las altas esferas gubernamentales y empresariales particularmente a partir de la década de los noventa. Aún así, la incidencia delictiva en Puerto Rico sigue siendo una de las más altas del mundo.

Lina Torres
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad del Sagrado Corazón