Portada Puerto Rico en el mundo

Estados Unidos emerge como país, como nación, bajo el signo del liberalismo. Los valores de la ilustración europea que maduran durante el siglo XVIII, sirvieron de base ideológica para la lucha de independencia contra la monarquía inglesa y más tarde para diseñar la constitución que habría de crear las instituciones políticas y normas de convivencia del nuevo Estado Nacional. La cultura política del país, por lo tanto, privilegia desde su génesis el valor de la libertad del ciudadano (derechos inalienables del individuo ante el Estado), la separación de Iglesia y Estado y el sistema democrático de gobierno. Al mismo tiempo desconfía del poder, incluyendo sus formas más abyectas: el imperialismo (poder de un país sobre otro) y la tiranía (poder del Estado sobre los individuos). Al mismo tiempo, esa cultura política establece, tal y como lo dicta la sensibilidad liberal decimonónica, que lo político no se extiende a las otras áreas autónomas de la sociedad, como son: la economía, la cultura, la educación y la religión.

El país también nació bajo la égida del federalismo; es decir, de la descentralización del poder político. Por eso su primera carta orgánica fueron los Artículos de Confederación, bajo los cuales cada territorio (las antiguas trece colonias) retenían amplios poderes so­beranos, tales coma el derecho a mantener su propio ejército y acuñar su propia moneda.

Pero los imperativos de una economía pujante que requería normas comunes de interrelación comercial, para que prevaleciera un clima de estabilidad y confiabilidad, generó fuerzas políticas que buscaban ma­tizar los valores federativos con un gobierno central que garantizara un trato igual a todas las partes. El resultado fue la derogación de los Artículos de Con­federación y la aprobación de la Constitución Federal que rige hasta nuestros días.

Estados Unidos de América

La tendencia hacia la centralización no tuvo un camino fácil. Algunos estados federados que habían mantenido viva la institución de la esclavitud, al ver amenazada su influencia política en los asuntos del Estado, optaron por aplicar su derecho, como estados soberanos, de salirse de la Unión federada y crear su propia Confederación. El gobierno central no aceptó que existía tal derecho, argumentó que el Estado, una vez formado, era indivisible y se desató una Guerra Civil entre las partes. La Unión prevaleció sobre la nueva
Confederación y desde entonces es norma que cuando un territorio se incorpora a la Unión cede su soberanía total al Estado Federado y por lo tato no puede dar paso atrás sin importar las circunstancias. La Unión estadounidense es hoy, de facto y de jure, indivisible.

Con la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos obtiene territorios ultramarinos y se convierte en una potencia mundial que rivaliza a los Estados europeos más ricos y avanzados. Al mismo tiempo continúa la tendencia política centralista que habrá de llegar a su ápice de organización y prestigio bajo las reformas del Nuevo Trato con el presidente Franklyn Roosevelt.

Pero el surgimiento definitivo de Estados Unidos como super-potencia mundial ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra concluye con el lanzamiento de dos bombas atómicas por la única nación que posee ese armamento, señal inequívo­ca de poderío militar, de fuerza política. En esos años, en la conferencia de Bretton Woods, se había acordado un nuevo sistema económico mundial que favorecía enormemente los intereses de Estados Uni­dos, al fijarse el dólar como la moneda de cambio entre naciones con un valor fijo de $35.00 por onza de oro. Esto creó una demanda mundial por dólares sin precedentes, abriendo el camino a inversiones de empresas estadounidenses por todo el globo.

En poco tiempo, sin embargo, el monopolio ató­mico fue quebrado por la Unión de Repúblicas So­cialistas Soviéticas (URSS) y emerge la rivalidad inter­nacional entre ambos Estados, que dando inicio a la Guerra Fría que habría de durar cuatro décadas. Esta rivalidad produjo un mundo bipolar en el que prácticamente todas las naciones se afiliaron con una de las dos grandes potencias. Aquellos países que optaron por no alinearse con ninguno de los dos bandos se denominaron Países no Alineados.

Eventualmente, al inicio de la década de 1990, la URSS colapsó como Estado, desintegrándose en Repúblicas independientes, siendo Rusia la más do­minante entre ellas. Estados Unidos emerge entonces como única súper-potencia, en un mundo de reagru­pamientos en que han surgido nuevas configuracio­nes de poder a nivel regional, mucho más diversas y complejas que en tiempos de la Guerra Fría.

El dominio mundial de Estados Unidos no se debe únicamente al colapso de la Unión Soviética. Incide también el lugar preponderante de su economía, su incomparable poderío militar y el papel asumido, para beneficio de la economía globalizada, de regente policial mundial. No es de extrañar que la ciudad de Nueva York, el Centro financiero del país haya logrado la designación de Capital del Siglo XX.

Pero EEUU también enfrenta problemas que han afectado su prestigio mundial y reducido su poder hegemónico. Vale mencionar, en lo económico, el colapso a principios de los años 70 del sistema mo­netario creado en Bretton Woods; y en lo político, la derrota en Vietnam primero y poco más tarde el es­cándalo de Watergate. Estos eventos causaron, en el pueblo estadounidense, una relativa desmoralización y pérdida de confianza en sus instituciones políticas y administrativas. Todo esto se ha agravado en años más recientes, al cerrarse la distancia económica de la República Popular China y perfilarse ésta como rival potencial a mediado plazo.

A la fecha, Estados Unidos conserva una enorme autoridad mundial, a pesar de cierto debilitamiento político, acompañado de la mencionada pérdida de prestigio e influencia. Es de notar que la agenda es­tadounidense, especialmente a raíz del ataque del 11 de septiembre de 2001, ha estado ocupada por el asunto del terrorismo. La respuesta a este evento fue la invasión a Afganistán por considerar que el régimen Talibán afgano albergaba a los autores del ataque a las Torres Gemelas. También incluyó la in­vasión de Irak, país liderado por un antiguo aliado de Estados Unidos: Saddam Hussein.

La invasión a Irak estuvo plagada de controversias y fue motivo de protestas masivas en muchas de las grandes capitales del mundo. Estados Unidos no pudo convencer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de darle su apoyo y se lanzó a la aventura invasora tan solo con el respaldo del Reino Unido, España (entonces bajo un gobierno de derecha) y un grupo de pequeñas naciones. Este respaldo multina­cional (el presidente Bush le llamaba The Coalition) se ha disuelto con el tiempo, en tanto la situación en Irak se deteriora. Tras una débil oposición por parte del régimen de Hussein, se desató una resistencia interna y externa que ha degenerado en un conflicto sectario entre los distintos grupos islámicos del país. El con­flicto no es religioso sino político y mantiene al país al borde de una guerra civil. El ejército estadounidense no ha podido estabilizar el país ni detener el creciente número de bajas en sus filas. Este desgaste, junto al deficiente manejo de los efectos del huracán Katrina en el 2005, que destruyó la ciudad de New Orleans, ha reducido considerablemente la popularidad del régimen Bush-Cheney.

Además de esto, ha habido grandes controversias a nivel mundial por revelaciones de abusos y viola­ciones de los derechos humanos de personas sospechosas de tener vínculos con el terrorismo, tanto en las cárceles de Irak bajo la custodia del ejército de Estados Unidos como en otros lugares estratégicos como la Base de Guantánamo.

Las controversias relacionadas a la guerra en Irak se han mezclado a Puerto Rico con las controversias sobre el asunto del estatus político. Pero otros temas de la política estadounidense que se desbordan sobre las circunstancias y debates en Puerto Rico, son los asuntos de la migración, el aborto y el matrimonio de parejas homosexuales.

La migración siempre ha sido tema privilegiado en Puerto Rico desde la implantación del régimen estado­unidense en 1898. Uno de los beneficios de la relación política con EEUU, asumidos por grandes extensiones de nuestra población, ha sido el ir y venir de individuos y familias a centros urbanos en ese país. Lo que Luis Rafael Sánchez ha llamado, la guagua aérea. El tema candente en Estados Unidos hoy, sin embargo, no es la migración puertorriqueña porque esta tiene una escala de escasas consecuencias. Sin embargo, la reciente expansión de la inmigración mexicana, gran parte de ella ilegal, que se calcula alcanza los 25 millones de personas, se ha convertido en un asunto controver­tible. No hay duda que esa migración produce bene­ficios para ambos países. Los mexicanos en Estados Unidos suplen mano de obra barata mientras que los mexicanos residentes en Estados Unidos envían a sus familias en México miles de millones de dólares. Se ha calculado, por ejemplo, que la actividad económica más importante del estado de Jalisco, en el occidente de México, corresponde a las transferencias de fondos de los emigrantes.

Un sector importante de Estados Unidos no perci­be la relación con los inmigrantes mexicanos como mutuamente beneficiosa. Algunos grupos de derecha argumentan que el hecho de que la inmigración sea ilegal tiene un efecto corruptor sobre el orden social que no se debe permitir y sí castigar severamente.Otros se enfocan más en el aspecto del gasto públi­co, poniendo énfasis en el costo que la provisión de servicios sociales, sobre todo en las áreas de salud y educación, le impone a las comunidades locales. Estas quejas han provocado en el Congreso interés por una nueva legislación que reglamente el asunto. Algunas de las propuestas legislativas que incorporan la perspectiva conservadora, han provocado protestas masivas por parte de los inmigrantes y otros grupos de estadounidenses que valoran los efectos positivos de la inmigración, invocando la tradición libertaria de acoger a los necesitados. Después de todo, insisten los que abogan por esta sensibilidad liberal, Estados Unidos es un país de inmigrantes.

El resultado de esta polémica ha exacerbado un debate cultural que los sectores de derecha llaman guerra cultural. Grupos importantes argumentan que los inmigrantes hispanos son una amenaza a la homogeneidad e integridad de la cultura estadouni­dense, porque los grupos migratorios más recientes, incluyendo los mexicanos, buscan mantener su cul­tura oriunda dentro de Estados Unidos, resistiendo con éxito las presiones de la asimilación. El efecto cultural, insisten, es la desintegración de la nación. Una de las estrategias más sonadas para atenuar esa tendencia pluralista, ha sido la de impulsar el inglés como único idioma oficial del país. El presidente Bush ha anunciado que el dominio del inglés será un re­quisito para la eventual legalización de inmigrantes, al igual que para la prestación de servicios sociales. Se plantea aquí, una vez más, la tensión entre dere­chos humanos inalienables y los derechos civiles que concede el Estado. Otra estrategia es la ya aprobada construcción de un enorme muro fronterizo entre México y Estados Unidos, acompañado de una agre­siva política policíaca contra los inmigrantes hispanos ilegales.

Otros asuntos centrales de la agenda pública actual son el aborto y el matrimonio entre homosexuales. El aborto ha sido motivo de controversia por décadas. Realmente el debate no gira en torno al aborto en sí. Nadie, de los que han participado en el debate público, ha argumentado que el aborto es un bien en sí mismo. Lo que se defiende es la libertad de la mujer para decidir todo lo que concierne a su cuerpo, incluyendo si debe o no abortar. También se propone el derecho a incidir sobre las circunstancias bajo las cuales esta libertad se debe ejercer. La disputa se ha ubicado con fuerza en el espectro ideológico del país: la derecha secular y religiosa favorece la prohibición universal del aborto y los grupos progresistas defien­den la posibilidad de decidir.

Cuando recientemente el presidente Bush nominó dos candidatos conservadores como jueces del Tri­bunal Supremo, el debate sobre su confirmación en el Senado giró en buena medida en torno al caso Roe vs. Wade.

Los jueces fueron confirmados por el Senado y se espera una lluvia de nuevos casos relacionados con el aborto. En tanto las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos aplican a Puerto Rico, el resultado de la controversia habrá de tener implicaciones inme­diatas sobre nuestra política social.

El tema de la libertad de las mujeres para decidir sobre los asuntos de su cuerpo, se ha relacionado en Estados Unidos con el movimiento de liberación fe­menina. Este asunto, a su vez, se ha extendido al problema de la libertad de género y a la lucha por la igualdad de derechos de los homosexuales.

El asunto del matrimonio entre homosexuales toca dos asuntos por separado. El primero tiene que ver con las protecciones legales que al día de hoy el Estado le reconoce tan solo a los matrimonios heterosexuales; éstas tienen que ver con cuestiones de herencia, de­rechos de propiedad, autorizaciones médicas, entre otras. Solo en pocos países como por ejemplo Bélgica, estas protecciones han sido extendidas a parejas que viven fuera del matrimonio, incluyendo parejas de ho­mosexuales. Pero en Estados Unidos y Puerto Rico no es así. De esta exclusión de derechos surge el reclamo de equidad para los homosexuales que conviven en pareja, mediante la extensión de la institución del matrimonio.

Pero la institución del matrimonio tiene también un aspecto simbólico muy poderoso que dota a las relaciones de pareja de un áurea de legitimidad. La derecha tradicional entiende que las relaciones ho­mosexuales no deben ser normalizadas por el Estado porque no son naturales. El matrimonio, en tanto traza su origen a la necesidad de institucionalizar la reproducción humana y, por tanto, la continuidad del grupo social, no puede ser extendido a relaciones que, por naturaleza, no pueden procrear. Hacerlo así, es debilitar la Institución del matrimonio que es la que sostiene, de por sí, a la familia como núcleo social fundamental. A esta posición como es de es­perar, se unen versiones fundamentalistas que ni se molestan en esgrimir argumentos locos y se limitan a repetir, usualmente desde los púlpitos, supuestos principios bíblicos.

Pero hay un sector de centroderecha que si reco­noce la condición de exclusión y discrimen contra los homosexuales, pero su esquema correctivo no inclu­ye la extensión de la institución del matrimonio, por considerarlo innecesario. Este sector argumenta que el Estado puede legislar para hacer extensivo a las parejas homosexuales todos los derechos que la ley le concede al matrimonio. No hace falta, por lo tanto, legalizar el matrimonio en si misma. En la medida en que el valor simbólico del matrimonio se fundamenta en el proceso reproductivo y constituye, por lo tanto, un fundamento social, extender el matrimonio de esa forma tendría el efecto de debilitar la institución social y cultural más importante de nuestra civilización. La igualdad de derechos, se puede lograr por me­dios legales sin tener que llegar al extremo de diluir el valor simbólico del matrimonio.

Los proponentes del matrimonio homosexual ar­gumentan, sin embargo, que la extensión de ese valor simbólico a parejas de homosexuales representa un proceso, en tanto reemplaza normas retrógradas de exclusión. El problema no es tan solo de derechos legales, sino de una puesta al día, un enriquecimiento, de nuestros valores culturales.

Las controversias sobre el aborto y el matrimonio homosexual, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico han polarizado el ambiente político entre derechas e izquierdas. En ambos lugares las derechas apoyan las prohibiciones tradicionales mientras que las izquierdas, los sectores más liberales, favorecen la innovación. Como las decisiones jurídicas y políticas que se tomen en Estados Unidos determinarán lo que suceda en Puer­to Rico, es muy difícil pasar por alto su pertinencia.

Seguridad y libertad

En Estados Unidos, hasta finales del siglo XX, el en­cumbramiento del valor de la libertad definió la cultura política del país. Ha habido contadas excepciones; una fue la llamada guerra contra el anarquismo a principio del siglo XX, cuando se consideraba inminente la ame­naza de los movimientos sindicalistas radicales. Otra se dio durante los primeros años de la Guerra Fría cuando se desató la histeria anticomunista del macartismo. La cultura política estadounidense, sin embargo, ha sido consecuente en la defensa de las libertades individuales y en la implantación de políticas solidarias de benefi­cencia pública. Por ejemplo, la experiencia de los años sesenta cuando el Estado respaldo a los grupos que luchaban por extender los derechos civiles a comunidades negras en el sur del país, repercutió en todo el planeta. El éxito de las acciones del gobierno federal encami­nadas a corregir la discriminación racial que persistía en algunas regiones del país, validada por decisiones emblemáticas del Tribunal Supremo, sentó cátedra para el resto del mundo, fortaleciendo como resultado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En lo que va del siglo XXI, no obstante, la tendencia es otra. Mientras las fuerzas del mercado intensifican el desmantelamiento del Estado Benefactor, abogando por la privatización de los servicios sociales del Estado, surge un nuevo enemigo, el terrorismo internacional, al cual hay que combatir con todos los recursos disponi­bles, legales y extralegales. A pesar de que se siguen invocando, al menos a nivel retórico, los valores de la libertad y la democracia (Estado de Derecho), después del ataque a las Torres Gemelas, se encumbra en la política pública del país el imperativo de la seguridad, a expensas de las libertades individuales Medidas como el Patriot Act, acompañadas por asignaciones enormes de fondos para fortalecer el cerco de la seguridad nacional (muchas dirigidas a empresas privadas), acentúan en el discurso oficialista los principios del Estado de Excep­ción, donde las libertades individuales quedan subordi­nadas a las prácticas para contener al enemigo, en este caso al terrorista internacional. Para la política actual, en otras palabras, la Guerra contra el Terrorismo hace necesario un retraimiento de las libertades que por más de dos siglos definieron la cultura política del país.

Queda por verse si en la llamada guerra cultural habrán de prevalecer las tendencias derechistas del Estado de Excepción si la tradición progresista tradicional podrá levantar vuelo una vez más y reafirmar la inviolabilidad de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

Es de notar que en el contexto de esta antinomia estadounidense, el asunto de Puerto Rico no logra ocu­par una posición ideológica clara. No hay duda alguna que durante la Guerra Fría el criterio de la seguridad nacional, liderada por las fuerzas armadas, impero en la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Nuestra posición estratégica tradicional como Llave de la Antillas, motivó durante esos años la instalación de bases navales y aéreas, ambas con capacidad atómica, condicionando de forma decisiva la política oficial. Hoy, sin embargo, cambios en las tecnologías militares han hecho obsoletas esas instalaciones forzando su cierre, y a la fecha no sabemos que papel juega Puerto Rico en las nuevas estrategias geopolíticas de poder imperial. De modo que reina al respecto, en Estados Unidos y Puerto Rico cierta confusión.

Al día de hoy, la mentalidad derechista tiende a fa­vorecer el estatus quo, a no precipitar cambios, hasta tanto imperativos de poder apunten a otra dirección. El supuesto básico es que somos un territorio que le sirve, de un modo u otro a Estados Unidos. La izquierda liberal, mientras tanto, parece confundirse entre dos metas loables: una es conceder al país lo que pida en virtud de respeto al derecho de libre determinación (incluyendo la independencia o un Estado soberano asociado) y la otra es abrir un espacio, como acto de generosidad, para la integración a la Unión con plenos derechos y obligaciones, aunque se trate de un país con cultura. La mentalidad liberal, dicho de otro modo, valora la pluralidad cultural, por lo que la inclusión de una nación con cultura propia al seno de la Unión es a todas luces aceptable. Para la derecha, sin embargo, ese acto representaría un evento divisorio inaudito precisamente porque habría de romper la unidad cul­tural que hoy en día se valora con particular empeño. Resulta irónico que las izquierdas, en la medida en que valoran la libre determinación, recibirían con buenos auspicios una solicitud de separación o autonomía, mientras que para la derecha tal solicitud representaría un desprecio y, por lo tanto, una ofensa.

¿Cuál criterio habrá de prevalecer? Mientras tanto, vale acentuar que la cuestión de escala ha sido un factor poderoso al perpetuar las fuerzas de la inercia y la inac­ción. No son pocos los actores y observadores políticos en Estados Unidos y en Puerto Rico que se han rendido ante la dificultad de que el Estado estadounidense le preste atención a los asuntos de un territorio, que por su reducido tamaño, impacta muy poco sobre los asun­tos económicos y políticos del gigante que lo posee.

Raúl Cotto Serrano
Profesor de Ciencias Políticas
Universidad de Puerto Rico-Río Piedras