¿Qué une a los puertorriqueños?
Introducción
A lo largo de nuestra historia, y comenzando con Fray Iñigo Abbad y Lasierra, autor de nuestra primera Historia General,una multiplicidad de autores de los siglos XIX y XX ha ido trazando el perfil del hombre puertorriqueño. Aun cuando rebasa los límites de este trabajo el tratar de examinar esos esfuerzos, sí es importante señalar algunos hitos en este proceso.
Abbad, a finales del siglo XVIII, es el primero en definir al puertorriqueño o, más propiamente, al criollo. Lo hace anteponiéndolo, en primer término, a los europeos o blancos; o, como ellos mismos se definen, a los “hombres de la otra banda”. Los hijos de esta tierra “son bien hechos y proporcionados; apenas se ve en la isla un lisiado. Su constitución es delicada y en todos sus miembros tienen una organización muy fina y suave, propia de un clima cálido; pero este mismo los hace perezosos, los priva de la viveza regular de las acciones y les da un color y aspecto que parecen convalecientes.” Enfocando sus cualidades sicológicas, añade el benedictino, “son pausados, taciturnos y están siempre en observación; pero de una imaginación viva para discurrir e imitar cuanto ven; aman la libertad, son desinteresados y usan de la hospitalidad con los forasteros; pero son vanos e inconstantes en sus gustos”.
Manuel Alonso, el padre de la literatura puertorriqueña, en su obra El Gíbaro nos aporta una visión más positiva del puertorriqueño con el siguiente soneto:
Color moreno, frente despejada
mirar lánguido, altivo y penetrante,
la barba negra, pálido el semblante,
rostro enjuto, nariz proporcionada.
Mediana talla, marcha acompasada;
el alma de ilusiones anhelante,
agudo ingenio, libre y arrogante,
pensar inquieto, mente acalorada.
Humano, afable, justo, dadivoso,
en empresas de amor siempre variable,
tras la gloria y placer siempre afanoso,
y en amor a su patria insuperable.
Este es, a no dudarlo, fiel diseño
para copiar un buen puertorriqueño.
La nota predominante en los juicios y testimonios de nuestros pensadores sobre las características del puertorriqueño no es el halago sino la autocrítica, la ironía y la voluntad de afirmar la existencia de un carácter propio, autóctono.
Salvador Brau, en sus Disquisiciones sociológicas, nos presenta una definición que integra características de las tres etnias que conforman al puertorriqueño. En su ensayo Las clases jornaleras de Puerto Rico nos pinta ese mosaico multi-étnico y nos dice:
“… del indio nos quedó la indolencia, la taciturnidad, el desinterés y los hospitalarios sentimientos; el africano le trajo su resistencia, su vigorosa sensualidad, la superstición y el fatalismo; el español le inculcó su gravedad caballeresca, su altivez característica, sus gustos festivos, su austera devoción, la constancia en la adversidad y el amor a la patria y la independencia”.
Años más tarde, Rosendo Matienzo Cintrón analiza en una serie de escritos el efecto del impacto cultural estadounidense en Puerto Rico. Con cierto humor irónico nos dice que cuando llegaron a la Isla los nuevos dominadores hubo en ésta una verdadera locura, que consistió en abominar todo lo que era español o puertorriqueño. “El gesto no era malo, porque presagiaba nueva vida, pero se llevó a la exageración por innumerables puertorriqueños y americanos de buena fe… Hubo quien deseara arrancarse de súbito la lengua, las costumbres, las leyes y hasta los nombres propios”.
En la casa puertorriqueña se acostaron los Manolitos, Panchitos y Joseitos, y amanecieron Franks, Jimmys, Williams y Joes.
Antonio S. Pedreira, el intelectual más influyente de la generación del ’30, había propiciado en la Revista Indice(de corta duración, y editada por él, Samuel R. Quiñones y Vicente Geigel Polanco) una encuesta pública para definir ¿qué somos? y ¿cómo somos? los puertorriqueños. Se trató de un esfuerzo por determinar los elementos de nuestra personalidad como pueblo. Años más tarde, publica Pedreira su ensayo Insularismo, tal vez el escrito más influyente en su generación y en las venideras, que nos define así:
“Somos un pueblo racialmente heterogéneo, compuesto de blancos, negros y mestizos… nuestra personalidad colectiva es responsable de un puñado de hombres que nos representan en casi todos los compartimentos insulares de nuestra cultura”.
Independientemente de cómo nos definamos, hay unas constantes en nuestra vida de pueblo que merecen resaltarse, por constituir elementos importantes en nuestra sociedad. La primera, y tal vez la más significativa, ha sido la marcada tendencia de los puertorriqueños a preferir el camino de la legalidad como el medio para lograr cambios significativos en las estructuras de gobierno, unido a un rechazo casi total al uso de la violencia para dichos fines. En sólo dos instancias -el Grito de Lares, en 1868, y la Revuelta Nacionalista, de 1950- un núcleo de puertorriqueños apeló al uso de la fuerza para imponer su ideal de establecer una república independiente. En ambos casos los movimientos fueron de corta duración, pues les faltó el apoyo de un número sustancial de nuestra gente.
El último de estos movimientos se dio en el contexto de unas inscripciones generales, previas a someter al pueblo la aprobación de una legislación federal que nos permitió por vez primera, y única en nuestra historia hasta el presente, convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una Constitución para el Gobierno de Puerto Rico. Como ha afirmado María Teresa Babín, en su obra Panorama de la cultura puertorriqueña, “… la democracia como realidad viviente ha sido históricamente el ideal claro y persistente de los puertorriqueños”.
Los procesos electorales bajo la soberanía española
Uno de los indicadores más claros del arraigo entre nosotros de ese ideal democrático es el de la participación en los procesos electorales. Fernando Bayrón Toro, estudioso de los eventos electorales celebrados en el país a partir de 1809, hasta el presente, nos brinda valiosa información que nos permite calibrar la participación de los puertorriqueños en las elecciones.
Durante el régimen español se celebraron en la Isla 24 elecciones bajo diferentes normativas. En muchos casos se trató de leyes o decretos de carácter transitorio, dictados generalmente en períodos de cambios revolucionarios o contrarrevolucionarios, por juntas o gobiernos provisionales. Así, por ejemplo, las primeras elecciones de 1809 y 1810 se efectuaron conforme con instrucciones de la Junta Central Gubernativa del Reino (1809) o del Consejo de Regencia (1810). En ambos casos, la elección, que recayó en la persona de Ramón Power y Giralt, fue por vía indirecta a nivel de parroquia, de partido, y de una Junta Provincial presidida por el Gobernador, en la que participaron los representantes electos por los cinco partidos en que se dividió la Isla: San Juan, San Germán, Aguada, Arecibo y Coamo. Aprobada la Constitución de 1812, se dispusieron en el Título III, Capítulos I al V, las normas a regir en los procesos electorales, incluyendo los requisitos para ser elector. Al amparo de dichas disposiciones se celebraron las elecciones de 1813, 1814, 1820, 1821, 1823 y 1835.
A partir de 1835, y hasta 1869, los gobernadores y capitanes generales ejercieron el mando con “facultades omnímodas”; por lo tanto, no hubo elecciones. No fue hasta la “Revolución Gloriosa” de 1868 cuando los puertorriqueños volvieron a participar en las elecciones, respetando leyes electorales ordinarias, aprobadas en Cortes y sujetas a revisión y transformación. El derecho al voto estaba severamente limitado.
Las elecciones más importantes celebradas en el período español fueron, sin duda, las de 1898. Celebradas el 27 de marzo de ese año, fueron las primeras y únicas efectuadas bajo los Decretos Autonómicos de 1897. Rigió entonces el “Reglamento Provisional para la adaptación de la Ley Electoral del 26 de junio de 1890 a la Isla de Puerto Rico” , y se eligieron 16 diputados a Cortes, 73 alcaldes y 35 representantes a la Cámara Insular. De un total de 165,068 electores inscritos, votaron 121,573, para alcanzar un 73.65% de participación. Los liberales y ortodoxos, los dos partidos autonomistas, alcanzaron un total combinado de 98,695 votos, frente a 3,729 por los incondicionales y oportunistas.
El total de votantes registró un incremento sustancial, si comparamos que en las elecciones anteriores, bajo disposiciones sumamente restrictivas, votaron menos de 5,000. Excluyendo las elecciones bajo la Carta Autonómica, el número de electores fluctuó entre una cifra mínima de 2,794 en las elecciones de 1884, y una máxima de 46,042 en las de 1873, efectuadas, estas últimas, bajo el gobierno de la Primera República Española. Durante el transcurso de los procesos electorales del siglo XIX, los puertorriqueños eligieron un total de 214 diputados a Cortes; 5 suplentes a diputados; 4 procuradores a Cortes; 24 diputados de elección parcial, en sustitución de otros tantos que dejaron de servir; y 41 senadores.
Las elecciones bajo la soberanía estadounidense
A partir de 1898 y hasta las elecciones de 2004 se han celebrado 31 elecciones, siendo las más recientes las de 2004, primeras del siglo XXI y las que mayor controversia han suscitado. Durante este período, la normativa electoral ha estado regida por disposiciones de naturaleza orgánica (la Ley Foraker, de 1900, y la Ley Jones, de 1917) o constitucional (la Constitución del Estado Libre Asociado, de 1952).
Además, se introducen en el siglo XX otros textos legales que regulan los procesos electorales. En 1912 se aprueba una ley (Ley 83, del 14 de marzo de 1912) para establecer la representación de las minorías en la Cámara de Delegados. El principio de la representación minoritaria, como veremos más adelante, fue elevado a rango constitucional al aprobarse la Constitución del Estado Libre Asociado, en 1952. Esto convertía a Puerto Rico en el único país en salvaguardar una representación por adición a los partidos de minoría, cuando el partido mayoritario ha logrado más de 2/3 partes de los escaños en ambas cámaras legislativas.
En 1928 se aprobó legislación para posibilitar la radicación de candidaturas independientes a legislador. Un año más tarde, en 1929, se concedió el voto a todo varón o mujer que supiera leer y escribir. Las mujeres ejercieron el voto por vez primera en 1932. En dicha elección, María Luisa Arcelay fue electa, por el Distrito 16 de Mayagüez, Representante a la Cámara, convirtiéndose en nuestra primera mujer legisladora. Cuatro años más tarde, María M. de Pérez Almiroty fue electa como nuestra primera mujer senadora.
Para 1936 está en vigor la ley que concede el sufragio universal, y en 1947 el Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley Crawford-Butler, que confirió a los puertorriqueños el derecho a elegir mediante voto directo a su Gobernador. En virtud de dicha ley, Luis Muñoz Marín fue electo Gobernador en las elecciones generales de 1948.
Una enmienda a la Constitución del Estado Libre Asociado, aprobada en 1970, redujo la edad requerida para votar: de 21 a 18 años. A partir de las elecciones de 1972, los jóvenes mayores de 18 años comenzaron a ejercer su derecho al voto.
Como puede advertirse con el recuento anterior, los derechos a la participación en los procesos políticos se fueron ampliando, y la tradición democrática puertorriqueña se afianzó al punto de que, excluyendo las elecciones de 1900 (cuando el porcentaje de participación fue de 47.5%), en el resto de los comicios generales celebrados los porcentajes de votantes han fluctuado entre 64% y 92.84%. En 14 elecciones el porcentaje de votantes ha oscilado entre 71.5% y 79.7%, mientras que en 11 ha excedido el 80%. Puerto Rico es, pues, uno de los países con voto voluntario con mayor participación electoral, excediendo por mucho a Estados Unidos.
Mas no todo ha sido positivo en este esfuerzo por ampliar la participación democrática. En las inscripciones de 1936, y en las del cuatrienio anterior, el fraude fue tan masivo que el gobernador estadounidense, General Blanton Winship, denunció que en varios pueblos había miles de electores más que habitantes hábiles.
El escándalo provocado por la denuncia hecha por el gobernador obligó a que actuara el Congreso de Estados Unidos, aprobando un proyecto para establecer un colegio de votación cerrado. El “Bill”, presentado por el senador Millard Tydings, fue aprobado por el Senado y forzó a nuestra Legislatura a adoptar el colegio cerrado en la Ley Electoral de Puerto Rico. El efecto neto de la medida fue limpiar las listas de votantes de electores fraudulentos. Eso explica por qué en las elecciones generales de 1940 el electorado fue menor que en 1936, registrándose una merma de poco más de 49,600 votantes.
Al examinar los procesos políticos a lo largo del recién concluido siglo XX, podemos señalar dos períodos -relativamente largos- en que un partido domina las elecciones y gobierna el país casi sin oposición. El primero de esos dos períodos fue el de 1904 a 1920, dominado por el Partido Unión de Puerto Rico, capitaneado por Luis Muñoz Rivera hasta su muerte, en 1916; y a partir de entonces por su heredero político, Antonio R. Barceló, primer presidente del Senado, establecido en 1917 en virtud de la Ley Jones. El segundo período de dominio unipartidista se inició en 1940, con el triunfo del recién fundado Partido Popular Democrático, liderado por Luis Muñoz Marín, que se mantuvo en el poder hasta 1968. Un aspecto importante en la prédica de Muñoz fue el logro de erradicar la costumbre generalizada de vender el voto. Gradualmente, el elector puertorriqueño cobró conciencia del valor del voto, pues mediante el ejercicio consciente del sufragio podía determinar quién iba a gobernar al país.
La Asamblea Constituyente
La Ley 600, del 3 de junio de 1950, puso en marcha el proceso en virtud del cual los puertorriqueños redactaron su propia Constitución para regular el ordenamiento interno del gobierno de la Isla. El 27 de agosto de 1951 se celebraron elecciones para miembros de la Asamblea Constituyente, y el Partido Popular Democrático eligió 70 delegados, el máximo permisible; el Partido Estadista 15; y 7 el Partido Socialista, para un total de 92 miembros. El Partido Independentista Puertorriqueño, por razones obvias, no participó en este proceso.
La sesión inaugural de la Asamblea Constituyente se celebró el 17 de septiembre de 1951, y el 21 de febrero de 1952 el gobernador Muñoz Marín proclamó oficialmente la aprobación -por la Convención Constituyente- de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es digno de destacar el amplio consenso que imperó en la Constituyente, pues al momento de votar su aprobación 88 delegados de todos los partidos votaron a favor; sólo se registraron 3 votos en contra.
Desde el punto de vista de los derechos democráticos de los puertorriqueños consignados en la Constitución, merecen puntualizarse, en primer término, la Carta de Derechos; segundo, la elevación a rango constitucional la representación garantizada a las minorías, y el aumento a 11 de los escaños por acumulación en cada Cuerpo; y tercero, y no menos importante, la creación de la Junta Constitucional para la redistribución electoral, que debía hacerse cada 10 años. Esta última disposición ha asegurado la continuada igualdad en el valor del voto ciudadano. Hasta el momento ha habido cinco Juntas de Redistribución Electoral, y en cuatro de ellas los acuerdos han sido adoptados por unanimidad. Debe ponerse de relieve el hecho de que los acuerdos de dicha Junta nunca han sido impugnados en los tribunales.
Aún cuando parecía que el problema del status se había resuelto con la aprobación de la Constitución, no es menos cierto que -casi inmediatamente después de ser aprobada- Muñoz inició esfuerzos para ampliar el grado de autonomía de los puertorriqueños a la hora de arbitrar soluciones a sus conflictos. Sin embargo, a partir de ese momento, todos los esfuerzos realizados hasta el presente -por modificar la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos- han fracasado. El mecanismo de las Comisiones de Status, y los esfuerzos por conseguir que el Congreso modificara la relación existente, se han estrellado sistemáticamente ante la renuencia del gobierno estadounidense a enfrentarse con el tema.
La discusión sobre el status, que Muñoz había apartado de las lides electorales con su prédica de que “el status no está en issue”, se fue abandonando gradualmente. Hoy, con la polarización política imperante, la división de los puertorriqueños en cuanto al destino final de un asunto tan esencial es cada día más marcada.
Esa polarización política, producto de la alternancia en el poder de los dos partidos principales, ha llevado a no querer reconocer los logros de uno y otro, con la consecuencia de que no hay continuidad en la gestión gubernamental y de que cada cambio en el partido en el poder implica, en gran medida, comenzar de nuevo en cero.
Sin embargo, dentro de la lucha partidista por obtener el poder se ha ido manifestando, cada vez con mayor peso, el “voto inteligente”, más allá de banderas de partido. El elector se ha ido liberando de la limitación a votar papeleta íntegra, y casi 200,000 votantes cruzan líneas de partido al ejercer el voto. Esta tendencia se ha sumado a un notorio desgaste en las estructuras de los partidos tradicionales.
¿Un mundo enfermo?
Manuel Zeno Gandía, uno de nuestros más importantes novelistas (cuya obra abarca el devenir puertorriqueño entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del recién concluido siglo XX) es autor de cuatro importantes obras que llevan como título conjunto Crónicas de un mundo enfermo. Las dos primeras, La Charca y Garduña, se refieren a la vida rural del país. A su vez, El Negocio y Redentores tienen por fondo el contorno urbano. La principal de estas obras, La Charca, profundiza en los conflictos humanos y sociales del mundo que le tocó vivir al autor. Según Josefina Rivera de Alvarez, Zeno Gandía analiza “con franqueza y valentía la problemática material, moral y política de la Isla”.
En verdad, el título Crónicas de un mundo enfermo podría muy bien aplicarse a las circunstancias del Puerto Rico contemporáneo. A la espera de un novelista que narre con el realismo de Zeno Gandía los avatares de nuestra sociedad actual, son los medios de comunicación los que diariamente nos advierten los males que aquejan nuestra vida como pueblo, aquellos que van resquebrajando nuestra cohesión social. Veamos, aunque sea someramente, algunos de ellos.
La experiencia vivida a partir de 2005 pone en tela de juicio la viabilidad de un gobierno compartido. Si bien es cierto que en 1969-1972 la Isla tuvo un gobierno compartido, con el Partido Nuevo dominando el Ejecutivo y la Cámara de Representantes, la polarización política no había alcanzado los niveles del presente. En ese momento, tanto el gobernador Ferré como el presidente del Senado, Rafael Hernández Colón, lograron entendidos en asuntos clave, que permitieron el funcionamiento adecuado del gobierno y, por ende, del país.
Una segunda instancia de gobierno compartido se produjo tras las elecciones del ’80, cuando el gobernador Romero Barceló se enfrentó a una Legislatura dominada por el Partido Popular. Nuevamente, y aunque con mayores dificultades (exacerbado el clima político por las investigaciones del Cerro Maravilla) no se produjo una crisis de gobernabilidad. Pero en los últimos tres años, los tranques entre el Poder Ejecutivo, controlado por el Partido Popular Democrático (PPD), y la Legislatura, dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), han provocado repetidas crisis, incluyendo un “cierre del gobierno”, que han convertido al país en un escenario ingobernable según la percepción de muchos puertorriqueños.
La violencia como fenómeno social
Una de las manifestaciones más preocupantes de la actual sociedad puertorriqueña es la escalada de la violencia en sus múltiples manifestaciones: violencia de género, violencia en las carreteras, violencia en las escuelas, aumento en los crímenes violentos y la corrupción en todos los niveles. Fernando Picó enfocó el tema de la violencia en su conferencia magistral como Humanista del Año, trazando las raíces históricas de un fenómeno que se remonta a los inicios de nuestra sociedad. Gradualmente, sostiene Picó, se fue articulando “una sociedad habituada a la ilegalidad, sea en el contrabando, en la recepción de inmigrantes ilegales, en las prácticas autoritarias de los poderes locales o en el habitual desconocimiento de un estado de derecho”.
Una de las manifestaciones más claras de esa tendencia a la “ilegalidad” es el auge de la corrupción en la vida pública y privada. La polarización política trajo como consecuencia la lucha por retener el poder a cualquier precio, y tal esfuerzo fue erosionando la integridad en el servicio público. No obstante los intentos por controlar estos desvíos mediante la “Ley de ética Gubernamental”, nunca antes había habido tantos funcionarios públicos, ni legisladores electos, procesados y encarcelados por diferentes delitos de corrupción.
La droga como un mal social
La afluencia económica que ha caracterizado al Puerto Rico de la última década ha propiciado un aumento alarmante en la venta y consumo de drogas y de todo tipo de sustancias controladas. Consecuentemente, la lucha por el control de los “puntos” ha desatado una espiral de violencia que se manifiesta todos los días en forma de asesinatos.
A lo largo de la última década hemos visto que el uso y venta de drogas ha impactado adversamente la salud. El HIV-SIDA, o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es manifestación palpable de ese fenómeno. La sexualidad desenfrenada, y el aumento en las enfermedades de origen sexual, también tienen su mayor raíz en la droga. Mas no es este el único factor; la decadencia de la familia tradicional, como veremos adelante, también estaría propiciando la promiscuidad sexual desde temprana edad.
Los grupos más afluentes han buscado en la segregación social una especie de respuesta a los problemas de la violencia y la droga. Pero la proliferación de comunidades con acceso controlado ha sido, y sigue siendo, un factor divisorio en nuestra sociedad. De todos modos, es obvio que el éxito de los modernos proyectos residenciales depende, cada vez en mayor grado, de que los desarrolladores destaquen la existencia del control de acceso como uno de los mayores “atractivos”.
Iniciativas como el Programa de Ayuda a Comunidades Aisladas se presentan como una posible solución al problema. Otro emprendimiento promisorio es la serie de foros que se han ido celebrando en distintos puntos de la Isla, para identificar problemas y proponer soluciones. Estos foros, especies de town meetings, han tenido una participación bastante representativa de la sociedad en general, y sus recomendaciones se ofrecen como opciones para que los partidos políticos las integren a sus programas, de cara a las elecciones de 2008. Queda por verse cuán efectivos serán estos consejos como elemento democratizador de la sociedad puertorriqueña, y en qué medida se verán representados en los círculos de poder.
La educación como gran nivelador social
La sociedad puertorriqueña, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha visto a la educación como un elemento de movilidad social. Por ello vemos que en los presupuestos gubernamentales se destina aproximadamente un tercio de los fondos a tales fines.
El crecimiento de la educación superior pública y privada, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha resultado en que Puerto Rico figure entre los primeros cinco países del mundo con estudiantes de nivel universitario en proporción a la población total. Esto ha permitido la creación de una clase profesional de alta calidad para atender las necesidades de nuestra sociedad, abriendo las puertas a muchos puertorriqueños que ocupan posiciones de liderazgo en la academia, en la industria, en el comercio, en las ciencias de la salud, en la ingeniería… Una de nuestras áreas más prometedoras es, precisamente, la de este capital humano bien entrenado, que nos permitirá competir en una sociedad cada vez más globalizada. No obstante la fuga de talento, incrementada por la búsqueda de una mejor calidad de vida, constituye una incuestionable preocupación.
Familia y sociedad
Usualmente, la familia está considerada como la base de una sociedad. Y siguiendo esta tendencia, la familia nuclear en Puerto Rico, así como la familia extendida, han sido los tradicionales puntos de apoyo de nuestro fundamento social. Sin embargo, esa familia tradicional enfrenta ahora una evidente transformación, que en la mayoría de los casos -porque no son todos- se tiñe de crisis. Nos referimos a un deterioro familiar que se agrava -entre otros factores- por la alta incidencia de divorcios, el número cada vez mayor de hogares en los que sólo hay un progenitor (bastante ajeno a los deberes con sus hijos), y el incremento en niveles de violencia doméstica. Aunque siempre existen honrosas excepciones, hay que aceptar que esta dura realidad implica que muchos niños deben crecer en hogares hostilmente divididos, que abundan los casos de hermanos con padres o madres diferentes, que la falta de apoyo de muchos padres y madres induce a sus hijos a desertar de la escuela (truncando un esencial proceso educativo), y que muchos jóvenes canalizan estas precarias condiciones familiares hacia conductas antisociales, que en casos extremos culminan en delincuencia y alimentan la población de las instituciones penales. Obviamente, la solución a estos serios problemas constituye ahora mismo un asunto prioritario, no sólo para el Gobierno sino para múltiples instituciones sociales.
Asimismo, cabe destacar que el discrimen por razones políticas, económicas, origen, sexo, preferencia sexual, raza o religión, siguen representando elementos disociadores cotidianos que ameritan atención inmediata. Sólo así podremos lograr un clima social adecuado, que propenda a estimular la sana convivencia.
No obstante, recalcamos el hecho de que Puerto Rico, a lo largo de su historia, ha evidenciado su compromiso con los ideales de la democracia. Es por ello que la voz de nuestra sociedad comienza a manifestarse crecientemente, y a recabar que los organismos políticos, y el Gobierno, escuchen sus inquietudes, analicen sus propuestas y soluciones, y hagan un esfuerzo por implantar aquellas que sean viables. Es sabido que el mañana es patrimonio incierto, pero con pasos así podremos ser cautelosamente optimistas ante nuestro futuro.
Autor: Luis E. González Vales
Publicado: 28 de septiembre de 2010.
