Cien años después, un hallazgo

El General George W. Davis, último gobernador militar estadounidense de Puerto Rico elaboró un detallado informe sobre los asuntos insulares. El último capítulo del mismo describe la situación de los archivos históricos de la Isla y señala las dificultades encontradas por la falta de documentación sobre los siglos iniciales de nuestra historia. Al describir algunas de las razones que explican la crítica escasez de documentos afirma que las autoridades españolas, al abandonar la isla en 1898, “se llevaron consigo valiosa documentación, o la destruyeron o permitieron que personas no autorizadas dispusieran de ella.”

El archivo de la Capitanía General pudo haber salido de la Isla con el General Don Manuel Macías Casado cuando éste embarcó rumbo a España, con la mayor parte de la guarnición española, antes del 18 de octubre de 1898. De no ser así, entonces formó parte de la impedimenta que acompañó a Don Ricardo Ortega, Segundo Cabo y Gobernador Militar de la Plaza de San Juan, cuando éste abandonó la Isla el 22 de dicho mes, luego de entregar la Isla a los estadounidenses.

La llegada a Cádiz de los documentos es asunto conocido. También se sabía que permanecieron en dicho puerto por bastante tiempo. Luego de Cádiz, los papeles iniciaron una peregrinación por archivos intermedios previo a llegar a su destino final. Ese rastro se perdió y no fue hasta un siglo más tarde que se descubrió dónde estaban.

Durante la celebración de la llegada de La Armada estadounidense en 1898, la documentación sobre Cuba, Filipinas y Puerto Rico, se descubrió a fines de marzo de 1998, que la misma se encontraba depositada en el Archivo General Militar de Madrid.

A partir de ese momento, los esfuerzos combinados del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, de la Directora del Archivo Militar de San Cristóbal y del Historiador Oficial de Puerto Rico se concentraron en el proceso de levantar un inventario preliminar. Simultáneamente comenzaron las negociaciones con el Instituto de Historia y Cultura Militar de España para microfilmar los documentos con el propósito de traerlos a Puerto Rico. Estos esfuerzos contaron con el apoyo de la Cámara de Representantes que adoptó el proyecto como uno de los principales de la celebración de su centenario y proveyó los fondos necesarios para su realización.

En el 2002, la documentación regresó a la Isla y fue depositada en diferentes archivos y centros de investigación poniéndolos a la disposición de los investigadores puertorriqueños. La riqueza de esos fondos apenas comienza a conocerse.

Cerca de 300 expedientes relacionados con las zonas polémicas y un voluminoso expediente de unos 700 folios, que recoge un proceso de cerca de tres lustros, nos permiten aproximarnos a los avatares del derribo de una sección de las murallas del sector Este de la plaza fuerte de San Juan, así como ver el desarrollo del barrio de Puerta de Tierra. Ambos sucesos están vinculados al tan necesario ensanche de la ciudad.

El expediente que nos ocupa tiene 147 documentos fechados desde el 5 de julio de 1883 hasta el 4 de abril de 1898, pocos días antes de intervenir Estados Unidos en la guerra entre cubanos y españoles que, a partir de 1895, se inicia en la Antilla hermana y que culminará con la pérdida para España de sus últimas posesiones en el Caribe.

Los inicios del proceso

Al finalizar el siglo XVIII, San Juan había evolucionado de un presidio militar que había pasado por la etapa de ciudad murada hasta convertirse, luego de las reformas promovidas por el Mariscal Alejandro O’Reilly y ejecutadas por el ingeniero militar don Tomas O’Daly, en una plaza inexpugnable, capaz de resistir con éxito el último intento inglés de apoderarse de la Isla en 1797.

Durante quince años el asunto del derribo de una sección de las murallas y el ensanche de San Juan en dirección al este de la isleta, lo que impactaría las zonas polémicas, se debatía entre San Juan y Madrid. En ese proceso intervinieron diversas juntas consultivas del Ministerio de Guerra y el Ministerio de Ultramar en España, los ingenieros de la Plaza de San Juan y varias comisiones mixtas que incluyeron, además de militares, una representación del Ayuntamiento de San Juan y de la Intendencia. La presencia de representantes de estas entidades se debía a que ambas estaban vitalmente interesadas en resolver el problema de hacinamiento provocado por el aumento poblacional y por el cerco que para el proceso de expansión representaba las murallas. Para los militares éstas eran una expresión de la primacía del estamento castrense por tratarse de un asunto vital para la seguridad de la plaza. El control por parte de los militares de las zonas polémicas que cubrían desde la Fortaleza de San Cristóbal hasta el Fuerte y Puente de San Antonio y el Fuerte de San Gerónimo en el extremo oriental de la isleta de San Juan era un elemento más del problema.

El expediente consultado incluye las opiniones de tres gobernadores y capitanes generales que han de intervenir directamente en el proceso, a saber: Segundo de la Portilla (1881-1882); Antonio Dabán Ramírez de Arrellano (1893-1895) y Sabas Marín (1896-1898). Los dos últimos jugaron papeles importantes en la eventual resolución de la cuestión. Antonio Dabán intervino en los procesos no sólo como Capitán General de Puerto Rico, sino que, luego de su regreso a la península, presidió la Junta Consultiva del Ministerio de Guerra en la etapa decisiva. Correspondió a Sabas Marín gobernar la Isla en el momento en que se proceden finamente al derribo de las murallas luego de haber propuesto unas nuevas bases para la solución del problema.

Este artículo es un fragmento del ensayo de Luis E. González Vales, “El derribo de las murallas y el ensanche de San Juan: Apuntes sobre un expediente”, que está incluido en el libro San Juan: La ciudad que rebasó sus murallas. Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

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