La normativa democrática reconoce dos diferentes formas de organizar las instituciones políticas del Estado. Una, la más común en las democracias del mundo, es el sistema parlamentario y la otra, que es la que existe en Estados Unidos y por extensión en Puerto Rico, es el sistema presidencial.

En el sistema parlamentario, las elecciones generales giran en torno a la elección del Parlamento; es decir, de los representantes políticos de los ciudadanos. No hay elección directa del principal ejecutivo del país; una vez se constituye el Parlamento, este procede a designar, por votación de sus miembros, al líder de la Rama Ejecutiva y sus ministros. Es decir, una vez concluidas las elecciones generales, los diferentes grupos parlamentarios conforman acuerdos entre ellos para constituir la mayoría de votos necesarios para formar el Gobierno. Aunque los líderes del Gobierno, es decir de la Rama Ejecutiva, son también parlamentarios, la Constitución nacional obliga a que una vez designados para administrar al Estado, se respeten las sendas prerrogativas de ambos cuerpos bajo el principio de separación de poderes: el Parlamento legisla y el Gobierno administra. Este poder parlamentario de designar al Ejecutivo hace posible que, en ocasiones, el partido que más votos obtenga no logre controlar el gobierno porque dos o más partidos, cada uno de ellos con menos votos que el principal, se unan para obtener una mayoría parlamentaria. En estos sistemas, la institución parlamentaria se convierte en el centro de la vida política del país, aunque el poder ejecutivo, una vez designado por el Parlamento, ejerce sus funciones administrativas de forma autónoma.

El sistema presidencial, en cambio, separa las elecciones parlamentarias de las del ejecutivo, aunque estas sean simultáneas (como es el caso de Puerto Rico). Los partidos políticos, por lo tanto, postulan sus candidatos a presidente (gobernador en el caso de Puerto Rico) y los electores votan directamente por el candidato de su preferencia, independientemente de la votación de los candidatos para las cámaras legislativas. El Parlamento, por lo tanto, no tiene injerencia en la designación del ejecutivo, por lo que no tiene la opción de concertar acuerdos con otros partidos para formar Gobiernos. Uno de los efectos directos del sistema presidencial es que hace inefectivo a los partidos pequeños, porque los priva de la dinámica de hacer alianzas con otros partidos y así poder ejercer influencia sobre la política de Estado. Además, la Ley Electoral vigente en Puerto Rico, aunque no prohíbe la creación de nuevos partidos, hace extremadamente difícil su inscripción y continuidad. El resultado de no poder crear alianzas entre ellos una vez concluidas las elecciones (como en el sistema parlamentario) hace que los partidos pequeños tiendan a desaparecer del panorama electoral en la medida en que los sectores sociales e ideológicos que los componen son absorbidos por los partidos principales, los únicos capaces de prevalecer en la elección del ejecutivo. Por eso, los sistemas presidenciales propenden al bipartidismo. En Puerto Rico, la única razón por la cual existen tres partidos electorales es por el particular asunto del estatus político. Aun así, el panorama electoral puertorriqueño, según la lógica del sistema presidencial, se organiza cada vez más en torno a dos partidos políticos principales.

El caso de Suiza representa un caso ejemplar del sistema parlamentario. En ese país pluralista, donde conviven cuatro culturas y existe una larga tradición de autonomías locales, el Parlamento, una vez elegido cada seis años por sufragio universal, elige un Consejo Ejecutivo de seis miembros, en el cual tienen que estar representados los cuatro grupos lingüísticos del país. Además, ningún cantón (el nombre que tienen las 21 unidades federadas) puede tener más de un representante en ese Consejo. Los seis miembros del Consejo se rotan la presidencia de la Confederación y cada uno la ocupa por el término de un año. Esa particular estructura de gobierno es reconocida como particularmente democrática porque evita el desarrollo del poder autocrático de la Rama Ejecutiva. El escritor Jorge Luis Borges, al preguntársele por qué Suiza era su país preferido, contestó: “porque allí nadie sabe el nombre del presidente”.

En cambio, Estados Unidos es el ejemplo más emblemático de un sistema presidencial. Allí, el presidente es elegido por los electores, aunque no directamente, sino a través de un complejo sistema de colegios electorales organizados por los territorios estatales. Ha habido casos en el pasado, como ocurrió en las elecciones del 2000, de un candidato que obtiene la mayoría del voto popular, pero no sale electo porque su contrincante no obtuvo la mayoría en el conteo de los votos electorales.

El origen del sistema presidencial en Estados Unidos, según el consenso de los historiadores, se remonta a los años de la fundación del país, a finales del siglo XVIII, cuando apenas comenzaba a dominar en Occidente la ética democrática. Para esos tiempos existían temores entre las clases dominantes de Estados Unidos al efecto de que otorgarle al Congreso los mismos poderes que tenía el Parlamento inglés podría convertirlo en una institución demasiado poderosa, con efectos negativos sobre la autoridad del poder Ejecutivo, sin la cual no era posible administrar adecuadamente la nueva federación. Este trazo autoritario, se montaba sobre la apreciación general en cuanto a que los excesos de la revolución parlamentaria en Inglaterra en el siglo anterior, a pesar de aportar obvios adelantos democráticos, habían afectado de forma negativa la estabilidad económica y social del reino. Los estadounidenses optaron por una disposición constitucional de Estado, cuyo objetivo primario fue crear una institución de poder ejecutivo que no estuviera subordinada a los poderes del Congreso. Al cabo de poco más de dos siglos, la enorme escala del poder real adquirido por la presidencia y el Gobierno central ha logrado arropar en la práctica muchas prerrogativas congresuales, por lo cual se ha acuñado el término de presidencia monárquica.
Otro efecto directo del sistema presidencial es que en Estados Unidos la oferta electoral se ha reducido a dos partidos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con alguna participación coyuntural de otros partidos pequeños, cuyo carácter real es más folclórico que de opción electoral. Ninguna postura ideológica o sectorial que no tenga cabida dentro de los marcos ideológicos y sectoriales de los dos partidos principales, por lo tanto, tiene cabida en las contiendas electorales.

En Puerto Rico, donde se adoptó el sistema presidencial estadounidense, también se ha vivido un incremento continuo de los poderes del gobernador, vis a vis la Asamblea Legislativa; un poder que aumenta en la medida en que los partidos políticos, presididos por los candidatos a gobernador, expanden su control sobre los representantes parlamentarios, avalados por una cultura política que continúa exhibiendo profundos rasgos autoritarios. Es de notar, que uno de los argumentos que usan los partidos políticos principales para oponerse a la unicameralidad (convertir a la legislatura en una sola cámara), es que esta le otorgaría a quien ocupe la presidencia de ese único cuerpo parlamentario, suficiente poder político y simbólico para retar la autoridad del gobernador. En el contexto de una gobernación autoritaria, esa opción no está vista.