La sección 936 del Código de Rentas Internas fue una medida del Gobierno federal de los Estados Unidos para promover que corporaciones norteamericanas pudieran utilizar a Puerto Rico como fuente de inversión, al quedar eximidas de pagar contribuciones federales. La medida promovió la industria bancaria y financiera, además de las manufactureras, principalmente de farmacéutica y electrónica.
La 936 suplantó la anterior 931, que rigió desde la década del 1920 y permitía a las corporaciones estadounidenses no pagar impuestos en sus operaciones de ultramar hasta que repatriaran sus ganancias a los Estados Unidos. La 931 estuvo vigente hasta mediados de los años setenta cuando una serie de cambios en la economía política internacional afectaron los intereses norteamericanos.

Por un lado, para la década de los setenta del siglo XX, la economía estadounidense empezó a experimentar un estancamiento económico por sus compromisos con sus alianzas internacionales y por la presión que ejerció el estado benefactor en la economía local y en los ingresos del fisco federal en particular. Además, guerras en Oriente Medio forzaron un alza en el precio del petróleo, lo cual contribuyó a la recesióneconómica. Esto obligó a Estados Unidos a sacar al dólar del patrón oro, permitiéndole fluctuar su moneda por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para abaratar sus exportaciones en busca de competitividad.

El proceso de estanflación, como lo denominaron los economistas de la época, tendría un impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico sufría las consecuencias de la recesión mundial, los malestares de la economía estadounidense y los altos precios de las importaciones de petróleo. Los efectos nocivos de la crisis provocaron un aumento masivo en el desempleo y el fin del modelo puertorriqueño de exportaciones a Estados Unidos, el cual se basaba en la mano de obra barata local. La consecuente crisis social y de tipo estructural que sufría la economía isleña puso presión en los niveles de ayuda federal como por ejemplo, en el Programa de Cupones por Alimentos y en otras medidas federales de alivio al desempleo, lo que incrementó la dependencia económica de Puerto Rico en Washington.

Para reanimar la economía de Puerto Rico y reducir la dependencia de los fondos federales, el Congreso enmendó el Código de Rentas Internas y creó la sección 936, aprobada en 1976. Su propósito era permitir que subsidiarias de corporaciones estadounidenses se establecieran en la isla y pudiesen repatriar sus ganancias a la casa matriz sin pagar impuestos federales. A diferencia de la antigua sección 931, que permitía reintegrar los ingresos de las subsidiarias libres de impuestos solo cuando sus activos fueran eliminados, la 936 avalaba la repatriación de los dividendos tan pronto estos fueran realizados. Ello creó un incentivo para que estas corporaciones mantuvieran sus ganancias dentro de la economía estadounidense y no acabaran en bancos europeos, esquivando el pago de impuestos federales.

El Gobierno de Puerto Rico buscaba sobrepasar los límites alcanzados por el modelo de desarrollo de exportaciones a Estados Unidos (ahora agotado) y permitir que la isla se convirtiera en un centro financiero que ofreciera beneficios fiscales para atraer a corporaciones transnacionales que adjudicaran un alto porcentaje de sus ganancias a subsidiarias locales. El economista James Dietz explica que el Gobierno local buscó que las ganancias de las corporaciones 936 aportaran a la economía isleña, con la creación de empleos en sus subsidiarias, pero también al fisco puertorriqueño. De esta manera, se les impuso un impuesto de salida (tollgate tax) del 10% de sus ganancias. Además, se les ofreció la oportunidad de pagar un impuesto menor del 5% si estas compañías compraban bonos del Estado Libre Asociado, de corporaciones estatales, o los depositaban en bancos establecidos localmente.

De acuerdo al historiador Francisco Scarano, gracias a la sección 936, Puerto Rico ocupó el primer lugar para inversiones de corporaciones norteamericanas a nivel mundial. Igualmente, la sección impulsó el crecimiento de la industria bancaria en la isla; los incentivos económicos creados por la 936 permitieron la entrada masiva del capital estadounidense y español. Se desnacionalizó la banca en Puerto Rico y entraron nuevas entidades financieras —como Chase, Citibank y Santander— a dominar el escenario financiero. Los bancos nativos que sobrevivieron se consolidaron en la fusión entre Banco Popular y Banco de Ponce.

Sin embargo, los beneficios esperados de la 936 son debatibles y las abundantes ganancias que recibían las corporaciones —al estar exentas de las contribuciones federales— se convertían en fondos 936 para la isla, pero, a su vez, eran una fuente de contribuciones no recaudadas para el fisco federal. A partir de esta crítica, la sección experimentó varias revisiones del Congreso durante sus veinte años de existencia.

Inicialmente, en 1982, bajo la administración de Ronald Reagan, el Congreso intentó controlar las ganancias de la 936 y legisló para que se aumentara el porciento del ingreso dentro de Puerto Rico. Su finalidad: evitar que, bajo el estatus de la 936, las corporaciones estadounidenses reinvirtieran sus ganancias en Puerto Rico y luego las repatriaran sin pagar impuestos federales En 1985, el Departamento del Tesoro abogó por la eliminación o modificación de la sección 936 para recaudar contribuciones que perdían por los fondos 936, que se estimaban en $7 mil millones. Las modificaciones permitieron que los fondos 936 tuvieran un alcance regional y pudiesen reinvertirse en los países partícipes de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

Para 1993, afrontando la situación del déficit presupuestario en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton reexaminó la 936 y recomendó su eliminación. Ese mismo año se legisló una limitación al crédito arancelario que las corporaciones podían asignar a su producción manufacturera en Puerto Rico. Finalmente, la sección 936 se derogó para agosto de 1996, cuando se estableció un periodo de gracia de 10 años para las compañías que permanecieran en Puerto Rico. La designada sección 30A permaneció hasta el 2005.

Otro cuestionamiento sobre la 936 fue su capacidad para generar empleos en Puerto Rico. Las compañías 936 fueron criticadas porque se argumentaba que solo defendían sus beneficios contributivos sin apoyar el desarrollo local como centro de investigación y de alta tecnología. Se estima que de 1982 a 1989 la industria farmacéutica se ahorró en contribuciones de $73 a $79 millones al año, mientras había empleado menos de 3,000 personas. Se indica, también, que a pesar de las intenciones de reducir el desempleo, este aumentó, al igual que las ayudas federales. Inclusive, economistas norteamericanos llamaron a la 936 una gran lavandería que evitaba que las corporaciones pagaran contribuciones.

Durante su existencia, la 936 gozó de apoyo de los dos partidos políticos dominantes en Puerto Rico. Esto cambió con la administración de Pedro Rosselló del Partido Nuevo Progresista (1993–2000), quien retiró su apoyo a la 936, ya que su eliminación parecía un proceso inevitable. Según algunos analistas, la época después de la 936 demuestra la creciente pérdida de empleos en la isla relacionados con la manufactura, una tendencia reflejada desde 1997. La administración de Rosselló admitió la baja en empleos de manufactura, pero negó adjudicarla al fin de la 936 y apuntó que el crecimiento económico isleño seguiría sostenido gracias al sector de servicios y de construcción.

En sustitución de la 936 surgió la sección 901 del Código de Rentas Internas, que reglamenta las corporaciones norteamericanas fuera de Estados Unidos. Así, las corporaciones que se han mantenido en la isla, que antes fueron parte de la 936, hoy funcionan como 901, son clasificadas como corporaciones foráneas
Se cree que el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos era un signo de que las 936 ya no eran viables y que, a raíz de estos acuerdos de libre empresa con el resto del hemisferio occidental, la posición ventajosa de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos se había perdido con el mundo de la posguerra Fría.