La ley de tierras fue un proyecto aprobado en 1941 por la Legislatura de Puerto Rico bajo el liderato del presidente del senado, Luis Muñoz Marín y el gobernador Guy J. Swope. Para entender la pertinencia de la reforma agraria es importante señalar los antecedentes al proyecto de reforma.

Antecedentes

El sistema de tenencia de tierras en Puerto Rico se había convertido en un serio problema socio-económico durante las primeras décadas del siglo XX. La mayor parte de las tierras cultivables se encontraban acaparadas por las grandes compañías azucareras cuyas ganancias eran ausentistas. El predominio económico de las grandes corporaciones azucareras significó el empobrecimiento de la clase trabajadora puertorriqueña al ésta encontrarse desplazada de la tierra y con ingresos que dependían del trabajo agrario asalariado.

En la década de 1930, la tensión socio-económica prevaleciente en la Isla había aumentado debido, principalmente, a los efectos de la depresión económica mundial y los daños al sector agrario ocasionados por los huracanes San Felipe y San Ciprián. Ante la aguda crisis reinante, se comenzaron a implantar proyectos de reformas socio-económicas del programa del Nuevo Trato de Estados Unidos en Puerto Rico. Estos fueron el Puerto Rico Emergency Relief Administration (PRERA) y la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA). Junto a estos programas, se formularon proyectos nacionales de reformas con apoyo novotratista como lo fue el Plan Chardón.

Una de las propuestas más importantes del Plan Chardón fue la reforma agraria. El Plan proponía poner en vigor la Ley de 500 acres contenida en la Ley Foraker de 1900. La ley disponía que ninguna sociedad o negocio excediera esa cantidad de tierras. Ante el incumplimiento a las disposiciones de la ley de 500 acres, el Plan dispuso la limitación de la producción de azúcar, la compra de centrales azucareras y la repartición de tierras entre los campesinos y pequeños agricultores, entre otras propuestas. A pesar del empeño del Plan Chardón por poner en vigor la reforma agraria, la misma no se pudo consolidar ante la oposición de diversos intereses políticos vigentes.

Previo al establecimiento de la ley de tierras, el gobierno de Estados Unidos organizó un comité para que investigara el sistema de tenencia de tierras en Puerto Rico. Este comité estuvo dirigido por Rexford G. Tugwell quien tenía vasta experiencia en asuntos agrarios. Tugwell había sido Secretario Auxiliar y Subsecretario de Agricultura de la administración del presidente Franklin D. Roosevelt en 1934 y fue un colaborador del Plan Chardón. La investigación del comité arrojó que existía un alto porcentaje de personas sin tierras y con un bajo nivel de vida. El sistema de tenencia resultaba injusto y desigual. Paralelo a los trabajos del comité, el licenciado Miguel Guerra Mondragón (quien luego fuera el abogado de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico) llevó ante el tribunal el caso legal a favor del cumplimiento de la ley de 500 acres. En 1940, el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Corte Suprema de Estados Unidos reconocieron la ilegalidad de las corporaciones azucareras al no cumplir con la ley de 500 acres. El fallo judicial emitido contribuyó a fortalecer el proyecto de reforma agraria que en 1941 el Partido Popular Democrático (PPD) sometió a la legislatura bajo el liderato de Luis Muñoz Marín.

La ley de tierras

La ley de tierras que dio paso a la reforma agraria de 1941 se implantó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En la Exposición de motivos, la ley declaraba que la tierra era fuente de vida y de libertad económica. La reforma agraria afianzaba la seguridad social en la coyuntura crítica de la guerra. La ley disponía el establecimiento de una política agraria en Puerto Rico. Esta política consistía en limitar a 500 acres el sistema de tenencia de tierras, eliminar el latifundio corporativo, impedir el surgimiento de nuevos latifundios, distribuir tierras en parcelas y estimular el desarrollo de cooperativas de pequeños agricultores y trabajadores. La legislación dispuso, también, la creación de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Con el objetivo de cumplir con los fines de la ley, la Autoridad de Tierras adquirió el poder de comprar y de expropiar tierras en manos de los latifundios. La Autoridad de Tierras creó una estructura para articular la reforma agraria y el proceso de redistribución de la tierra. Estos mecanismos fueron: las fincas individuales, las fincas de beneficio proporcional y el Título V de la ley de tierras.

Las fincas individuales no podían exceder de 25 acres ni ser menor de cinco acres. éstas podían ser cedidas, vendidas o arrendadas a un individuo que pagara por un período de cuarenta años con bajos intereses. Las fincas de beneficio proporcional fueron unidades de producción agraria cuyos beneficios serían repartidos proporcionalmente entre los trabajadores y obreros que la hicieran producir. Esta unidad no debía exceder los 500 acres y podía ser arrendada a agricultores, agrónomos y administradores agrícolas. El Título V de la ley consistió en la repartición gratuita de tierras en parcelas con el propósito de eliminar el sistema de agregados y de hacer justicia social a los desposeídos de la tierra. La repartición de tierras se haría mediante sorteo público. El día y el sitio del sorteo lo establecía la Autoridad de Tierras. Bajo el Título V se implantó, también, el Plan para la Creación de Comunidades Rurales. El objetivo del plan era establecer comunidades con toda clase de servicios públicos y facilitar el acceso de las familias a dichos servicios.

Para la implantación del proyecto de reforma agraria, el PPD contó con el apoyo del gobernador Rexford G. Tugwell. La legislación, no obstante, provocó diversas reacciones de los sectores políticos de oposición al Partido Popular Democrático. Asimismo, los desposeídos reclamaron la atención de la legislatura dominada por el PPD para obtener acceso a la tierra. En la coyuntura crítica de la guerra, la tierra se convirtió en centro de intereses diversos. De una parte, la legislatura expropiaba a los latifundistas para repartir tierras entre los desposeídos y por otra, los intereses estratégicos estadounidenses en Puerto Rico reclamaban tierras para fines militares. La reforma agraria auspiciada por el PPD tuvo que armonizar entre ambos sectores de interés.

El proyecto de reforma agraria que tanto interés suscitó por la reafirmación de la justicia social comenzó a decaer una vez se inicia, a partir de 1947, el programa de incentivos industriales conocido como Operación Manos a la Obra.