La Masacre de Ponce ocurrió en la calle Marina esquina Aurora el 21 de marzo de 1937.
(Foto cortesía del Dr. José Manuel Dávila)

 

En la Magna Asamblea del Partido Nacionalista de Puerto Rico, celebrada en Caguas en diciembre de 1935, se presentó una resolución que solicitaba que fuera obligatorio -para los afiliados mayores de 18 años- el pertenecer al Cuerpo de Cadetes de la República. Esta fue una reacción ante los intentos de asesinar a Pedro Albizu Campos, así como a la Masacre de Río Piedras. La resolución fue aprobada como mecanismo de “defensa nacional inmediata”, y el partido decretó que los nacionalistas tenían que enlistarse en los Cadetes, entre los días 7 y 22 de enero de 1936.

El reclutamiento llamó la atención del FBI que no quería que dicho cuerpo uniformado con camisas negras —que recibía instrucción militar básica y que marchaba en las actividades del Partido Nacionalista— creciera y desestabilizara la colonia. Así que comenzó a investigar al grupo y decidió colaborar con el gobierno colonial para desarticularlo. Para lograrlo, condenaron a Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, y a otros líderes nacionalistas —en un juicio arreglado de antemano—, y los enviaron a la Penitenciaría Federal de Atlanta. 

Sin embargo, los arrestos no detuvieron la organización, por lo que el Gobierno incrementó la represión. Por ejemplo, la noche del 18 de mayo de 1936, mientras los Cadetes de Ponce se encontraban reunidos en la Junta Municipal de dicha ciudad, un grupo de 30 policías armados de carabinas y pistolas, al mando del capitán Felipe Blanco, se situó en posiciones estratégicas frente al local con la intención de arrestar a los cadetes si no suspendían las prácticas militares. No obstante, en esa ocasión los cadetes no estaban haciendo ejercicios. También la Policía comenzó a presionar a los alcaldes para que no permitieran que los cadetes se presentaran en las actividades del Partido Nacionalista bajo el pretexto de la ilegalidad y peligrosidad de la organización. El primer intento de persuasión que hemos logrado documentar ocurrió la última semana de enero de 1937, cuando la Policía intentó presionar al alcalde de Caguas, Julio Aldrich, para que no permitiera una actividad de los nacionalistas en la que los cadetes estarían presentes. Sin embargo, Aldrich la autorizó y la parada fue una demostración de fuerza para el partido, ya que alrededor de 700 cadetes y enfermeras, cuerpo femenino y uniformado del Partido Nacionalista, marcharon por la ciudad. 

El capitán de Cadetes de Ponce, Tomás López de Victoria, y los líderes nacionalistas de esa ciudad querían llevar a cabo, el 21 de marzo de 1937, una manifestación para conmemorar la abolición de la esclavitud y protestar por el encarcelamiento de su liderato. Estos deseaban que los cadetes de ese municipio y de los pueblos adyacentes participaran en la parada para hacer una nueva demostración de fuerza. 

El 19 de marzo de 1937, el Partido Nacionalista envió un comunicado de prensa anunciando la actividad. En carta fechada el 20 de marzo de 1937, el capitán Felipe Blanco le informó a dos de los líderes de la Junta Municipal de Ponce que se había enterado de la parada y de la concentración de las Divisiones del “Ejército Libertador” por la prensa, y que había recibido instrucciones de sus superiores, es decir, del coronel Enrique Orbeta y del gobernador Blanton Winship, de no permitirla. Blanco envió un telegrama a los jefes de la Policía del distrito de Ponce y otros pueblos ordenando que se presentaran a la ciudad con dos de los hombres bajo su mando con carabinas y que fueran “buenos tiradores”. El 20 de marzo, el alcalde de la ciudad, José Tormos Diego, le concedió oralmente el permiso a los nacionalistas para llevar a cabo la actividad.   

El 21 de marzo, Domingo de Ramos, había en Ponce entre 150 y 200 policías armados con rifles, carabinas, subametralladoras Thompson, bombas lacrimógenas, revólveres, y macanas, ubicados en posiciones estratégicas. En la mañana, el alcalde le entregó la autorización a los nacionalistas, y les indicó que  “bajo ningún concepto podría utilizarse este permiso para incorporar a la manifestación y al mitin de carácter civil, organizaciones de carácter militar que no estén debidamente autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos”. Luego de concederle el permiso, Orbeta y Blanco llegaron a la alcaldía para hablar con el alcalde. Orbeta le explicó lo inoportuno e improcedente del permiso concedido porque estaba en peligro la tranquilidad de la ciudad ya que, según él, algunos de los nacionalistas irían armados e insistió que una parada militar no se podía dar. Ante la presión, el alcalde revocó el permiso dando como excusa el inicio de la Semana Santa. El secretario del alcalde le entregó a los nacionalistas la carta revocando el permiso.

Ante la situación, éstos conversaron nuevamente con Tormos Diego y éste se reafirmó en no permitir los actos por motivos religiosos. Los nacionalistas le contestaron que no podían cancelar la actividad y que no necesitaban ningún permiso, pues la Junta Nacionalista le había escrito sobre el particular solo por cuestión de cortesía. Los nacionalistas gestionaron una entrevista con Orbeta, y éste les indicó que la parada no se podía llevar a cabo ya que era de carácter militar. No obstante, los cadetes y enfermeras no constituían un ejército, por la ausencia de armas y equipo militar y, por lo tanto, no caían bajo la definición real de lo que es una organización militar. 

Dominga Cruz, líder del cuerpo de Enfermeras del Partido Nacionalista en Mayagüez, recuerda que durante el viaje de dos horas hacia Ponce, cantaron e hicieron chistes como suelen hacer los jóvenes, pero el estado de ánimo del grupo cambió inmediatamente al llegar y percatarse que las calles estaban repletas de policías fuertemente armados. Según llegaban los cadetes y enfermeras para el desfile de la tarde, se iban colocando de tres en tres al fondo, como veinte en cada fila. Al frente se encontraban los cadetes de Ponce, bajo el mando del capitán Tomás López de Victoria. Como de costumbre, todos los cadetes y enfermeras estaban desarmados. Los nacionalistas fueron rodeados por numerosos policías por todos los puntos cardinales. El entonces nacionalista Casimiro Berenguer, recuerda la encerrona: “Quiere decir que nosotros estábamos completamente rodeados, sin tener salida para ningún lado”. A pesar de la atmósfera de terror, Tomás López de Victoria decidió no dejarse intimidar. Simultáneamente con la orden de marchar del Capitán, según la declaración jurada de Alfredo Costas ante el abogado notario J.M. Toro Nazario, el jefe de la Policía, Guillermo Soldevila, dio la orden “carguen”, y luego se escuchó un primer disparo; que, según la declaración jurada de Carlos Cintrón ante el mismo abogado, lo efectuó un policía grueso que vio de espaldas. Inmediatamente, López de Victoria ordenó a los cadetes y enfermeras a tenderse en el suelo; pero él se quedó de pie, y fue herido. Gracias a ese ejercicio de protección algunos lograron salvar sus vidas, ya que las balas les pasaron por encima. La Policía disparó indiscriminadamente. 

Carmen Saldo Acosta fue testigo de cómo la Policía disparaba: “Yo vi tirar a la Policía, y vi cuando le tiraban a la multitud, a la gente que estaba en las aceras, porque ellos le dispararon a la gente que estaba en las aceras. Mientras la gente corría, ellos le disparaban, sin piedad ninguna”. Como consecuencia, hubo un total de 21 muertos, 19 civiles y dos policías, muertos por las balas de sus compañeros, y entre 150 y 200 heridos. Entre éstos hubo personas que no pertenecían al Partido Nacionalista. Además, se sabe que hubo personas que murieron, no por consecuencia de las balas, sino de los macanazos de la Policía. Según Casimiro Berenguer: “la Policía estaba como fiera, buscando camisas negras donde quiera”. 

Si la presencia de los cadetes y enfermeras violaba la ley, ¿por qué la Policía permitió que formaran filas?  Si era una marcha ilegal, es lógico pensar que las macanas eran más que suficientes para evitar que los cadetes y enfermeras marcharan. Sin embargo, la actitud de la Policía demuestra que tenía órdenes de asesinar a los nacionalistas.   

Luego de la matanza, el Gobernador cablegrafió al presidente Franklin Delano Roosevelt, asegurándole que en Ponce había ocurrido un “choque armado” entre Nacionalistas y la Policía. Mientras tanto, el pueblo conmocionado por los acontecimientos culpaba al Gobernador por la matanza. La ira del pueblo se reflejó en los reportajes de los periódicos de la Isla y algunos le pedían su salida de la gobernación. 

La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos organizó un comité dirigido por Arthur Garfield Hays para investigar lo ocurrido. En el informe se estableció que los cadetes estaban desarmados, y que después de haber oído toda la prueba habían llegado a la conclusión que el pueblo de Ponce le había dado a la tragedia el único título descriptivo posible: la Masacre de Ponce. El objetivo del Gobierno de reducir los seguidores del nacionalismo funcionó, ya que, luego de la matanza, muchos cadetes y enfermeras se alejaron del Partido Nacionalista.

 

Referencias:

Aponte, Pedro.  Albizu su persecución por el F.B.I. San Juan, Puerto Rico: Publicaciones RENÉ, 1991.

Carbonell, Sonia. “Blanton Winship y el Partido Nacionalista (1934-1939)”. Tesis sometida para el grado de Maestro en Artes en Historia. Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1984.

Dávila Marichal, José Manuel. Pedro Albizu Campos y el Ejército Libertador del Partido Nacionalista de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico: Ediciones Laberinto, 2022. 

Echeverría, Miguel Ángel y Félix Echeverría Alvarado. La masacre del Santo Domingo de Ramos en Ponce: relatada por dos sobrevivientes. Río Piedras, Puerto Rico, 1993.

Jiménez de Wagenheim, Olga. Nationalist Heroines, Puerto Rican Women History Forgot, 1930s-1950s. New Jersey: Markus Wiener Publishers, Princeton, 2016.

Medina Vázquez, Raúl. Verdadera historia de la Masacre de Ponce. San Juan, Puerto Rico:Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2001.

Moraza Ortiz, Manuel. La Masacre de Ponce. Hato Rey, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, 2001.

Pérez-Marchand, Rafael V. Reminiscencia histórica de la Masacre de Ponce. San Juan, Puerto Rico: Partido Nacionalista de Puerto Rico, 1972.

Piñeiro, Lorenzo. La Masacre de Ponce, Entrevista con el Lic. Lorenzo Piñero. San Juan: Cuadernos de Educación Política, Serie Puerto Rico Pasado y Presente 15, ca.1969.

Randall, Margaret. El pueblo no sólo es testigo: la historia de Dominga. Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1979.

Documental La Masacre de Ponce producido por Manuel Moraza Ortiz.