En 1900 se creó una ley para evitar que los grandes intereses económicos se adueñaran de la mayoría de los terrenos agrícolas de Puerto Rico. A esta ley se le llamó Ley de los 500 Acres porque limitaba a las corporaciones a poseer un máximo de 500 acres. Esta ley surgió de los debates del Congreso de Estados Unidos, ocurridos en el año 1900, mientras se imponía el 25 por ciento de la tarifa de Dingley a todos los productos importados de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa. También surgió en medio de las discusiones para crear la Ley Orgánica Foraker, para proveer de un Gobierno civil a la isla. Todo se situó en el contexto del azote del huracán San Ciriaco, que afectó a los terratenientes puertorriqueños. Se manifestó entonces la preocupación de que Puerto Rico se convierta en una isla propiedad de las corporaciones absentistas estadounidenses del tabaco y el azúcar. La Ley de los 500 Acres estableció que ninguna corporación sería autorizada para conducir el negocio de compra y venta de bienes inmuebles, la tenencia y control de los terrenos de estas no excedería los 500 acres. Las corporaciones podían prestar dinero, con garantía de bienes inmuebles y comprar bienes inmuebles para el cobro de préstamos, pero los venderían dentro de los cinco años después de haber recibido el título de propiedad.

La Ley de los 500 Acres solo fue letra muerta en las primeras décadas del siglo XX. El 4 de febrero de 1920, Antonio R. Barceló, líder del Partido Unión y presidente del Senado de Puerto Rico, dijo a varios congresistas estadounidenses que: “por veinte años la Ley de los 500 Acres ha estado vigente, pero ni el Gobierno norteamericano –ni el presidente ni el Congreso– ha hecho nada para ponerla en vigor”. Las corporaciones se adueñaron de decenas de miles de acres y no fueron juzgadas por el Gobierno colonial. La Fajardo Sugar Company cultivó 27,000 acres de tierra al noreste de Puerto Rico en la década de 1930. La Loíza Sugar Company, que pasó a manos de la Fajardo Sugar Company, era dueña de 10,613 acres al este de Puerto Rico. La Central Aguirre era dueña de 22,269 acres en el sur. Las razones por las cuales no se logró la implantación de esta ley tienen su base en la estructura colonial de ese tiempo. En el estudio realizado por Justine y Bailey Diffie, Porto Rico: A Broken Pledge, denunciaron que José Tous Soto, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, era abogado de la South Porto Rico Sugar Company. También comentaron que en una ocasión había reservas del gobernador estadounidense y los intereses azucareros con el nombramiento del candidato a procurador general propuesto por el Partido Unión. Antonio Barceló, ante la controversia, fue a la oficina de un grupo de abogados en Estados Unidos, representantes de una corporación azucarera. El abogado de la oficina dijo a Barceló que el nombramiento no era satisfactorio para su corporación. Llamó al Negociado de Asuntos Insulares y obtuvo el nombramiento de otra persona afín a los intereses azucareros.

Los efectos de la asociación entre los intereses azucareros y los poderes de la metrópoli fortalecieron a las centrales azucareras, que lograron apropiarse de decenas de miles de acres y generar millones de dólares en ventas en medio de la Gran Depresión. Su poder influyó en la reducción de los acres destinados a la siembra de vegetales, viandas y otros productos alimenticios. Una parte significativa de los alimentos de los puertorriqueños dependió de la importación, y los precios de los productos básicos se elevaron. Los campesinos asalariados, al carecer de la representación política de la elite del poder, vieron cómo su salario descendió de $2.00 al día en 1921 a menos de un dólar al día en 1928. Esta falta de poder ante los intereses azucareros se muestra al comparar lo que cobraban los campesinos asalariados puertorriqueños en 1928 con lo que cobraban los campesinos asalariados en Honduras ($1.25 a $1.50 al día) o en Bahamas ($1.46 a $1.95 al día) para el mismo tiempo. El cuadro resultó más complicado cuando se sumó el factor del desempleo. Las centrales contrataban la mayoría de los campesinos asalariados para trabajar solo la mitad del año. Los trabajadores entonces se sumaban a las filas de desempleados o asumían tareas en el tabaco o el café. Otros miembros de la familia, como las mujeres, debían aportar un porciento significativo del dinero obtenido en la industria de la aguja (30.1% en la década de 1930) para sostener el presupuesto familiar.