Pedro Albizu Campos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se crea el 24 de octubre de 1945, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial. Por un tiempo, su fundación dio a los territorios coloniales la esperanza de que la nueva institución proclamaría el fin de la colonización. El Partido Nacionalista de Puerto Rico logró que a Thelma Mielke -quien fue miembro de la Liga Americana Pro Independencia de Puerto Rico- se le permitiera ser delegada del movimiento en la ONU.

A pesar de la retórica libertadora del Gobierno de Estados Unidos luego de vencer en la Guerra, este no mostraba señales de que le daría la libertad a Puerto Rico. Por el contrario, inició una serie de reformas para disfrazar el problema colonial de Puerto Rico ante las Naciones Unidas. Por ello, el presidente Harry S. Truman seleccionó por primera vez a un puertorriqueño para ser Gobernador del País.

Luego de diez años de exilio -seis años preso en la cárcel de Atlanta y cuatro en la ciudad de Nueva York- el presidente del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos regresó a la Isla el 15 de diciembre de 1947. Su llegada desató la movilización de las fuerzas represivas del régimen que no le perdían la vista. Albizu regresó a la tribuna para denunciar el proceso de militarización del País, el reclutamiento militar obligatorio impuesto por  Estados Unidos a los puertorriqueños, la explotación de los trabajadores por las centrales azucareras, la pobreza rampante, y la persecución que sufrían los nacionalistas, entre otros asuntos.

La represión contra los nacionalistas aumentó cuando el Gobierno federal y el colonial impulsaron la creación de la Seguridad Interna de la Policía, que hacía el trabajo sucio del FBI. Para continuar con la intimidación, en 1948 el Gobierno aprobó la Ley 53, popularmente conocida como la “Ley de la Mordaza”. Esta declaraba como delito grave abogar por el derrocamiento del Gobierno colonial por medio de la fuerza o la violencia.

Pocos meses después de aprobada la Ley 53, y como parte de las reformas coloniales que impulsaba Washington, Luis Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador electo por el pueblo. Según Muñoz, con su elección, Puerto Rico había dejado prácticamente de ser colonia. Como nuevo administrador colonial se ocupó de trabajar junto al Gobierno federal en la Ley 600, que le permitiría a los puertorriqueños redactar una “constitución”, que se presentaría al Congreso y al presidente para su aprobación final, con el plan de disfrazar la colonia como “Estado libre Asociado”, y de esta forma, venderle la idea a las Naciones Unidas y al mundo de que Puerto Rico había resuelto su “status” colonial. El Gobierno seleccionó los días 4 y 5 de noviembre de 1950 para inscribir a los nuevos votantes que participarían en ese y todos los eventos electorales que habría que celebrar para establecer el “Estado libre Asociado”.

Como consecuencia de la represión contra los nacionalistas y de los planes para disfrazar el colonialismo en la Isla, Pedro Albizu Campos organizó una junta revolucionaria que quedó bajo la supervisión del comandante general Tomás López de Victoria. Los comandantes nacionalistas tenían el deber de reclutar a los miembros del Ejército Libertador e instruirlos militarmente. Pensaban que la Insurrección se podía escenificar en algún momento de 1952, para detener el referéndum que decidiría la suerte de la “constitución”. Sabían que no podrían vencer militarmente, pero buscaban con la rebelión proclamar la República de Puerto Rico y producir una crisis que llamara la atención del mundo y de la recién fundada ONU para que esta interviniera. Para lograr su objetivo preferían no tener que recurrir a las armas, pero tenían que estar preparados por si no se resolvía el problema colonial de manera pacífica.

Para acabar con los nacionalistas y la posibilidad de una insurrección en la Isla, el gobierno colonial y los agentes federales, decidieron no recurrir a una nueva matanza como la llevada a cabo el 21 marzo de 1937, conocida como la Masacre de Ponce, ya que no les convenía políticamente conmocionar nuevamente al País y al mundo con una noticia de esa magnitud en un contexto en el que iniciaba la Guerra Fría, y que Estados Unidos se vendía ante el mundo como el representante máximo de la libertad y la democracia. Prefirieron inciar una ola de allanamientos y arrestos utilizando como justificación la violación de la Ley 53.

Albizu Campos recibió información de que su asesinato se llevaría a cabo el 26 de octubre de 1950 durante una actividad nacionalista en el pueblo de Fajardo. Como consecuencia, el liderato militar del movimiento fue preparado para evitar su asesinato o posible arresto. La actividad terminó sin incidentes. Sin embargo, en la madrugada del 27 de octubre, el comandante nacionalista Rafael Burgos Fuentes, quien era parte del grupo que escoltaba a Albizu, fue arrestado junto a un grupo de sus compañeros y en el proceso se le ocuparon armas de fuego. La prensa anunció que la Policía había descubierto una “conspiración” y “complot” nacionalista. La residencia de Albizu Campos fue sitiada por la Policía y el líder recibió confidencias de que el Gobierno iniciaría una ola de allanamientos y arrestos contra los nacionalistas. Ante la preocupación de perder las armas que habían adquirido durante dos años, y de que los nacionalistas cayeran presos sin luchar, Albizu Campos decidió iniciar la Insurrección.

Al enterarse de la orden, Tomás López de Victoria le ordenó al liderato militar atacar los cuarteles de la Policía a las 12 del mediodía del lunes 30 de octubre y luego reunirse en el municipio de Utuado con la intención de resistir en las montañas para llamar la atención del mundo sobre el caso colonial de Puerto Rico con la esperanza que las Naciones Unidas intervinieran. Por lo precipitado de la acción no hubo tiempo de avisarle a todos los nacionalistas.

La Insurrección comenzó en la madrugada del 30 de octubre de 1950 cuando la Policía se dirigió a Peñuelas a allanar una residencia en la que se encontraba un grupo de nacionalistas, y los insurgentes los recibieron a tiros. A las 10 de la mañana hubo otro combate entre nacionalistas y  policías en Ponce. Estos tiroteos eliminaron el factor sorpresa con el que los nacionalistas esperaban contar para atacar los cuarteles. Los nacionalistas lograron llevar a cabo ataques en  San Juan, donde un comando de cinco atacó la mansión ejecutiva con la intensión de secuestrar a Muñoz Marín, proclamar la República y recurrir a las Naciones Unidas; así como a los cuarteles de la Policía de Hato Rey, Jayuya, Arecibo, Naranjito y Utuado, donde 4 nacionalistas fueron ejecutados por la Guardia Nacional, y al día siguiente aviones ametrallaron el pueblo. En Mayagüez hubo dos combates diferentes en la madrugada del 31. Ese día también ocurrió otro tiroteo en la barbería “Salón Boricua”, entre el nacionalista Vidal Santiago y la Policía y la Guardia Nacional. El 1 de noviembre, dos nacionalistas atacaron la residencia temporera del presidente Truman, en Washington, con la intención de llamar la atención del mundo sobre lo que ocurría en Puerto Rico. En el atentado, el nacionalista Griselio Torresola fue asesinado y su compañero Oscar Collazo fue herido y arrestado.

En la Insurrección participaron un mínimo de 140 insurgentes, la mayoría miembros del Partido Nacionalista; entre estas tres mujeres: Blanca Canales, en la toma del pueblo de Jayuya donde proclamó la República; y Carmín Pérez y Doris Torresola, quienes lucharon junto a Albizu Campos desde la Junta Nacional. No obstante, no se puede reducir la participación de las mujeres a la acción armada, ya que hubo otras formas de colaborar en el proceso revolucionario. Por ejemplo, cuando fue detenida la nacionalista Zoraida Cancel rehusó delatar la ubicación de los insurgentes que se encontraban en Mayagüez y destruyó evidencia que podía utilizarse contra uno de sus compañeros.

A pesar de que el gobernador Luis Muñoz Marín tildó los acontecimientos como “disturbios” ,  movilizó a 4,313 efectivos de la Guardia Nacional, con sus tanques y aviación, y militarizó la Policía. El FBI, a pesar de que quería dar la impresión de que solo eran investigadores y no perseguidores, participó en los operativos para sofocar la Insurrección. Los nacionalistas, que estaban pobremente armados, no pudieron contra la superioridad militar de las fuerzas del estado, y la mayoría de los combatientes fueron arrestados. La insurrección llegó a su fin el 10 de noviembre cuando fue arrestado José Negrón, quien estuvo en combate hasta ese día en las montañas de Naranjito. La Insurrección dejó a su paso un saldo de 48 heridos: 23 policías, 6 miembros de la Guardia Nacional, 9 nacionalistas y 10 civiles. También dejó a su paso un saldo de 29 muertos: 7 policías, 1 guardia nacional, 16 nacionalistas y cinco civiles.

El gobierno de Muñoz Marín aprovechó la situación para iniciar una ola de allanamientos y arrestos ilegales en masa contra nacionalistas, familiares de nacionalistas, exnacionalistas, líderes comunistas, líderes obreros y miembros del Partido Independentista Puertorriqueño que no tenían nada que ver con la Insurrección. Así se buscó intimidar a la oposición para que no pudieran hacer campaña en contra de las inscripciones que se llevarían a cabo entre el 4 y 5 de noviembre. No es de extrañar que cientos fueran liberados inmediatamente después de que se llevaron a cabo las inscripciones. Se arrestaron aproximadamente a 1,006 personas. Pedro Albizu Campos fue arrestado en la Junta Nacional del Partido Nacionalista luego de una intensa lucha que duró varios días hasta que lograron que sucumbiera haciendo un intenso ataque con bombas lacrimógenas.

Luis Muñoz Marín admite en sus Memorias que durante la Insurrección el Gobierno cometió violaciones a la ley como el no haber declarado la Ley Marcial antes de activar la Guardia Nacional para sofocar la “revuelta”, como él prefiere nombrar lo acontecido.

Muchos de los acusados de haber participado en la insurrección fueron sentenciados a largas condenas en juicios donde el Gobierno abusó de su poder.  Otros fueron a juicio y fueron condenados, pero no por participar en la Insurrección, sino por violar la “Ley de la mordaza”.

Las noticias sobre la Insurrección recorrieron el mundo, pero las Naciones Unidas decidieron no intervenir en la Isla. Para contrarrestar la solidaridad con la Insurrección, los gobiernos federal y colonial iniciaron una campaña de relaciones públicas y propaganda con la intención de invisibilizar el proceso revolucionario.

Referencias:

Acosta Lespier, Ivonne. “La mordaza”. San Juan, Puerto Rico: Editorial EDIL, 1998.

Dávila Marichal, José M. “Organizando la Revolución: El Ejército Libertador del Partido Nacionalista de Puerto Rico y la Insurrección Nacionalista de 1950”. Tesis sometida para el  grado doctoral en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, España, 2020.

Muñoz Marín, Luis. “Memorias: autobiografía pública, 1940-1952”. San Juan, Puerto Rico:  Fundación Luis Muñoz Marín, 2003.

Rosado, Marisa. “Pedro Albizu Campos: Las llamas de la aurora”. San Juan, Puerto Rico, 1998.

Seijo Bruno, Miñi. “La Insurrección Nacionalista en Puerto Rico 1950”. San Juan, Puerto Rico:   Editorial EDIL, 1997.