Introducción

 

Los motivos que propiciaron la llegada de los españoles a Boriquén fueron los mismos que llevaron al resto de los europeos a cruzar el océano Atlántico en ruta hacia el oeste: la acumulación de riqueza mineral y el control de rutas marítimas a través de la conquista de nuevos territorios. Durante los cuatro siglos de colonización española predominó el mercantilismo y el contrabando. Una vez bajo el régimen estadounidense y al entrar al siglo XX hay un cambio en el desarrollo económico. La primera mitad del siglo se caracterizó por el monocultivo cañero, el desarrollo de las centrales azucareras y la ampliación de los medios de transporte como el tren, que facilitaron el movimiento comercial intra isla. Luego de la Segunda Guerra Mundial la economía cambia nuevamente, esta vez, hacia una más industrializada lo que da paso a la creación del programa Operación Manos a la Obra y su brazo derecho, Fomento Industrial. Actualmente prevalece la alta tecnología. La última década se ha caracterizado por la crisis fiscal y una desaceleración en el crecimiento económico.

Del siglo XVI al siglo XVIII

Tan pronto comenzó la colonización en 1508 el régimen español sometió al trabajo forzoso a los taínos. La consecuente escasez de mano de obra llevó a la corona española a optar por traer seres humanos en condición de esclavos desde varios puntos del Caribe y a introducir la trata negrera mediante la importación de africanos en igual condición. La economía era una agrícola de subsistencia que combinaba los cultivos taínos con la introducción de animales domésticos, plantas y semillas traídas de Europa, además de la ganadería y la siembra de jengibre. Esta actividad sería la base para el desarrollo posterior del comercio de contrabando. Al extinguirse las fuentes de oro en las minas (poco después de 1530) la Isla permaneció como una guarnición militar y requirió su fortificación y amurallamiento para la defensa de la capital.

Debido a la pobreza en que vivía el país, desde 1582, España asignó una ayuda proveniente de la Nueva España (México): el Situado Mexicano. El Situado representó una proporción mayoritaria de los fondos con que contaba la administración insular hasta que dejó de recibirse en 1810, cuando México se independizó de España. En 1765 el visitador general Mariscal de Campo Alejandro O’Reilly visitó Puerto Rico y realizó un diagnóstico de la situación socioeconómica del país. A partir de su informe que describía a la Isla como la colonia más pobre de España en América, la Corona comenzó a crear las condiciones para la llegada de un mayor número de inmigrantes españoles, lo que dio lugar a la triplicación de la población durante el último tercio del siglo XVIII.

Al cierre del siglo XVIII las actividades económicas principales se destinaban, o bien a la subsistencia o bien al comercio de contrabando. La baja densidad poblacional y la insistencia de España en aferrarse al mercantilismo fueron factores que provocaron que, desde el punto de vista tecnológico, sus colonias fueran retrasadas y poco competitivas.

 

El siglo XIX: crecimiento económico y transformación social 

 

En el período comprendido entre 1808 y 1830 España perdió todas sus colonias en América, excepto Cuba y Puerto Rico. La Real Cédula de Gracias de 1815 promovió la llegada de europeos, es decir, no sólo de españoles sino también de emigrantes de otras regiones de Europa. Los inmigrantes leales a la Corona continuaron apoyando el régimen político imperante en Puerto Rico. Esto, unido al aumento en la tasa de natalidad que ya se manifestaba en la vasta zona rural del país, contribuyó a un aumento vertiginoso en la población. En un principio la mayor parte de estos nuevos inmigrantes recibieron el beneficio de establecerse en las zonas rurales despobladas con el fin de explotar extensamente la tierra. No obstante, muchos se dedicaron también al comercio, en particular los españoles peninsulares, quienes pronto dominaron esa actividad sobre todo la compra y venta al por mayor.

Durante las primeras tres cuartas partes del siglo XIX la caña de azúcar, el café y el tabaco, en ese orden, se convirtieron en los productos principales de exportación. A mediados del siglo XIX la agricultura de subsistencia comenzó a perder terreno ante el avance de la agricultura destinada a abastecer los mercados en el exterior. A fines del siglo XIX solamente una bajísima proporción de los residentes de la zona rural podían reclamar ser dueños de la finca en que vivían y de la cual obtenían su sustento. Por eso la población rural, constituida mayormente por agregados, se vio poco a poco forzada a pactar con los nuevos propietarios de las fincas, lo que incrementó el trabajo a jornal y los acuerdos de arrendatarios y medianeros, que siempre favorecían al propietario de la tierra.

Con el paso de los años, al aumentar las exportaciones de azúcar y de café, esta tendencia se generalizó tanto en la altura como en la bajura. La importación de esclavos procedentes de distintas regiones de Africa proveyó, aunque en proporciones variables a lo largo del siglo XIX, parte de la fuerza obrera empleada en la industria azucarera. En la zona cafetalera la mano de obra estuvo constituida esencialmente por los agregados y por los jornaleros. Los campesinos, a pesar de ser pequeños propietarios, se veían obligados a complementar sus ingresos trabajando a jornal, mediante el sistema de la libreta de jornaleros, para los dueños de fincas más grandes.

La explotación de la tierra para la exportación de azúcar, café y tabaco provocó, no sólo la reducción de la agricultura de subsistencia, sino también el que Puerto Rico se convirtiera netamente en un país importador de alimentos, condición que prevalece hasta el presente. La mayor parte de la población puertorriqueña a lo largo del siglo XIX sufrió las consecuencias de una desnutrición que se acentuaba debido a que era prioritario utilizar las tierras para actividades agrícolas de exportación. Mientras el fenómeno de concentración de la tierra avanzaba, también ocurría un proceso de lotificación, es decir, de fragmentación y redistribución de fincas en manos de campesinos libres o agricultores independientes. A fines del siglo XIX, el café se había convertido en el producto principal de exportación, mientras el cultivo de azúcar había sido desplazado al segundo lugar.

Temprano en el siglo XIX ciudades como San Juan, Ponce y Mayagüez comenzaron a jugar un papel protagónico en el desarrollo de una economía nacional. Su prosperidad se debió, en buena medida, a sus puertos marítimos. Los grandes comerciantes de las zonas urbanas se convirtieron en el sector económico más poderoso del país. Muchos de los grandes hacendados y de los agricultores medianos se vieron forzados a tomar prestado de los comerciantes, particularmente debido a la estacionalidad de las cosechas que no generaban ingresos inmediatos. En gran medida, el subdesarrollo del sistema financiero durante el siglo XIX se debió a la oposición de los comerciantes al establecimiento de bancos formales pues esto afectaría una de sus actividades más lucrativas.

El establecimiento de pequeñas fábricas y talleres de producción amplió la oferta de bienes de consumo, especialmente para los residentes de la zona urbana. Los habitantes de la zona rural tenían acceso a esta producción artesanal y fabril, además de a los productos importados, a través de las tiendas de raya de las haciendas. Sin embargo, el disfrute de tales bienes estaba muy limitado debido a jornales extremadamente bajos que se devengaban y a la dinámica de la relación entre los hacendados y los trabajadores agrícolas, quienes contraían deudas casi a perpetuidad con los hacendados.

En las postrimerías del siglo XIX la economía puertorriqueña se fue adentrando en el sistema económico capitalista. A pesar de que las relaciones sociales en las haciendas eran del tipo precapitalista, ciertamente en las zonas urbanas se levantaban los cimientos de un sistema capitalista. El comercio florecía en un gran número de ciudades y pueblos y el peso se había estabilizado como moneda oficial a partir del 1895. La división del trabajo había adquirido un carácter formal, lo que ayudó al despegue del movimiento sindical cuya organización formal tendría que esperar a los primeros años del siglo XX.

El desarrollo de la infraestructura fue otro de los procesos que se acrecentó a lo largo del siglo XIX. Se construyó la carretera en la Cordillera Central, se mejoró la comunicación por la vía terrestre entre los pueblos, y se establecieron los primeros kilómetros del ferrocarril. En síntesis, en la medida en que la actividad comercial orientada tanto al exterior como al mercado doméstico prosperaba en las zonas urbanas, el país entraba formalmente a una etapa de capitalismo incipiente.

 

La transición económica desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX

 

La invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en julio de 1898 tuvo motivaciones tanto políticas como económicas. El control de las rutas marítimas a través de la Cuenca del Caribe y del futuro Canal de Panamá, así como la ubicación estratégica , constituyeron elementos claves en el interés por controlar a Puerto Rico y Cuba. Luego de devaluar y de eventualmente eliminar el peso (la moneda nacional) para imponer el dólar, se sentaron las bases para el nuevo régimen político y económico. De inmediato se inició un proceso de transferencia de riqueza de manos de hacendados y propietarios puertorriqueños y españoles a manos de empresas e inversionistas estadounidenses. Se precipitó la decadencia de la industria cafetalera, que había comenzado con la destrucción provocada por el paso de los huracanes de 1899, 1928 y 1932, y con la pérdida de mercados externos. Igualmente, se inició una profunda transformación estructural que crearía las condiciones para el desarrollo de una economía de monocultivo cañero.

A pesar de la aprobación de la Ley de 500 acres, durante los primeros cuarenta años del siglo XX, las corporaciones azucareras de capital ausentista controlaron una enorme proporción de los terrenos agrícolas más valiosos del país. Además, se registró un aumento en la siembra y producción de tabaco y en la confección de cigarros, industria cuya producción y exportación también sería controlada por corporaciones de capital estadounidense. Mientras la industria tabacalera desplazaba a la cafetalera, la caída en la producción de esta última provocó un movimiento migratorio interno que movilizó a grandes masas de trabajadores agrícolas desde la zona central-montañosa hacia los municipios de la costa.

Durante las primeras décadas del siglo XX se registró un aumento en la población de los municipios en los que predominaba la actividad azucarera vis a vis los municipios cafetaleros. El resultado neto de la dinámica poblacional y de las condiciones bajo las cuales nacía la mayoría de los puertorriqueños fue el aumento en el número de familias en condiciones de pobreza absoluta.

En la industria azucarera durante los seis meses de zafra se empleaban obreros en las distintas labores. No obstante, una vez culminada la cosecha comenzaba un período de seis meses de desempleo forzoso conocido como el tiempo muerto. Con una población dependiente de una industria que dejaba a la mayoría de su mano de obra sin ingresos la mitad del año, y cuyos salarios eran miserables aun en los “mejores” tiempos, no es de extrañar que los índices de pobreza aumentaran. Las condiciones de vida prevalecientes durante ese período condujeron a miles de familias a emigrar a otros países caribeños, especialmente a República Dominicana. La emigración llevó incluso a familias obreras de la caña a trabajar en las fincas azucareras de Hawai.

El auge en la industria azucarera incentivó a un gran número de agricultores a dedicarse a la siembra de caña, es decir, a convertirse en colonos. Esto contribuyó al aumento en el número de hacendados azucareros, quienes controlaban una cantidad de tierras comparable con la gran proporción controlada o poseída por las corporaciones absentistas, todas y cada una de las cuales excedían varias veces el límite de 500 acres contemplado por ley. En la medida en que el capital externo era más dinámico que el local por el hecho de que se concentró en actividades estratégicas, sus posibilidades de crecimiento eran mayores, lo que condujo a la consolidación de su hegemonía sobre Puerto Rico.

La imposición de las tarifas arancelarias de Estados Unidos encareció el costo de todos los productos importados. La inclusión de Puerto Rico en las leyes de cabotaje significó que desde 1920 hasta el presente la entrada y salida de mercancías se realizaría en barcos de matrícula estadounidense. Tanto la moneda como las aduanas, el comercio exterior, la banca y las demás áreas vitales continuarían bajo el control externo.

 

Consecuencias de la Gran Depresión de la década de 1930

 

Los efectos de la Gran Depresión de la década de 1930 sobre la economía de Puerto Rico fueron profundos. Con la llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos en 1933 se inició la era de intervención gubernamental directa en los asuntos económicos, conocida como el Nuevo Trato. La inversión pública en proyectos de infraestructura y la creación de programas y agencias destinados a socorrer a las masas de desocupados y desnutridos constituyeron la base del paradigma del estado benefactor inaugurado por el gobierno estadounidense. No obstante, estos programas no tuvieron un efecto significativo sobre la población puertorriqueña cuando fueron trasladados al país. La caída en el nivel de salarios produjo una reducción dramática en el poder adquisitivo. El que para la década de 1930 la economía puertorriqueña se hubiese tornado absolutamente dependiente de la estadounidense, acentuó la escasez de productos básicos y agravó la condición de pobreza extrema para la mayoría de las familias obreras. El precio de los productos importados aumentó sustancialmente durante el período, en contraste con el nivel de salarios, que para todos los efectos prácticos era entre cinco y diez veces menor que en Estados Unidos.

En 1933 el ingreso per cápita era 30% menor que en 1930. Los jornales de los trabajadores de la azúcar se redujeron casi a los niveles de fines de siglo XIX, el precio de los productos básicos aumentó, en contraste, las ganancias de la industria azucarera fueron extraordinarias. La reducción absoluta en salarios provocó un sinnúmero de huelgas en esta industrias, también en la de la aguja, la de transportación especialmente los choferes de carros públicos, la del tabaco, los tahoneros y los trabajadores de los muelles, entre otros. La ayuda del Partido Nacionalista durante esta crisis le trajo como resultado neto, la encarcelación de sus líderes durante diez años en la prisión federal de Atlanta.

Programas específicos del Nuevo Trato

El primero de los programas inaugurados fue el Puerto Rico Emergency Relief Administration, mejor conocido como la PRERA (1933), que funcionaría como un apéndice de la Federal Emergency Relief Administration. Entre sus aportaciones más duraderas pueden mencionarse: el financiamiento de proyectos de obras públicas, como carreteras y puentes; la asignación de fondos para salud pública especialmente para erradicar la malaria; el establecimiento de algunos centros de producción de ropa; la distribución de alimentos, el adiestramiento de jóvenes en técnicas de agrimensura y la administración de censos. No obstante, los programas y proyectos de la PRERA no lograron mejorar visiblemente las condiciones de vida de la mayoría de la población, por lo que algunos representantes del sector liberal asociados con la política del Nuevo Trato reclamarían la elaboración de un plan de desarrollo económico que respondiera a la realidad material de los puertorriqueños.

A principios de 1934 se dio la coyuntura para que Rexford Guy Tugwell, Luis Muñoz Marín y Carlos Chardón se convirtieran en coautores intelectuales de un plan de desarrollo que se conocería como Plan Chardón. En el contexto de la época este plan representaba un reto para la hegemonía del capital ausentista. El plan no negaba la importancia de la industria azucarera, más bien la adaptaría a las necesidades de la fuerza obrera en ese sector. Pero ello requería un enfoque de producción distinto amparado en la redistribución de las tierras y en una estructura salarial más justa y equitativa. Esta visón entraba en conflicto con los intereses de los accionistas corporativos, sobre todo porque se pondría en vigor la Ley de 500 acres, el gobierno adquiriría tierras de las grandes centrales para ser repartidas entre colonos y trabajadores e, incluso, adquiriría una central para entrar directamente en la actividad cañera.

Se propuso además un plan de industrialización que generaría unos 50 mil empleos, se le daría impulso a la industria cafetalera y se renfocaría en la industria tabacalera. Los propietarios de las grandes empresas sintieron que el gobierno se estaba “entremetiendo” demasiado en sus intereses y emprendieron una campaña de desprestigio y difamación hacia el plan. A pesar de que el presidente Roosevelt había acordado adoptar el plan respondió creando una nueva comisión, el Comité Interdepartamental para la Rehabilitación Económica que desembocó en la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA), la PRERA pasaría a ser subsidiaría de la nueva agencia.

En teoría, la PRRA, creada en 1935, pondría en marcha las propuestas principales del Plan Chardón, pero los administradores de la época sabían que, en la práctica, tal cosa sería difícil de ejecutar, debido a la oposición firme de los portavoces de las corporaciones azucareras y de los hacendados azucareros. Los proyectos más sobresalientes de la agencia se dieron en el área de infraestructura. Por primera vez Puerto Rico tuvo una fábrica para producir cemento que sería la base para las obras públicas permanentes, incluyendo la construcción de viviendas de cemento en algunas comunidades rurales. Se llevó electricidad a sectores urbanos y rurales, aunque sin lograr abarcar todo el territorio nacional. Se inició un programa de reforestación que tendría un impacto positivo desde el punto de vista ambiental. En otras áreas, se mejoraron los servicios de salud para la población rural, se crearon asociaciones de agricultores y se abrieron nuevas perspectivas para el café y otros frutos. Comenzó un proceso de distribución de tierras, pero con un impacto mínimo.

El gobierno intentó, aunque sin éxito, administrar una central azucarera. A finales de la década de 1930 los fondos de la PRRA no fueron reasignados, dejando sin empleo a la mayoría de los que habían tenido una plaza de trabajo. Luego de una década de programas cuyo fin era aliviar la pobreza, los datos socioeconómicos de la época indican que el ingreso per-cápita sólo había aumentado $38, de $176 en 1930 a $214 en 1940. Puerto Rico se había tornado aún más dependiente de Estados Unidos: el porcentaje de exportaciones que se dirigía a Estados Unidos aumentó de 95.5 en 1930 a 98.0% en 1939. En el caso de las importaciones el aumento fue de 87.1 a 91.5%. En 1939 la tierra dedicada a la siembra de caña de azúcar alcanzó las 303,055 cuerdas y el número de fincas sobrepasaba las 11,300, lo que explica por qué entre 1931 y 1940 el porcentaje del valor de exportación del azúcar aumentó de 56.6 a 62.9%.

De la misma forma, la distribución del empleo era cónsona con las tendencias descritas en el párrafo anterior: en 1940 cerca del 45% del empleo se concentraba en la agricultura, con aproximadamente 124,000 trabajadores en la caña. Si a éstos les sumamos los casi 20,000 empleados en la refinación de azúcar, entonces podemos concluir que sobre el 28% de la fuerza obrera estaba vinculada de forma directa con la industria azucarera.

Por otro lado, en relación a la manufactura, la industria de la aguja a nivel doméstico era la actividad que más fuerza obrera empleaba, con 44,731 personas, en su mayoría mujeres. Esta industria era la que pagaba los salarios más bajos, lo que reflejaba discriminación por género. En 1940 las industrias del café y del tabaco tenían sólo el 5% y 3.5% respectivamente del empleo total. Y por último, las actividades de comercio y servicios ocuparían al 10.5% y 12.9% respectivamente del total de empleados.

 

La década de 1940

 

Al comenzar la década de 1940 Puerto Rico presentaba un escenario socioeconómico no muy distinto a la década de la Gran Depresión. En el período comprendido entre fines del año 1941 y mediados del 1946 el gobernador Rexford G. Tugwell intentó sentar las bases para un programa de desarrollo “orientado hacia dentro”, es decir, basado en la utilización de los recursos internos del país con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población. Esta estrategia, que eventualmente hubiese creado los cimientos para un plan de desarrollo autosostenido, se basó inicialmente en la promoción de empresas manufactureras poseídas y administradas por el Estado: una fábrica que produciría cajas de cartón corrugado, otra que produciría productos de arcilla para la industria de la construcción, otra de zapatos, y una que elaboraría productos de cristal y botellas. Estas cuatro fábricas se añadieron a la empresa productora de cemento fundada en la década anterior. Además, se impulsó la idea de que Puerto Rico podría convertirse en un destino turístico importante en el Caribe, y se inició la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, un hotel -el Caribe Hilton- cuya orientación sería hacia el mercado estadounidense. El plan de desarrollo autosostenido propuesto por Tugwell no pudo ponerse en marcha debido al cambio de estrategia de desarrollo iniciado desde Estados Unidos luego de culminada la Segunda Guerra Mundial.

Durante la administración de Tugwell se crearon agencias estatales y corporaciones públicas que le prestarían servicios a la ciudadanía. Otros servicios, que hasta el momento habían sido privados, fueron estatizados. Entre todas las agencias la que tuvo el mayor protagonismo fue la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (en esos años se le conocería más por sus siglas en inglés, PRIDCO). La agencia sentó las bases para la estrategia de desarrollo que emplearía los recursos naturales y parte de los recursos fiscales del país en la producción para el mercado doméstico. PRIDCO administraría y poseería las fábricas estatales. Además, crearía el escenario propicio para impulsar la investigación científica en la búsqueda de nuevas materias primas, fundaría un laboratorio que identificaría nuevas semillas para la producción agrícola, daría apoyo al capital local y crearía una división de distribución y mercadeo para promover los productos puertorriqueños dentro y fuera del país. Las metas originales de PRIDCO la definían como una agencia de vanguardia para su época.

La década de 1940 también marcó el inicio de un plan de distribución de tierras entre la población de la zona rural que permanecía desposeída, luego de más de cuatro décadas de economía de monocultivo cañero. En 1940, un año antes de aprobarse la Ley de Tierras, las familias de arrimados constituían un tercio de la población total, o cerca de 110,000 familias. La Reforma Agraria propuso la creación de fincas de beneficio proporcional, fincas individuales que serían arrendadas a familias de agricultores bona-fide interesados en implantar nuevas técnicas de producción agrícola, la repartición de parcelas entre las familias de agregados, la ayuda técnica a los agricultores y la diversificación de la producción agrícola. Sin embargo, la reforma agrariaencontró una serie de escollos que la hicieron fracasar a largo plazo. Entre estos se destaca la falta de fondos de la Autoridad de Tierras, el retraso de ventas de tierras por parte de las corporaciones azucareras; el aumento en la producción azucarera a pesar de la intensión de diversificar la agricultura con una producción récord de caña molida y de azúcar obtenida en 1952.

Muchas de las familias que recibieron y parcelas las abandonaron para convertirse en la fuerza obrera que sería empleada por las fábricas de capital privado que promovía el gobierno en las zonas urbanas a raíz del nuevo plan de industrialización inagurado a fines de 1940. Estas familias también constituirían el grueso de la gran masa de emigrantes que partirían hacia las ciudades de la costa este de Estados Unidos una vez se inició el plan de industrialización aludido. La idea de continuar con la reforma agraria después de culminada la Segunda Guerra Mundial resultaba ser incompatible con el giro que tomaría la economía estadounidense en el periodo inmediato y con los planes que a tales efectos se había trazado para Puerto Rico.

Entre 1940 y 1950 la población total del país aumentó en 340,000 personas; el Producto Bruto per cápita a precios corrientes aumentó en 122% (de $154.00 a $342.00); y el gasto de consumo personal a nivel agregado aumentó de $236 millones a $663 millones. Tanto la compensación a los empleados, como el ingreso personal y el ingreso familiar promedio reflejaron la misma tendencia de aumento que el producto bruto per cápita y el consumo per cápita. En este caso los aumentos fueron de 206%, 198% y 145% respectivamente.

No obstante, el aumento en el número de empleados fue leve (de 536,000 en 1940 a 596,000 en 1950) y se explica por el movimiento emigratorio a Estados Unidos que comenzó en la década de 1940. Debe destacarse que el aumento de 60,000 empleados no guarda proporción con el crecimiento poblacional aludido en el primer punto y, por esa razón, no es de extrañar que la tasa de desempleo aumentara de 11.0 a 13.0% durante el período, a pesar de la emigración de fuerza obrera.

 

Cambio en la estrategia de desarrollo a partir de 1948

 

La situación económica internacional en el período inmediato al fin de la Segunda Guerra Mundial es el punto de partida para comprender cuál fue el papel que jugó Puerto Rico en el contexto de los planes expansionistas del capital manufacturero estadounidense, cuál fue el papel que jugó en el mapa ngeopolítico definido por las condiciones de la Guerra Fría y cómo se restructuraría la economía puertorriqueña a partir de las nuevas realidades impuestas desde el exterior.

El choque frontal de carácter ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética originó la suspicacia en los círculos de poder en Washington, lo que se tradujo en un feroz ataque al plan de desarrollo económico delineado por los “novo-tratistas” en Puerto Rico. Por esa razón, se creó un clima de incompatibilidad entre la participación del gobierno como poseedor y administrador de fábricas y el “ideal norteamericano” de abrir todos los canales para el pleno desarrollo de la libre empresa. En 1950 se completó la venta de las empresas estatales al sector privado.

En 1947 se firma el Acta de Incentivos Industriales y en 1948 se inicia formalmente la estrategia de industrialización por invitación que, bajo la dirección de la nueva Administración de Fomento Económico, se encargó de promocionar a Puerto Rico como paraíso para las inversiones manufactureras estadounidenses. Esta agencia fue creada en el año 1950 y tendría como administrador a Teodoro Moscoso. De ese modo comenzó el programa de desarrollo industrial que por muchos años se conoció como Operación Manos a la Obra. El objetivo explícito era la atracción del capital manufacturero de Estados Unidos cuya producción se orientaría al mercado de exportación. Debe destacarse que en 1950 PRIDCO pasó a ser subsidiaria de la Administración de Fomento Económico, y que desde fines de la década de 1990 ambas entidades se consolidaron en una sola, bajo el nombre de PRIDCO.

Amparándose en la disponibilidad del capital estadounidense, el gobierno de Puerto Rico diseñó una estrategia de crecimiento económico basada en los siguientes principios: mano de obra abundante y barata, exención contributiva sobre los ingresos, infraestructura económica provista por el gobierno central, acceso al mercado de Estados Unidos libre del pago de impuestos aduaneros, creación de programas de adiestramiento para facilitar la contratación del personal no diestro en la línea de producción y otras áreas de trabajo, y financiamiento para capital de trabajo (a través de préstamos a intereses bajos) para las empresas que lo solicitaran. Además las empresas estadounidenses gozarían de otros beneficios amparados por el gobierno federal de EE.UU. La combinación de beneficios financieros, contributivos y operacionales abrió las puertas para que entre 1948 y principios de la década de 1970 se transfiriera a Puerto Rico una suma cuantiosa de capital manufacturero estadounidense, con operaciones en numerosos reglones de producción.

La industrialización manufacturera del país tuvo como consecuencia el abandono de la agricultura como sector productivo de importancia. Además, las fábricas promovidas por Fomento, por estar organizadas como corporaciones, no estimularon el desarrollo del cooperativismo y la sindicación de la fuerza obrera.

 

Etapas y ciclos en el período contemporáneo 

 

Con el nuevo programa de industrialización se inició la fase más reciente en la evolución de la economía de Puerto Rico. Pueden identificarse al menos tres etapas en este período:

1. Etapa de industria liviana: período de 1948 a 1965. El énfasis fue en industrias de ropa, textiles, productos enlatados y otras similares. Esta etapa se caracterizó por ser intensiva en la utilización de mano de obra;
2. Etapa de industria pesada y semi-pesada: período de 1965 a 1982. Basada en la industria de refinación de petróleo y en el establecimiento de industrias satélites del renglón de las petroquímicas. Contrario a la etapa anterior, en ésta el factor de producción principal fue el capital, a través de complejas instalaciones de maquinaria y equipo especializado, y con una proporción mucho menor de mano de obra;
3. Etapa de alta tecnología: comenzó en 1976 y se extiende hasta el presente. El énfasis ha sido en industrias electrónicas, farmacéuticas, químicas, y de instrumentos científicos, entre otras. Al igual que en la etapa anterior se emplea poca mano de obra y se utiliza intensivamente maquinaria, equipo y personal especializado. Esta etapa se inicia con la aprobación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, la cual llegó a su fin en diciembre de 2005.
   Las décadas de 1950 y 1960 representaron el período de mayor expansión de la capacidad productiva en todo el siglo XX. No obstante, luego de casi 25 años de crecimiento ininterrumpido Puerto Rico al igual que Estados Unidos, enfrentó dos recesiones profundas y una tercera sobre la cual no existe consenso en términos de su ocurrencia, ni tampoco sobre sus consecuencias. La recesión más reciente ocurrió durante el año fiscal 2001. La desaceleración de la economía estadounidense desde marzo de 2001, el impacto de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York y otros factores económicos internacionales provocaron esta recesión.

La primera recesión del período moderno fue causada en parte por el aumento dramático en los precios del barril de petróleo a nivel internacional, consecuencia del embargo decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Entre los factores internos se destaca el elevado nivel de endeudamiento público, como consecuencia directa del financiamiento de la infraestructura construida a partir del proyecto Operación Manos a la Obra. A pesar de que entre 1948 y 1973 hubo un crecimiento extraordinario, tanto el gobierno central como las corporaciones públicas y los municipios se endeudaron más allá de los límites saludables, según la opinión de varios economistas.

Para atenuar la crisis, se extendió a Puerto Rico en 1975 el Programa de Cupones para Alimentos, que aumentó el monto de transferencias del gobierno federal de Estados Unidos y se aprobó la Sección 936. La primera ha representado hasta el presente un subsidio fundamental para el consumo de la población pobre y desempleada; la segunda, representó un subsidio directo a la producción manufacturera hasta que fue eliminada en el año 1996 con un período de transición hasta el 2005.

La segunda recesión comenzó en 1981 y se extendió hasta 1983. Las causas fueron básicamente las mismas que provocaron la primera. Los altos precios del petróleo provocaron aumentos sustanciales en el nivel general de precios, incluyendo incrementos sin precedentes en las tasas de interés. En 1983 la tasa de desempleo oficial fue 24%. La tendencia decreciente en la Inversión de Capital Fijo fue muy elocuente. Desde que se inició la recesión de mediados de la década de 1970 hasta casi mediados de la década de 1980, la inversión tanto en nuevas construcciones como en maquinaria y equipo disminuyó de forma inquietante. Por consiguiente, la capacidad de producción de la economía puertorriqueña se redujo durante los 10 años comprendidos entre 1973 y 1983.

A partir de 1984 comienza un período de recuperación que se vio interrumpido sólo parcialmente entre los años 1990 y 1991. Dos factores, uno externo y otro interno, fueron los agentes que actuaron en esta tercera recesión. Por un lado, la Guerra del Golfo Pérsico en el último tercio del año 1991 creó condiciones de inestabilidad en la economía internacional, especialmente porque el petróleo volvió a jugar un papel crítico. Por otro lado, el paso devastador del huracán Hugo en septiembre de 1989 paralizó la economía.

Finalmente, durante el año fiscal 2002 la economía puertorriqueña volvió a experimentar un período recesivo como consecuencia directa de dos factores: primero, la recesión que comenzó en marzo de ese año en Estados Unidos; segundo, los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La recuperación económica comenzó a mediados del año fiscal 2002 y se extiende hasta el presente a un ritmo lento. Durante los años fiscales 2004 al 2007 el tema del déficit presupuestario del gobierno central ha sido el predominante, conjuntamente con la situación de aumento en el nivel general de precios o inflación.

 

Los procesos de urbanización y modernización

 

El proceso de urbanización ha ocurrido a un paso acelerado en Puerto Rico. La transformación de una sociedad rural, basada en la actividad agrícola y con una alta concentración de la población fuera de las zonas urbanas, a una sociedad urbanizada, ocurrió en un periodo extraordinariamente corto. Debido a lo acelerado del proceso el mismo no ocurrió de forma ordenada ni adaptado a las condiciones de Puerto Rico. El estilo de planificación empleado ha copiado el modelo continental, apropiado para las ciudades estadounidenses pero inapropiado para la Isla. El desparramamiento horizontal que comenzó durante la década de 1950 se ha identificado como la causa principla de los problemas relacionados con el espacio físico, que inciden negativamente sobre la movilidad humana en las actividades cotidianas.

Con la transformación a una sociedad urbanizada se inició también un proceso de modernización. La clave, según la visión desarrollista de los administradores públicos, sería sustituir todo lo antiguo por lo “moderno” en aras del progreso. Una de las sustituciones más lamentables fue la eliminación del sistema de transportación colectiva, el ferrocarril, y la eliminación de sus vías de acceso. Algunos autores llegaron a concluir que la modernización en el caso puertorriqueño serviría de modelo al resto de los países caribeños y latinoamericanos.