El desastre económico causado por la Gran Depresión fue enfrentado por Estados Unidos de forma enérgica a partir de las elecciones de 1932. El nuevo presidente, Franklin D. Roosevelt y su equipo de trabajo lanzaron en 1933 una campaña vigorosa de rehabilitación económica, llamada New Deal (Nuevo Trato). En palabras de Fernando Picó, el Nuevo Trato fue “un plan de renovación económica nacional” en el cual la “estrategia consistía en revigorizar la vida económica a través de proyectos de obras públicas que proveyeran empleos”. El Nuevo Trato estableció un rol más activo del gobierno en la economía, sin que esto significara una competencia con el sector privado. A través de diversas ayudas sociales y económicas, el Estado se convirtió en el garante de la seguridad social: proveyó empleos, comida y vivienda. Y no solo para el trabajador, el Estado también generó leyes y acuerdos con el sector privado para garantizar la supervivencia de muchas empresas y negocios. Fue el inicio del estado benefactor.

La crisis económica en Puerto Rico exigía también acción inmediata por parte de las autoridades de la metrópolis. Dentro del plan de reestructuración económica norteamericano le asignaron fondos a Puerto Rico para crear un plan de ayuda de emergencia. Estos fondos se tradujeron en la creación de dos agencias federales, la PRERA (Puerto Rico Emergency Relief Act) en 1933, y la PRRA (Puerto Rico Reconstruction Administration) en 1935. Su objetivo no era la reestructuración del sistema político y económico de la isla, si no aliviar la miseria, el desempleo, la enfermedad y el hambre. Con los fondos de la PRERA se realizaron obras de infraestructura que proveyeron empleos a miles de trabajadores. También se distribuyeron alimentos y se crearon medidas preventivas en contra de la malaria. Sin embargo, la crisis y la miseria probaron ser más agudas que lo que el tenue paliativo podía subsanar. Ambas agencias calmaron las necesidades inmediatas, pero no tenían el alcance para transformar las estructuras sociopolíticas que mantenían al pueblo en la indigencia.

Diversas figuras de la isla entendían que era necesario un plan más abarcador que solucionara a largo plazo la raíz de los problemas económicos de Puerto Rico. Entre estos se encontraban Luis Muñoz Marín, senador por el Partido Liberal y Carlos E. Chardón, catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Ambos habían abogado en el pasado por la reestructuración de la industria cañera. Muñoz Marín y Chardón pertenecieron a una generación de jóvenes educados en universidades de Estados Unidos. Muñoz y Chardón entendían que las compañías azucareras ausentistas eran el sinónimo de la pobreza y el atraso. Era necesario, por tanto, la modernización del sistema político y económico de Puerto Rico. Algunos de estos reformistas, como Muñoz y Chardón, habían participado activamente en los programas impulsados por la PRERA y la PRRA. Allí conocieron los sistemas gubernamentales federales y vieron la necesidad imperante de cambiar las estructuras que mantenían a la isla en un estado perenne de pobreza y dependencia.

La conjunción de intereses políticos y económicos entre los sectores del Congreso de los Estados Unidos y los liberales de la isla permitieron que Chardón diseñara un plan de reestructuración nacional conocido como el Plan Chardón. El Plan identificaba el latifundio, el monocultivo y el ausentismo como los tres principales problemas que debían de ser resueltos a través de la intervención del Gobierno federal. Apuntaba a hacer valer la estipulación de los 500 acres expresada en la Ley Foraker y proponía la creación de una corporación pública que comprara tierras y operara centrales. El Plan Chardón también proponía que las tierras que no fuesen usadas para la caña fuesen repartidas entre los puertorriqueños sin tierra. El Plan contemplaba la industrialización progresiva de Puerto Rico mediante la unión coherente entre el sistema educativo y las necesidades económicas de la isla.

Debido a la configuración política del país (la Coalición, formada por los partidos Socialista y Unión Republicana en la Legislatura, y Robert H. Gore en La Fortaleza) el Nuevo Trato y el Plan Chardón no encontraron un ambiente favorable en Puerto Rico. Desde su inicio, la implantación de ambos programas estuvo rodeada de luchas e intrigas políticas. Esta conjunción de fuerzas hostiles habría de continuar hasta que las elecciones de 1940 introdujeran una era completamente nueva. Fernando Picó señala que si en un momento el Plan Chardón solo encontró obstáculos, a la larga sí rindió muchos frutos. Explica: “Su ideario nutrió el programa político del Partido Popular en la campaña del 1940”. El lema del Partido Popular Democrático –Pan, Tierra, Libertad– fue una síntesis del Plan Chardón, así como el clamor de los más afectados por la debacle económica.