El contrabando fue el principal modo de vida en Puerto Rico por casi dos siglos. La Isla podía comerciar exclusivamente con España y sólo con los puertos de Sevilla (y luego Cádiz) desde el puerto de San Juan. Era completamente ilegal negociar con países extranjeros o con cualquiera de las otras Antillas, españolas o extranjeras. Sin embargo, para los habitantes de la Isla no existía contradicción alguna entre ser leales a España por un lado y traficar con sus enemigos por otro. Era cuestión de supervivencia y las razones fueron muchas. La proximidad geográfica de Puerto Rico (PR) a las Antillas Menores, el aumento del comercio en esta área y la gran necesidad que tenía de contactos comerciales, dado el aislamiento con España y su deprimida situación económica, explican en gran medida el desarrollo del contrabando en PR.

A principios del siglo XVII, la Isla se encontraba en un estado económico y social pésimo, luego de un siglo de ataques extranjeros que había culminado con el ataque holandés de Balduino Enrico en el 1625. La producción de azúcar había mermado de 250 toneladas a mediados del siglo XVI a sólo 38 a principios del XVII. El país también estaba casi despoblado como resultado de la emigración que comenzó a mediados del siglo XVI.

La situación económica difícil en el país coincidió con un mayor aislamiento de España. Como resultado del sistema de flotas implementado por España a mediados del siglo XVI por razones de seguridad, disminuyó el número de barcos españoles que se detenían en la Isla. Eran constantes las quejas de los colonos por la irregularidad del contacto comercial entre ambos países. Hubo períodos, como el del 1651 al 1662, durante los cuales no pasó barco alguno. La falta de contacto se explica también porque las autoridades españolas veían a Puerto Rico en esa época como un puesto militar de limitado potencial comercial.

Sin embargo, la política mercantilista de España de mantener un monopolio comercial con sus colonias continuó durante la mayor parte del siglo XVII. Mientras España decaía, sus principales rivales, Inglaterra, Francia, Holanda y luego Dinamarca (a finales de siglo XVII) comenzaban a poblar permanentemente las Antillas Menores. Los puntos clave del comercio para los extranjeros en las Antillas fueron Curazao para Holanda, Jamaica para Inglaterra y Martinica para Francia, futuras bases claves para el comercio ilícito. Contrario a la experiencia de España con sus colonias, los otros países de Europa Occidental experimentaron en sus colonias un crecimiento económico, particularmente en la producción de azúcar. A estos nuevos vecinos les interesaba mucho negociar con las colonias hispanas e hicieron varios esfuerzos en el siglo XVII por establecer una relación de comercio legítima con las colonias españolas. Pero España se negó. Al no poder establecer lazos legales de intercambio, estos nuevos vecinos se convirtieron en los principales contactos “ilícitos” para los puertorriqueños, quienes podían vender sus productos agrícolas y cueros a cambio de esclavos, productos manufacturados, comidas y bebidas europeas. En general, los extranjeros ofrecían más y mejor variedad de productos y a mejor precio que los comerciantes legítimos españoles, dado que no se pagaban aranceles.

Esfuerzos por detener el contrabando

Los intentos de España por eliminar el contrabando variaron desde mayores restricciones, hasta medidas ofensivas como los corsarios del siglo XVIII y luego mayores libertades comerciales bajo las reformas borbónicas en ese mismo siglo. En general, el contrabando probó ser imposible de erradicar en la Isla.

Una de las primeras medidas restrictivas tomadas por España fue la veda de la producción de jengibre en 1602, producto que, junto a los cueros, era de los que más estimulaba el tráfico clandestino. Al igual que hicieron con la mayoría de las restricciones españolas, los colonos ignoraron la orden y siguieron sembrando jengibre hasta que las fuerzas de mercado a mediados de ese siglo disminuyeron los precios y la rentabilidad del producto.

Se intentó reducir el contrabando a través del establecimiento de rutas legítimas de abastecimiento. Ejemplo de esta estrategia fue el contrato con los comerciantes genoveses Domingo Grillo y Ambrosio Lomelin para traer esclavos al Nuevo Mundo. Otro ejemplo fue el asiento (contrato) de 1713 a los ingleses que les permitía importar esclavos como resultado de la Paz de Utrecht. Como otras iniciativas a través de dos siglos, las limitadas aperturas de los canales de comercio legítimo nunca pudieron competir con el dinamismo del contrabando y muchas veces se usaban para traer a la Isla mercancía ilícita bajo el manto de los contratos “legales”.

Una de las medidas más creativas de los españoles para acabar con el comercio clandestino fue otorgar patentes de corso, primero a españoles y luego a criollos, a finales del siglo XVII. En teoría, estas licencias de corso permitían interceptar naves que transportaran mercancía de las colonias hispanas, capturar la mercancía para la corona, así como quedarse con parte de las ganancias. En realidad, esta práctica fue una gran oportunidad de lucro para individuos ambiciosos y especialmente para oficiales del gobierno.

El mejor ejemplo de la magnífica oportunidad que fueron para los criollos las patentes de corso es el caso del mulato Miguel Enríquez. A través de sus actividades se convirtió en el hombre más rico y con más poder político de Puerto Rico a principios del siglo XVIII. Irónicamente, la práctica de corso acabó desarrollándose como una manera de controlar, no de eliminar, el contrabando. Prueba de esto es la figura del gobernador Matías de Abadía nombrado en 1731. Mientras atacaba fervientemente la actividad clandestina con los ingleses, a través de los corsarios se lucraba personalmente del comercio ilícito con franceses, holandeses y daneses. La práctica del corso se convirtió en una estrategia contraproducente para España pues, al producir tantos conflictos durante ese siglo, empeoró las relaciones con Inglaterra.

Reformas en el siglo XVIII y sus efectos

Otra estrategia para mermar el contrabando fue la liberalización y reforma, que probablemente reflejaba las tendencias racionalistas de la Ilustración. El proceso de reforma comenzó bajo el reinado de Felipe V (1700-1746) cuando se fomentó la construcción de barcos para viajar a las colonias, se abrió el puerto de Cádiz a operaciones comerciales con posesiones en ultramar y se crearon compañías monopolistas. Estas medidas hicieron poco por acabar con el contrabando y la prueba es que, según relata el Mariscal Alejandro O’Reilly en su informe al Rey, a su llegada a la Isla el tráfico ilegal se encontraba en todo su apogeo. Sin embargo, la visita de O’Reilly contribuyó a una nueva etapa de liberalización comercial de España con las colonias. Las reformas borbónicas se aceleraron en la segunda mitad del siglo XVIII. Carlos III aumentó de dos a nueve el número de puertos españoles con los cuales las posesiones podían comercializar y se regularizaron los niveles de aranceles en el 1765. El comercio libre intercolonial se extendió a todos los territorios de ultramar a partir del 1778.

Además de estas iniciativas, otras medidas importantes que liberalizaron el comercio fueron: (1) la cédula que en 1778 permitió legalmente la inmigración de trabajadores extranjeros a las colonias (mientras fueran católicos);(2) la de 1789, que permitió la libre importación (sin impuestos) de esclavos. España acompañó estas medidas de reforma comercial con nuevas y más severas prohibiciones al contrabando que consistían en enfatizar, a través de la iglesia, que el contrabando era pecado mortal e introducir la pena de muerte como castigo. Aunque hubo indicios de que las reformas aumentaron el comercio legal, no lograron el propósito de acabar con el contrabando. Esto es evidente en el relato de Fray Iñigo Abbad y Lasierra en 1782 al señalar que el intercambio ilegal con extranjeros continuaba dominando la actividad económica en la Isla.

Erradicar el contrabando resultó imposible, ya que se había convertido en la principal fuente económica que abastecía las necesidades básicas del pueblo puertorriqueño. Al mismo tiempo ofrecía oportunidades muy tentadoras de riquezas para la elite isleña que incluía a los gobernadores, militares, corsarios y eclesiásticos, entre otros. Al mismo tiempo, era ya claro a fines del siglo XVIII que la política monopolista mercantilista de España era un anacronismo. En cierto sentido, el contrabando fue un movimiento de vanguardia que reflejaba el espíritu de libre comercio y capitalismo moderno.

Efectos del contrabando

El contrabando fue negativo para España tanto en términos económicos como geopolíticos. Empeoró la situación económica española al privarla de importantes rentas y beneficiando en su lugar a sus principales competidores. También contribuyó a debilitar el control político de España sobre sus colonias al aumentar el poder de los gobernadores, quienes participaban activamente en éste. De igual forma, ayudó a crear una cultura local de fraude e hipocresía que propició el incumplimiento de las leyes españolas.

Sin embargo, el contrabando resultó muy positivo económicamente para Puerto Rico. Como un resultado directo del comercio ilícito, la Isla pudo comenzar a sobrepasar la crisis de pobreza y de despoblación evidente durante la mayor parte de los siglos XVI y XVII. La población de Puerto Rico aumentó de 6,000 a principios del siglo XVIII a 155,000 a finales de siglo, como resultado de la mayor actividad económica producida por el contrabando. El propio O’Reilly observó en su Informe que el contrabando había sido positivo para los habitantes de Puerto Rico.

Otra perspectiva diferente sobre los efectos del contrabando la ofreció Fray Iñigo Abad al comentar que esta actividad resultaba en una pérdida neta de capital para la Isla. Esto era consistente con la política mercantilista que predicaba España según la cual el éxito económico era el resultado de las exportaciones netas, dado que las riquezas de un país se medían en su acumulación de oro y plata. Sin embargo, esta visión ignoraba las mejoras significativas en la calidad de vida de los puertorriqueños a través del siglo XVIII como resultado del contrabando.

Un impacto social importante del contrabando fue que fortaleció la división ya existente entre San Juan y la Isla, como señala Arturo Morales Carrión en su obra Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe. Resultaba mucho más fácil y seguro para los comerciantes extranjeros llegar a los puertos de la Isla lejos de San Juan, ya que éstos no se encontraban protegidos ni por murallas ni por milicias. Por lo tanto, la mayor parte del contrabando se dio en el oeste y en el sur de la Isla.

Quizás el efecto más perjudicial del comercio ilegal a largo plazo fue que institucionalizó la corrupción en la sociedad puertorriqueña a todos los niveles. Los gobernadores de la época en su mayoría pretendían hacerle caso a las leyes impuestas por España, pero en realidad se beneficiaban directamente de las actividades clandestinas. Además de los gobernadores, las élites política, militar y hasta eclesiástica participaban en el contrabando. En todos los niveles sociales reinaba una cultura de fraude e hipocresía.