Los problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambientales han sido, de una u otra forma, parte fundamental en el desarrollo de la humanidad, ante la irreductible relación que existe entre el estado del medioambiente físico-natural y los seres humanos. Así, los intentos de las diferentes sociedades por controlar los efectos negativos de la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y el desarrollo de la infraestructura antropogénica (en sus distintas etapas y épocas) han tenido múltiples énfasis y maneras de atenderse, dependiendo del lugar, del momento histórico y del nivel de conocimiento técnico y científico disponible.

El despunte y origen contemporáneo de lo que se denomina como “movimiento ambiental” puede trazarse en el libro The Silent Spring (La primavera silenciosa) de la bióloga estadounidense Rachel Carson (1962). Esta obra es reconocida como un punto de inflexión que inicia la actual fase de lucha ambiental desde mediados del pasado siglo XX hasta el presente. El impacto que tuvo la denuncia de Carson con su investigación sobre el efecto de la contaminación ambiental (producto del abuso de pesticidas y otros químicos industriales en las descargas a cuerpos de agua y emisiones a la atmósfera) fue fundamental en el desarrollo de lo que se ha denominado la “década ambiental”, de 1970. Las implicaciones de este trabajo, unido a un creciente reclamo de la comunidad científica y de grupos sociales cada vez más interesados, dieron paso a la creación de legislación dirigida a proteger y conservar los recursos naturales y medioambientales, tanto en Estados Unidos (EE.UU.), así como eventualmente en la mayoría de los países del mundo. Ejemplo de ello fue la creación en EE.UU. de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), en 1970, y en Puerto Rico la Junta de Calidad Ambiental (1970) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (1971).

A partir de esa época los asuntos de carácter ambiental comenzaron a tener mayor relevancia en Puerto Rico y a influenciar el desarrollo de política pública en el País. Las manifestaciones de creciente contaminación y deterioro ambiental, producto del proceso de industrialización masiva bajo las nuevas estrategias de crecimiento económico en las décadas de 1950  y 1960, conocidas como “Operación Manos a la Obra”, comenzaron a ser más evidentes Parte de estos efectos resultaron en una severa contaminación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), en erosión y degradación de las áreas costeras (y, con ello, el deterioro de los arrecifes de coral), deforestación masiva por cambios en el uso de terrenos, cambios de la superficie natural-vegetal por cubiertas impermeables (asfalto y concreto) y alta densidad de desarrollo urbano descontrolado, abandono de las actividades agrícolas e incremento en condiciones respiratorias y cáncer, entre otros efectos adversos a la salud pública.

Este patrón se repitió en la mayoría de los países del orbe, y tuvo como denominador común la era de postguerra tras la Segunda Guerra Mundial, que dio renovadas fuerzas del capital en intensificación de ganancia y explotación. En Puerto Rico la situación se tornó más grave ante la falta de poder decisional debido a la condición colonial que marca la relación con EE.UU.. Una gran cantidad de las denuncias relacionadas con el pobre o inexistente manejo adecuado de los recursos medioambientales -por parte de los diferentes grupos sociales ante las instituciones gubernamentales- se ha catalogado como una simple oposición política y, en ocasiones, como un atentado al statu quo colonial y al mejor interés del “desarrollo económico” de la Isla. El alto sentido político-partidista e ideológico con relación al estatus político que permeaba (y aún existe) en el País, influenció por mucho tiempo la perspectiva de un número significativo de personas en cuanto a los propósitos de los reclamos de distintos grupos ambientales. No obstante, la fragilidad de los propios ecosistemas en la Isla y el deterioro en la calidad de vida relacionado con la contaminación ambiental, han puesto de relieve la importancia de la planificación ambiental y un mejor uso de los terrenos, incluso como requisito para cualquier estrategia de desarrollo o crecimiento económico que se desee experimentar.

En las décadas de 1950 y 1960, uno de los mayores hitos de la recién estrenada lucha ambiental en el País fue protagonizado por la lucha en contra de la explotación minera de depósitos de cobre encontrados en la región central-oeste, entre los municipios de Adjuntas, Lares y Utuado. Tal situación fue la antesala de la lucha ambiental y comunitaria que se desarrolló en la misma región a principios de la década de 1980, que dio paso al desarrollo de Casa Pueblo, organización no gubernamental que lideró el movimiento de oposición ciudadana a las propuestas de minería a cielo abierto. Otra situación que caracterizó la lucha ambiental fue la oposición a un propuesto “superpuerto” en la isla de Mona en 1975. Este proyecto proponía principalmente la utilización de toda la Isla (que para ese momento ya había sido designada como reserva natural) como un puerto de trasbordo de petróleo que también contaría con fincas de tanques para almacenamiento, refinerías y plantas termoeléctricas, que servirían tanto a Puerto Rico como a República Dominicana. Otros proyectos asociados contemplaban una planta de desalinización del agua del mar, y un desarrollo urbano para aproximadamente 2,500 personas. La oposición a todo el concepto, ante las graves consecuencias que habría ocasionado a la biodiversidad, así como la presión pública y científica sobre la viabilidad de esta iniciativa, lograron detener la propuesta.

La infraestructura física y productiva de Puerto Rico en los últimos cien años ha sido diseñada de manera tal que depende exclusivamente de la importación de hidrocarburos (petróleo, gas) para la generación de la energía requerida para su funcionamiento. Con la crisis del petróleo –aumento de los precios del crudo– en la década de 1970, los asuntos energéticos tomaron relevancia en todas partes del mundo y fueron eje del desarrollo de distintas políticas por parte del Congreso de EE.UU., políticas en las que –de una forma u otra– se vio involucrado Puerto Rico. Una de ellas fue el desarrollo de complejos de refinerías de petróleo en el área sur y sureste de la Isla. El desarrollo de un complejo petroquímico en la región sur, entre los municipios de Ponce y Peñuelas, denominado como Commonwealth Oil Refining Company, Inc. (CORCO), terminó en gran parte como un área fracasada y forma parte, hasta el presente, del programa de “superfondo” de la EPA. De aquí que las propuestas para desarrollar proyectos relacionados con la producción de energía también hayan tenido una cuota de oposición por las implicaciones ambientales que suponen para el limitado territorio isleño. Uno de estos proyectos atañe a la construcción de la planta nuclear “BONUS” (Boiling Nuclear Superheater Power Station), en Rincón, que debió ser cerrada en 1967 tras accidentes experimentales relacionados con problemas técnicos. La limpieza de su material radioactivo, y de la planta en general, tomó más de 25 años.

Otro ejemplo de controversiales proyectos de generación energética fue la propuesta de la planta cogeneradora Cogentrix, en Mayagüez, entre finales  de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. Este ha sido uno de los proyectos energéticos que ha generado mayor oposición. A su vez, para la década de 1970, y en esta misma región oeste del País, otra situación polémica a gran escala implicó la disposición de material no tratado en Cabo Rojo, proveniente de compañías atuneras que operaban en el municipio de Mayagüez. Por otra parte, también relacionado con la generación de energía, otro caso de suma importancia fue la lucha de la organización no gubernamental Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCo), en Cataño, en las décadas de 1980 y 1990. Representó una de las victorias más contundentes y significativas en la historia de las luchas comunitarias ambientales del país.

En esta misma línea de conflictivas propuestas figura una planta de incineración y conversión a energía en el valle agrícola del Coloso, en el municipio de Aguada, que se remonta a finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI. En 2015 se libró una intensa lucha de distintos grupos ambientales y civiles en oposición a un desarrollo similar en el municipio de Arecibo; se intentó desarrollar una planta de incineración y generación de energía que se perfilaba como un megaproyecto que impactaría significativamente a los recursos hídricos, de suelo y de salud pública de la región, aparte de su cuestionable viabilidad económica. Además, algunas obras relacionadas con la generación de energía que enfrentaron gran oposición en los últimos 15 años han sido los proyectos Gasoducto del Sur, de Peñuelas a Salinas (2005-2013); y el Gasoducto del Norte (conocido irónicamente como “Vía Verde”), que discurriría de Peñuelas a Arecibo y San Juan (2010-2012).

Entre los casos más agudos y sensibles (incluyendo su irreductible carácter ambiental), y que también estuvieron revestidos de enfrentamientos político partidistas, deben considerarse las prácticas de guerra y bombardeos en las islas municipios de Culebra y Vieques, por parte de la Marina de Guerra de EE.UU. (en el caso de Vieques desde la década de 1940 hasta el 2003). Otra controversia ambiental similar, relacionada con las prácticas de las fuerzas armadas estadounidenses en la Isla, apunta a la experimentación con  agente naranja en partes del Bosque Estatal del Yunque, a finales de la década de 1960  y principios de la de 1970. Este químico fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por el Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, es de gran toxicidad y ha sido el responsable de miles de muertes, deformaciones, cáncer y defectos congénitos.

Las luchas de carácter ambiental a lo largo de los últimos 70 años en Puerto Rico incluyen: 1- la oposición a la construcción de hoteles en la región de Piñones, en Loíza, y en Isla Verde, en Carolina, desde la década de 1970 hasta el 2019; 2- la oposición al uso de terrenos para las siembras experimentales de productos genéticamente modificados, particularmente por la firma Monsanto; y 3- el desarrollo y mal manejo de sistemas de relleno sanitario (SRS), como lo fue en la década de 1990 la propuesta de un “súper vertedero” en el municipio de Salinas, así como las condiciones de otros similares. Para orgullo y como símbolo de reivindicación del movimiento ambiental puertorriqueño, tanto las luchas ambientales y comunitarias de Casa Pueblo, así como las de CUCCo, han sido mundialmente reconocidas e incluso galardonadas por la perseverancia en la protección del medioambiente y la justicia social. Ambas organizaciones (Casa Pueblo en 2004 y CUCCo en 2008), junto con otros proyectos alternativos, han sido distinguidas con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman (considerado como el Premio Nobel en ámbito ambiental) en la categoría de Islas e Islas Naciones.

Para más información:

Colón, Jorge, Félix Córdova Iturregi, José Córdova Iturregui, “El proyecto de explotación minera en Puerto Rico (1962-1968)”. Río Piedras, 2014.

Massol Deyá, Arturo, “Amores que luchan: Relato de victoria contra el gasoducto en tiempos de crisis energética”. San Juan: Ediciones Callejón, 2018.

“Triunfa Playas pa’l pueblo”, https://www.claridadpuertorico.com/triunfa-playas-pal-pueblo/, consultado 24/9/20.